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Bildu maniobra para evitar que el caso de la incineradora le estalle en campaña

El duro informe de toda la oposición contra la gestión de los residuos realizada por el equipo de Garitano y el consorcio GHK, aprobado en el pleno del 30 de marzo, sigue sin llegar a manos del fiscal superior, encargado de la investigación.

Las Juntas Generales han remitido el informe a través del juzgado de guardia a la Fiscalía de Gipuzkoa, de forma que así se ralentizan los plazos para que Juan Calparsoro lo valore antes de decidir si presenta una querella por los perjuicios económicos.

Los guipuzcoanos pagan mensualmente a los bancos 670.000 euros por los créditos acordados con las entidades para construir la incineradora de Zubieta, desechada por Bildu en esta legislatura.

Familiares y políticos como Garitano recuerdan al juntero Jaime Arrese (UCD)

Lohitzune Txarola, junto al diputado general Martin Garitano en un acto de víctimas.

En política, los tiempos muchas veces son cruciales. Y ante un tema tan polémico como la gestión de los residuos urbanos en Gipuzkoa, asunto que ha marcado buena parte de esta legislatura, evitar dar munición a la oposición es una obligación para soslayar que se avive la 'guerra de las basuras' en plena campaña electoral. Porque estaríamos hablando ya no de un informe muy crítico aprobado por la oposición, sino de una actuación de la Fiscalía por la vía penal.

De momento, el demoledor informe aprobado por la oposición en Juntas Generales el pasado 30 de marzo contra esa política y la decisión de no construir la incineradora de Zubieta no ha llegado a las manos del fiscal superior del País Vasco. Juan Calparsoro decidió a mediados de enero pasado reabrir la investigación que él mismo inicio de oficio el 18 de julio de 2013 en relación con las implicaciones de la nueva política sobre los residuos de las autoridades de Bildu en Gipuzkoa y sus efectos para el erario público. Y esa investigación puede acabar con la formalización de una querella, algo que sopesa ahora Calparsoro.

La decisión de un juzgado de rechazar la demanda contra los bancos con los que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) cerró la financiación para construir las incinerado en Zubieta -infraestructura desechada por Bildu al llegar al Gobierno- ha sido el motivo principal de que Calparsoro haya decidido poner la lupa de nuevo sobre este caso. La oposición aprobó la remisión del informe a la Fiscalía. Pero el informe no ha llegado aun a las manos del fiscal que investiga el caso. De hecho, los servicios de las Juntas Generales, que preside Lohitzune Txarola (Bildu), remitieron el informe al juzgado de guardia para que éste se lo hiciera llegar a la Fiscalía de Gipuzkoa, según han confirmado a eldiarionorte.es fuentes del ministerio público. De esta manera, los tiempos se ensanchaban.

Paralelamente, el fiscal Calparsoro, que desconocía ese envío, requirió el pasado 27 de marzo a la presidenta de Juntas Generales, Lohitzune Txarola, de Bildu, el dictamen de la comisión del parlamento provincial en el que se denunciaba la política en esta materia de la coalición soberanista. Pero la presidenta no ha remitido aun el dictamen y lo único que ha remitido es un "acuse de recibo de la petición", recibido el pasado 15 de abril. Fuentes de las Juntas Generales en Gipuzkoa han mostrado la disposición de la institucióin para remitirlo en breve, pero han explicado que dicha petición tiene que pasar por la Comisión Pemanente de la Mesa. Acaba la legislatura, este órgano no se reúne semanalmente, sino que "lo que se hace en acumular los temas y elevarlos a la comisión según se vea necesario", explican las mismas fuentes.

Desde las Juntas también se apunta que la tramitación de este tipo de asuntos es meramente administrativa y que desde que se aprobó el informe en el pleno del día 30 se ha producido la vuelta a su puesto de letrado en las Juntas del exararteko, Iñigo Lamarca, de forma que también ahí ha habido un paso de testigo con el trabajador que hasta ahora ocupaba su puesto.

En cualquier caso, la Fiscalía de Gipuzkoa tiene intención de remitir de inmediato el documento -fruto de los trabajos de la comisión de estudio de Juntas Generales creada en noviembre de 2013- para que Calparsoro tenga en la mesa de manera oficial todos los documentos preceptivos antes de decidir si presenta una querella.

"Quebranto económico" e "incertidumbre medioambiental"

La oposición en Gipuzkoa, en su informe sobre la política de residuos y la decisión de desechar la construcción de la incineradora de Zubieta, cargó contra la coalición soberanista y su gestión.El informe requerido por la Fiscalía y aprobado por la oposición en Juntas Generales el pasado 30 de marzo es demoledor. La Cámara foral aprobó unas conclusiones, con los votos a favor de la oposición (PNV, PSE y PP) y en contra de Bildu y Aralar, en las que apuntaban el "gravísimo quebranto económico", "la situaciòn financiera gravísima para Gipuzkoa" y la "enorme incertidumbre medioambiental" generada tras la decisión del Gobierno foral y el consorcio de residuos (GHK), ambos en manos de la coalición soberanista, de "incumplir" el plan de residuos vigente y paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta.

A los más de 8 millones de euros que supuso la rescisión del contrato con la UTE que iba a construir la incineradora, hay que sumar el gasto mensual que se mantiene vivo con las entidades financieras con las que se acordaron los créditos para su construcción. La decisión adoptada por el Gobierno de Bildu en la institución foral en relación con la incineradora ha tenido un coste económico para las arcas públicas: los guipuzcoanos pagan mensualmente a los bancos unos 670.000 euros mensuales -ocho millones de euros anuales de intereses- por los créditos de una incineradora aprobada en la pasada legislatura y que Bildu ha desechado.

Por contra, desde el Ejecutivo foral se considera que esta decisión lo que va a suponer realmente es un ahorro considerable dado que al descartar la construcción de esa infraestructura toda esa ingente cantidad de dinero público se va a poder destinar a cuestiones mucho más prioritarias para la ciudadanía. El informe de la comisión dejaba para la siguiente legislatura trasladar a una comisión de investigación todo lo abordado hasta la fecha para que se depuren las posibles responsabilidades políticas y además se pedía que se remitiera a la UE por si "contravienen los criterios,principios, recomendaciones o actuaciones que marca el ordenamiento comunitario".

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