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Un gran vertedero incumple el permiso del Gobierno y causa contaminación

Informes técnicos revelan concentraciones en un basurero de Zalla, uno de los seis mayores de Euskadi, de sulfuros 20 veces por encima de lo legal y lixiviados (aguas contaminadas) en el 8% del caudal de un río.

El vertedero recibió la autorización provisional hace cinco años condicionada a aplicar medidas correctoras que no ha puesto en marcha. El Ayuntamiento exige la caducidad de dicha autorización pero Medio Ambiente no responde.

La instalación recibió una multa por un vertido de amoniaco y el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia le exigió una planta de pretratamiento de lixiviados que no ha acometido.

Uno de los principales vertederos vascos para residuos industriales incumple las medidas correctoras que le impuso hace cinco años el Gobierno vasco y causa problemas de lixiviados (el agua contaminada que sale de los basureros) en un río cercano a la instalación, ubicada en el municipio vizcaíno de Zalla. Un informe técnico ha revelado que el 8% del caudal de dicho río eran lixiviados y se ha detectado una concentración de sulfuros 20 veces por encima de la legal.  El vertedero ya fue multado en 2010 por un vertido de amoniaco, lo que llevó al Consorcio de Aguas de Bilbao a exigir una planta de tratamiento de los lixiviados, lo que no se ha cumplido tampoco. El Ayuntamiento de Zalla ha exigido la caducidad de la autorización ambiental provisional (cinco años después sigue sin contar con el permiso definitivo) al Departamento de Medio Ambiente pero, cinco meses después de solicitarlo, no ha obtenido respuesta. Ni Medio Ambiente ni la empresa que explota el vertedero, Cespa Conten, han querido responder tampoco a los requerimientos de este diario para explicar  este asunto.

El llamado vertedero de Las Lagunas ocupa una superficie de 30 hectáreas en un monte público y empezó a funcionar en 2005 con una concesión hasta 2023. Es uno de los seis vertederos vascos dedicado a albergar residuos industriales no peligrosos (en Euskadi hay una quincena de basureros, entre los que se incluyen los que reciben desechos de construcción y los inertizados, que reciben desechos que han sido peligrosos).  

Las quejas vecinales por el vertedero de Las Lagunas se han sucedido en los últimos años por malos olores y ruidos. En 2010 se produjo un vertido de amoníaco que supuso la imposición de una multa por el incidente y la exigencia del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia de la instalación de una planta de tratamiento de residuos. “La empresa deberá instalar un pretratamiento para poder verter a la red de saneamiento general cumpliendo los límites exigidos por el Reglamento de Vertidos. El pretratamiento deberá de constar inicialmente de un sistema para poder acondicionar los parámetros de nitrógeno amoniacal y sulfuros”, señalaba la comunicación del Consorcio a Cepsa Conten, fechada el 2 de junio de 2011. Esta entidad concede cada dos años los permisos de vertidos y en 2013 volvió a reiterar la petición sin que la compañía haya implantado dicha instalación. Cepsa Conten contemplaba esta planta en la oferta que hizo en 1999 para hacerse con la gestión del vertedero.

El Gobierno vasco ha comentado, según fuentes municipales, que no es necesario disponer del permiso de vertido al existir la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que aúna todos los permisos, pero esa intervención del Consorcio para dar luz verde a los vertidos se ha mantenido desde la aprobación en 2008 de la AAI.

Impago de tasas al ayuntamiento

El vertedero  recibió en 2008 la llamada Autorización Ambiental Integrada (el requisito impuesto por la Unión Europea para las instalaciones más contaminantes) pero condicionado a que implantase una decena de medidas en un plazo de seis meses, un periodo que en la práctica en Euskadi se amplió a dos o tres años para la mayoría de las empresas contaminantes. Pero trascurridos cinco años, las medidas correctoras (analísticas, caracterización de residuos, seguros y documentos de gestión del vertedero) no se han puesto en marcha y el vertedero funciona sin una autorización definitiva. La ley dice además que, si no se cumple, se debe declarar la caducidad, como exige el ayuntamiento. Cespa, según sostiene el consistorio de Zalla, no ha pagado además las tasas por el paso de camiones por caminos públicos ni otras tasas urbanísticas.

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