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Alonso admite su "incomodidad" por el juicio por un contrato público en Vitoria

El Tribunal de Cuentas debe resolver si el ministro Alonso y Javier Maroto incurrieron en una "responsabilidad contable" por dar luz verde a un alquiler establecido en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros

La defensa de los dos cargos populares ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado y ha recordado también que quienes ahora acusan -PNV y PSE-EE- estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y nunca dijeron nada

Alfonso Alonso llama a votar con "responsabilidad" por el "futuro de España"

Alfonso Alonso y Javier Maroto, en unas elecciones. EFE

El Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio contable contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el secretario Sectorial del PP, Javier Maroto, y los miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 por el alquiler de unas oficinas, un caso en el que no acusa la Fiscalía. El máximo responsable del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, ha reconocido en una entrevista en ETB la situación de "incomodidad" por el citado juicio y espera un desenlace cuanto antes mejor. La Fiscalía finalmente se retiró por sorpresa y no acusa en este proceso que se ventila fuera de la jurisdicción ordinaria.

Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales, y este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso -entonces alcalde- ni Maroto -que era concejal de Hacienda-, a quienes acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

El contrato obligaba al consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La Fiscalía no acusa

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada.

Y ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos de los cargos.

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