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Contra el muro de la Seguridad Social: "Tengo Sjögren y lupus y me mandan a trabajar"

Sufren las consecuencias del cáncer o problemas evidentes de movilidad; la fría burocracia, sin embargo, les aboca a volver a trabajar

Los tribunales revocan entre un 30% y  un 40% de las incapacidades injustificadamente rechazadas por la Seguridad Social

Vista de la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vitoria

Vista de la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vitoria ELDIARIONORTE.ES

Fernando, José, Lucio, Paloma, Montse, Cristina, Ángel y Josune [nombres ficticios] son trabajadores de distintos sectores y lugares de Euskadi. Hasta esta reunión, no se conocen entre ellos aunque tengan mucho en común. Básicamente, que todos ellos se han dado de bruces contra el muro del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando han intentado que se les reconozca el derecho a una incapacidad laboral permanente. Tienen diagnosticadas enfermedades como la espondiloartritis anquilopoyética –comúnmente conocida como ‘columna en caña de bambú’-, el síndrome de Sjögren o el lupus, la patología que popularizó el doctor House. Sufren también las consecuencias del cáncer o problemas evidentes de movilidad. La fría burocracia, sin embargo, les aboca a volver a trabajar.

La cita es en Vitoria, en una habitación oscura de un hotel de la periferia. Es una petición de Josune, la enferma de Sjögren y lupus. La funcionaria de Juventud no puede exponerse a la luz y, de hecho, lleva gafas de sol en una jornada de otoño. José Luis es el anfitrión. Médico ya jubilado, con experiencia tanto en la sanidad pública como en las mutuas, dedica su tiempo ahora a estos nuevos pacientes, convertidos casi en una familia. A éstos y a otros que no participan en la entrevista. Se ha convertido en su ángel de la guarda, una quijotesca empresa para acabar con los molinos de viento que se ha encontrado en la Administración. Su escudera es Cecilia, abogada laboralista que, a la fuerza, ha aprendido todo tipo de terminología médica para litigar en los tribunales contra los ultraespecializados letrados de la Seguridad Social.

José Luis, de verbo fluido y modales exquisitos, se empeña en arrancar la tertulia con una película. Se titula ‘Yo, Daniel Blake’ y cuenta la historia de un trabajador británico que, tras sufrir un infarto, se ve abrumado por el papeleo para conseguir una incapacidad. Visionado el inicio, Fernando, que trabaja en una de las dos grandes fábricas de Euskadi, es el primero que se anima a contar su historia. “Tengo calcificaciones en dos hombros. En la cama, para darme la vuelta, tengo que cogerme un brazo con el otro porque no soy capaz de levantar las sábanas. Y me mandan a estar en una máquina”, describe intentando explicar con un movimiento de brazos su manejo.

José Luis, de pie, con sus pacientes durante la entrevista

José Luis, de pie, con sus pacientes durante la entrevista

Le sigue José, que arrastra 35 años con la espondiloartritis anquilopoyética. Lucio tiene diagnosticada la misma enfermedad. Las vértebras se sueldan y los movimientos de columna se restringen. Tráfico le ha retirado el permiso de conducción porque no puede hacer el gesto básico de mirar a los retrovisores laterales. La Seguridad Social, en cambio, lo considera apto para su puesto de trabajo de responsable de tráfico de una empresa de transportes, un cargo que implica el manejo de camiones y hasta 50.000 kilómetros al año (ida y vuelta de Vitoria al glaciar argentino Perito Moreno). Explica José Luis que la Seguridad Social nunca ha sido capaz de determinar con exactitud sus funciones reales y que le manda a trabajar porque interpreta que su labor es “exclusivamente administrativa”. Le corta José, que también ha tenido que conducir maquinaria: “No puedes mirar hacia atrás. Tienes que inventártelas. Yo hasta de pies me he tenido que poner”.

Hay más casos. Paloma anda con muletas y le han dado el alta. La empresa dice que no puede trabajar en la fábrica así. “¿Qué hacemos?”, se pregunta en voz alta. Y Cristina tiene más patologías que dedos la mano. Intentó que le reconocieran el derecho a poder retirarse con una prestación varias veces y siempre sin éxito. “Me mandaban a trabajar. Lo pasé muy mal y me quería quitar del medio. Lo intenté varias veces”, relata esta mujer, quien pese a todo asegura haber tenido ‘suerte’ porque “al final” le dieron la incapacidad absoluta. Montse buscó ayuda en José Luis tras verse abocada a volver al comedor de un colegio tras varios ciclos de quimioterapia.

Continúa la terapia de grupo. Ángel es policía en Gipuzkoa y sus rodillas hicieron que Osakidetza activara de oficio el expediente de incapacidad. “Pero si el médico de cabecera me daba la baja, los del Instituto Nacional de la Seguridad Social me daban el alta”, explica. Él también tuvo “suerte” y un tribunal le dio un “varapalo” a los evaluadores de la Seguridad Social (un organismo llamado EVI).

Un 52% de casos rechazados

Josune es su mujer. Funcionaria, padece a la vez Sjögren –síndrome del ‘ojo seco’- y lupus. “¿Cómo estoy? Mal. Si un día es una cosa, otro día es la otra, como cansancio extremo y no poder levantarme”, relata con pausa. Necesita humedad en el ambiente, ventanas abiertas en invierno y en verano y escasa iluminación. Forma parte de un programa de tratamiento experimental de Estados Unidos. Pero, según cuenta, en la Seguridad Social le recomendaron “un vasito de agua encima del radiador” como solución milagrosa, además de “dos gotitas en el ojo”. No tuvo más remedio que volver a trabajar. “Me pusieron en una pecera”, se queja. “Le pusieron mamparas de cristal y una ventana. La aislaron del resto de compañeros para que pudiera desarrollar su trabajo”, abunda José Luis.

La magistrada Garbiñe Biurrun

La magistrada Garbiñe Biurrun

Mas, ¿tan complicado es que la Seguridad Social conceda una incapacidad y cubra con una prestación el dinero que se deja de ingresar por el trabajo? Según datos estadísticos facilitados por el Ministerio de Trabajo, los evaluadores rechazaron el 52,52% de las solicitudes en 2017, el último año completo cerrado. A partir de ahí, la denegación puede ser recurrida en los tribunales. La magistrada Garbiñe Biurrun, presidenta de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, explica que en primera instancia se revocan “entre un 30% y 40%” de las incapacidades injustificadamente rechazadas por la Seguridad Social. Y todavía hay otro 10% de casos que son corregidos en segunda instancia, en el propio Tribunal Superior.

“Es un procedimiento trampa. En un principio, lo que se valoraba es la salud del trabajador en relación con su puesto de trabajo. Pero se dio un salto hace unos años y se cambió ‘puesto de trabajo’ por ‘profesión’. Es un concepto tan amplio que a veces resulta difícil determinar cuál es la profesión a la que uno se está dedicando. Es decir, te dicen ‘tú no puedes hacer unas funciones en tu puesto de trabajo pero eso no te impide que dentro de la profesión puedas realizar otras funciones’. Ahí entramos en el terreno de lo subjetivo”, explica Cecilia, la abogada, que considera que hay casos “sangrantes” que no son aceptados. Cuenta uno de ellos: un hombre con cáncer de colon que no podía controlar los esfínteres y que le mandaron de vuelta a la fábrica siempre que tuviera un cuarto de baño “a demanda”. Apostilla que muchos de los afectados tienen más de 55 años y que no tienen margen para reciclarse ya al final de sus carreras, incluso en su misma ‘profesión’.

La juez Biurrun sugiere "corregir" el procedimiento

José Luis coincide que la determinación errónea de las funciones es la clave de bóveda de este problema. Lo explica con el caso de Lucio, responsable de tráfico de su empresa y que en sucesivos informes ha sido etiquetado con todo tipo de categorías profesionales genéricas. "Y lo que dice el EVI va a misa”, se quejan al unísono abogada y médico.

Biurrun reconoce que hay “discrepancias” de manera habitual entre los informes médicos de Osakidetza y la evaluación que se hace en la Seguridad Social. “Sí vemos que hay colectivos que manifiestan su queja y desazón porque en su consideración el Instituto Nacional de la Seguridad Social sistemáticamente deniega las solicitudes y yo puedo considerar que hay muchas situaciones realmente incapacitantes que inicialmente no son reconocidas y sí lo son después en la jurisdicción social”, reseña. Lucio explica su caso: “Yo he ido tres veces [a la Seguridad Social] y me ha atendido siempre una misma doctora que no me ha hecho nunca ninguna prueba. No me ha dicho ni que levante un dedo. Una vez le llevé unas radiografías que me había hecho yo y no me las quiso admitir”.

La magistrada asume que los jueces se ven entre la espada y la pared de tener que decidir a qué parte creer ante la existencia de informes contradictorios. Por ello, Biurrun plantea abiertamente “cambiar el procedimiento o introducir elementos de corrección” para que todo sea mucho más claro. “Es un error que el estado físico de una persona se tenga que dilucidar en un juicio por jueces que no tenemos conocimientos médicos. Lo ideal sería que el informe del EVI fuera más participativo, con más datos, y que eso no pudiera ser discutido. No da mucha seguridad el sistema, la verdad”, manifiesta.

El dinero también parece ser otro problema. “Estoy observando que dan más fácil las incapacidades cuando las bases de regulación son pequeñas”, deja caer Cecilia. Si el sueldo es alto, la prestación también lo será y los ingresos en cotizaciones que perderá la ‘caja única’ serán importantes. De ser cierta la teoría, Euskadi sería la comunidad autónoma más afectada. Si la cuantía media en España es de 953,96 euros, en el caso vasco asciende a 1.222,71 euros, la más alta con diferencia. “Pero también han cotizado más durante muchos años y se han ganado ese derecho”, protesta José Luis sobre este particular.

Menos porcentaje de beneficiarios que la media española

Más datos: en Euskadi –a 1 de noviembre de 2018- había 42.961 personas cobrando una prestación por los distintos tipos de incapacidad permanente existentes, 6.449 en Álava, 13.599 en Gipuzkoa y 22.913 en Bizkaia. Son el 4,5% en relación al conjunto de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Ese dato comparativo es menor que en el conjunto de España, donde las incapacidades suponen el 5,05%.

José Luis se empeña –otra vez- en cerrar la reunión con el final de la película. El protagonista está a punto de ser atendido, por fin, en la Seguridad Social británica. Pero no llega a la cita: Daniel Blake fallece en el intento. No son ni uno ni dos los pacientes de José Luis que se han intentado suicidar. Él, en cambio, prefiere el mensaje de esperanza: “Esto es lo que hay y vamos a luchar por ello”.

 

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