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El Parlamento vasco tumba la iniciativa popular para acabar con los guetos escolares

PNV, PSE y PP rechazan la propuesta, que ha sido avalada con la firma de 17.000 ciudadanos, porque discrepan sobre la forma de evitar la concentración de inmigrantes y alumnos con necesidades especiales en los colegios públicos

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El PNV, el PSE-EE y el PP no le han dado ninguna oportunidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con la segregación escolar, que venía respaldada por más de 17.000 firmas de ciudadanos. Los tres partidos han sumado sus votos para rechazar la tramitación de la iniciativa en el Parlamento vasco, aunque han coincidido con los promotores de la ILP y con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han apoyado la propuesta, en la necesidad de adoptar medidas para evitar la concentración de alumnos con especiales necesidades educativas en determinados centros.

Esta iniciativa ha sido defendida este jueves en el pleno por, Sabin Zubiri, uno de los portavoces de Zubiak Eraikiz, la plataforma impulsora de la propuesta. La ILP planteaba diversas medidas para evitar la concentración de alumnos procedentes de familias con escasos recursos económicos, con problemas de discapacidad o de origen extranjero en determinados centros de la red de enseñanza pública.

Entre otras medidas, se proponía retirar las aportaciones económicas a los centros privados concertados --que se financian con fondos públicos- que no tengan un determinado porcentaje de alumnos procedentes de familias con escasos recursos o con necesidades específicas de apoyo educativo.

Zubiri alertó de que en Euskadi existen "centros gueto", en los que se concentran los alumnos de familias pobres, discapacitados o con una incorporación tardía al sistema educativo, y "centros búnker", que, pese a financiarse con fondos públicos, apenas aceptan escolarizar a este tipo de estudiantes.

Zubiri ha afirmado que esta situación supone una "vulneración" del derecho a la educación de los alumnos que no pueden acceder a determinados centros concertados, por lo que ha apelado a la eliminación de las "barreras" que consolidan un sistema de "ganadores y perdedores", en el que el "desequilibrio" entre unas y otras capas sociales es cada vez es mayor. Zubiri ha terminado acusando a la Cámara de poner "trampas" a quienes pretenden plantear este tipo de iniciativas.

¿Por qué PNV, PSE y PP se han opuesto a la tramitación de esta iniciativa?Las explicaciones ofrecidas por sus portavoces en el pleno no han convencido a los impulsores de la ILP. Los tres partidos comparten el objetivo de conformar un sistema educativo "integrador" e "inclusivo", pero han explicado que el Gobierno vasco está elaborando una ley educativa que permitirá abordar la mejora del modelo desde una perspectiva "integral".

Más comnplicado ha tenido argumentar el rechazo el PSE, que en su día apoyó la propuesta. El parlamentario socialista Jose Antonio Pastor ha justificado la negativa reconocido que su partido apoyó "desde el primer momento" la ILP porque la ley que prepara el Departamento de Educación y los acuerdos a los que se han llegado en los últimos meses con los agentes del sector contienen los "mimbres" necesarios para avanzar hacia una escuela "inclusiva".

La representante del PP Juana Bengoiechea ha mostrado su rechazo a la ILP, al considerar que plantea medidas que "enfrentarían" a la comunidad educativa y que "borrarían de un plumazo" los centros privados concertados.

Las principales reclamaciones de la ILP

1-Gratuidad de la educación tanto en centros públicos como concertados con mecanismos concretos para hacerlas efectivas y la atención a la diversidad del alumnado. Para lograrlo, propone una serie de mecanismos de transparencia y control, así como la autorización previa de aquellos pagos que contemple la ley para, por ejemplo, actividades escolares complementarias. 2-Creación de un Índice de Necesidad Social de Inclusión (INEI) a partir de indicadores que reflejen la realidad socio económica y cultural de la zona escolar y de cada centro. Con esta figura se busca que todo centro educativo financiado con fondos públicos tenga que atenerse a unas mínimas reglas con la atención a un mínimo de alumnado con necesidad especial educativa.

3-No renovación de los conciertos a los colegios que no alcancen un determinado índice de atención a alumnado proveniente de familias con mayores necesidades sociales (inmigrantes, becarios, con necesidades educativas especiales…).

4-Discriminación positiva. Mayores recursos para los centros con una mayor densidad de población desfavorecida mediante contratos de estas comunidades educativas con la Administración.

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