Sin recursos, con la ayuda social denegada y sin poder reclamar

Denegación, suspensión o extinción de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y denegación de ayudas de emergencia social. Un importante número de expedientes que el Ararteko está tramitando en estos momentos marcados por la crisis de la COVID-19 están relacionados con las quejas que le han planteado ciudadanos sobre estas cuestiones. Se trata de un clásico en la casuística habitual del Ararteko con el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide (encargado de gestionar la RGI) pero en la actual coyuntura se agrava.

Las consultas llegan hasta el Defensor del Pueblo Vasco por medio de correo eléctronico o teléfonicamente ya que tiene cerradas sus oficinas de atención al público debido a la pandemia. La denegación de las ayudas relacionadas con la RGI afectan a personas en situación de vulnerabilidad social que previamente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tenían ya dificultades serias para hacer frente a sus necesidades más básicas.

“En muchos casos tienen carencias personales y no disponen de dispositivos electrónicos o no cuentan con habilidades para la comunicación electrónica”, asegura el Ararteko, con lo que su situación se complica mucho dada la imposibilidad de acceder a una oficina física. En muchos casos, estaban pendientes de presentar documentación necesaria para la concesión o mantenimiento de las prestaciones económicas. “La suspensión de la atención presencial en las oficinas de Lanbide y en los servicios sociales municipales está afectando a la población más vulnerable, que acudía a las oficinas de manera presencial y que no dispone de destrezas informáticas o de dispositivos electrónicos”, apunta. Por eso, el Ararteko ha propuesto a Lanbide flexibilizar la exigencia de la documentación que se debe presentar para acceder o mantener la RGI.

Las quejas que está recibiendo el Defensor del Pueblo muestran la preocupación de las personas más vulnerables por la ausencia de ingresos para hacer frente a las necesidades más básicas. Aunque los servicios sociales de los ayuntamientos se están esforzando, un elevado número de personas plantea su inquietud por la tardanza en tener una respuesta o bien el temor a que no puedan percibir las ayudas previstas a tiempo. Así, ponen de relieve problemas emergentes, como es el de la documentación exigida y la compatibilidad entre las distintas prestaciones económicas y ayudas que gestionan las diferentes administraciones públicas (ayuntamientos, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Departamento de Vivienda o Administración General del Estado).

“El cumplimiento de los requerimientos sanitarios”, recalca el Ararteko, “para hacer frente a la crisis sanitaria por la progresión de l aCOVID-19 está exigiendo medidas en servicios sociales que no son fáciles de llevar a cabo, pero que son fundamentales para que las personas más vulnerables no se queden sin la atención necesaria, ya que estamos hablando en muchos casos de acceso a la alimentación y a la higiene más básica. Es importante recordar que las personas sin hogar también han tenido que adaptarse a la situación actual”.

Por so, pide a la ciudadanía y las administraciones públicas que muestren “una cierta comprensión” hacia determinadas conductas cuya explicación es la acumulación de problemas, sufrimiento y ansiedad vital durante años.