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El interventor de Vitoria alerta de "financiación" a FCC por dos vehículos que no ha entregado

Se abonan más de 15.000 euros anuales por la adquisición de una compactadora y una 'bulldozer' comprometidos para 2015 pero que aún no están operativos en el vetedero de Gardelegi

Máquina de Gardelegi que no ha sido sustituida por FCC y Yárritu

Máquina de Gardelegi que no ha sido sustituida por FCC y Yárritu VITORIA-GASTEIZ

El interventor del Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Barrio Gil, ha alertado en un informe fechado a 18 de diciembre de una posible "financiación anticipada" irregular a la UTE concesionaria de la gestión del vertedero de Gardelegi en Vitoria, conformada por las empresas FCC y Yárritu. El documento, solicitado por EH Bildu, explica que la compañía adquirió el compromiso de comprar dos nuevas máquinas cuando firmó el contrato en 2015 a cambio de una compensación anual de unos 80.000 euros en concepto de amortización más otros 15.200 para la "financiación" de esas adquisiciones. Al no haber llegado los vehículos dos años y medio después, el alto funcionario reclama "el cumplimiento íntegro del contrato en los términos establecidos" y "en su caso" la "exigencia de sanciones" porque el Ayuntamiento "no tiene la obligación" de adelantar a una empresa privada ningún tipo de fondos por unos servicios que no está recibiendo.

La contrata de Gardelegi se formalizó con FCC y Yárritu en el tramo final del mandato de Javier Maroto, en paralelo a la adjudicación de la limpieza. Fue noticia que la UTE ganadora ofreció un precio apenas superior al millón de euros anual hasta 2021, una baja agresiva del 35% del precio de salida que automáticamente dejó en fuera de juego al resto de competidoras. En aquel momento, se cuestionó la solvencia técnica de este proyecto -e incluso hubo recursos administrativos- al entender que con ese presupuesto no se podrían cumplir todas las obligaciones. 

Entre ellas constaba la incorporación de una máquina compactadora especial y una 'bulldozer'. En su informe, el interventor remarca que la llegada de esa maquinaria "está cuantificada desde el inicio del contrato". El material rodante, sin embargo, aún no está disponible 30 meses después y EH Bildu solicitó un informe técnico al entender que esto podría suponer una irregularidad.

El documento del interventor no cuestiona el pago de las amortizaciones según el calendario fijado pero sí especifica que Vitoria "no tiene la obligación" de adelantar al menos la parte de "financiación" de una maquinaria que no existe y que suponen un 6% de intereses. Por este concepto se habrían abonado dos anualidades, más de 30.000 euros, y sin que se prevea que los vehículos lleguen en el arranque de 2018, el dinero abonado de más podría alcanzar los 45.000. A ello se suman 160.000 euros (con la posibilidad de que sean 240.000) como amortizaciones de la compactadora y de la 'bulldozer'.

El alto funcionario, en su dictamen, conmina por lo tanto al "responsable del contrato" a iniciar la "tramitación del correspondiente expediente" para exigir a la UTE "el cumplimiento íntegro del contrato en los términos establecidos". En su caso, plantea la posibilidad de aplicar "sanciones" a FCC y Yárritu por el retraso.

Fuentes del Gobierno local han explicado, a la espera de analizar a fondo el pronunciamiento del interventor, que la incorporación de las nuevas máquinas de Gardelegi "no estaba sujeta a un plazo" y que el material rodante de las anteriores adjudicatarias continúa en "buen uso". "La fecha de entrega de la maquinaria no tiene ningún efecto económico sobre el contrato, ni bueno ni malo", llegó a declarar en noviembre el edil responsable de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla (PNV).

No es la primera polémica suscitada en Vitoria en relación a la gestión de los distintos servicios de gestión de residuos. Hace sólo unas semanas eldiarionorte.es adelantó la investigación iniciada por un juzgado de Vitoria en torno al presunto sobreprecio abonado por el Ayuntamiento por dos camiones de recogida lateral de basuras adquiridos de nuevo en 2015 y que se unieron a la flota de FCC. El procedimiento lo instó la Fiscalía de Álava al hallar indicios de "malversación" y "prevaricación" en la operación. Cada unidad costó 332.000 euros más IVA cuando FCC había ofertado a la ciudad modelos similares a unos 175.000.

 

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