El Gobierno vasco se inclina ahora por desvincular la RGI del Salario Mínimo Interprofesional
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que desvincular la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Salario Mínimo Interpresional (SMI) puede ser una “alternativa”. De esta formaha tratado de salir al paso de la polémica suscitada después de que el Gobierno vasco haya decidido subir la RGI un 1,5% (el IPC) y no el 8% con el que se ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, al que está vinculada. Según la consejera, la subida planteada no implica “en ningún caso, ningún recorte”, y garantiza el poder adquisitivo de los perceptores de la RGI.
Artolazabal ha indicado que el Ejecutivo autónomo trata de “armonizar dos objetivos”, por una parte, la de garantizar una RGI a todas las personas que la necesitan para “mantener unas condiciones dignas” y, por otra parte, primar las oportunidades de inserción laboral.
La Ley vasca de Garantía de Ingresos vincula de forma directa la RGI al SMI y el Gobierno Vasco estaba estudiando el decreto estatal para ver la posibilidad de aplicar esa subida a la citada ayuda, aunque finalmente ha optado por ligar el incremento al IPC en una propuesta presentada para ser introducida en los presupuestos y que entraría en vigor cuando éstos fueran aprobados. Un incremento del 8% de la RGI hubiera tenido un impacto de entre 30 y 41 millones de euros en los gastos del Ejecutivo en los presupuestos de este año. Una cantidad que, por lo visto, se antoja inasumible para el Gobierno de Vitoria.
Propuesta sostenible
Artolazabal ha recordado el compromiso del Gobierno vasco de presentar en el plazo de cinco meses al Parlamento una propuesta integral de RGI que “resulte sostenible y eficaz”. En este sentido, preguntada por si esa propuesta se podrían plantear desvincular la RGI del SMI, ha respondido que es una decisión que tiene que “barajar” su departamento. “La única renta de garantía en el Estado vinculada al SMI es la de Euskadi. Tenemos una reflexión que hacer internamente”.
El sistema vasco de prestaciones sociales es el más amplio de España y supone un coste anual de 500 millones de euros para 64.000 beneficiarios. Los mejores conocedores del funcionamiento de este sistema sostienen que la decisión del Gobierno de PNV y PSE-EE de desvincular la RGI del SMI supone “otra vuelta de tuerca a lo decidido hace una década”, en 2008, cuando el Parlamento promulgó la ley que creó la RGI. “Al final [la prestación] se ha ido modificando con otras leyes de presupuestos. Es legítimo, son leyes aprobadas con mayoría en el Parlamento. Pero de alguna manera el Ejecutivo se hace trampas en el solitario”.
