Aborto, despoblación y nostalgia en Castilla y León

El pasado 8 de febrero se aprobó en el Senado la enmienda transaccional que, a raíz de las reacciones generadas ante el protocolo del aborto propuesto por la Junta de Castilla y León hace unas semanas, el PSOE propuso hacer al texto de la reforma de la Ley del Aborto de 2022. Amplía el artículo 24 del proyecto legislativo. La enmienda quiere evitar la obstaculización del derecho a la atención médica en casos de búsqueda de asistencia para abortar, asegurando que todo ofrecimiento médico asociado al aborto se base en información clínica “imprescindible y pertinente”, ante el procedimiento que propuso la Junta presidida por Fernández Mañueco. Este consiste en mostrar una ecografía 4D del embrión y escuchar su latido a las posibles madres, incluidas aquellas que quieren interrumpir su embarazo. Como han señalado psicólogas y trabajadoras sociales, estas opciones son incapaces de ofrecer ninguna información nueva a la paciente que se plantea abortar, de manera que le posibilite tomar una decisión “más informada” (o, al menos, no una información del tipo que corresponde ofrecer a un médico de cabecera). Y, sin embargo, el presidente de la Junta de Castilla y León afirmaba que este era uno de los sostenes del protocolo: permitirnos ser “más conscientes” al tomar una decisión de este calibre. 

A su vez, los dos partidos que gobiernan Castilla y León reconocen abiertamente que la medida, anunciada por cuenta y riesgo del vicepresidente de la Junta, tiene como objetivo mejorar la pirámide poblacional de la región, que es desastrosa por la despoblación y la falta de oportunidades económicas que sufre. Muchos ven evidente que el anuncio también pretendía avivar la polarización social. Ha devuelto a la primera línea política un asunto que, desde su traída a escena por el feminismo hace casi medio siglo, nunca ha perdido el poder de encender la opinión pública. Vox ha querido arrancar con fuerza el periodo pre-electoral, mientras que el Partido Popular se perpetúa con este asunto en un rol de policía bueno dentro del Gobierno autonómico.

Volviendo a la cuestión poblacional: más allá de la existencia de un puñado de millenials pudientes cansados de sus oficinas en Madrid o Barcelona, y de jóvenes nostálgicos regionalistas, no hay ningún indicio de que la poco prometedora media etaria de Castilla y León vaya a mejorar (48,1 años, sólo superada por Asturias -en comparación, la comunidad más joven, Melilla, tiene una media etaria de 35,3 años-). Es imposible gestionar una situación poblacional de despoblación y envejecimiento sin recurrir al control de la natalidad (en este caso, para fomentarla) para partidos políticos que, como Vox, rechazan la inmigración tanto como la autonomía femenina, y que, además, no quieren ni oír hablar de descentralización, por considerarla una concesión al separatismo. No les queda otra opción que coaccionar a las mujeres y a las familias para tener hijos. Y todos sabemos lo trágico que esto resulta para la emancipación femenina, y los riesgos que entraña continuar estigmatizando el aborto (obligando a las mujeres a abortar con métodos precarios y peligrosos o fomentando que haya madres que no querían serlo, con todos los problemas para el bienestar psicológico de los niños, y el suyo propio, que eso genera).

A la tercera pata del protocolo de la Junta se le ha dado poco bombo: además de escuchar el latido y la ecografía 4D, también se propone al médico ofrecer ayuda psicológica a quien decide abortar: empezar una terapia en un momento en el que, con suerte, te quedan unas cuantas semanas antes de tomar una decisión definitiva sobre interrumpir o no el embarazo. Además de que estas medidas caen en una infantilización y un paternalismo indeseables, si el médico de cabecera en cuestión detectara, efectivamente, que esa ayuda tiene que llegar, tendría que haberlo hecho antes, e independientemente de que haya o no un embarazo. Querer abortar no es una señal de problemas psicológicos. Este ofrecimiento perverso, disfrazado de buena intención, refuerza la impresión social de que abortar es un episodio traumático. En pleno auge de la salud mental y en un contexto público donde este servicio es un lujo y deficiente en el sistema público, la Junta ofrece a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo un acceso a los servicios de salud mental que debería ser innegociable. A cambio, se pone una vez más en duda nuestra capacidad para tomar decisiones. 

Las zonas de España que reciben inmigración tienen una pirámide más saludable y capaz de soportar las necesidades de los presupuestos sociales. Los mismos presupuestos sociales que podrían mejorar la atención pública a la salud mental, entre otras muchas cosas. Sin embargo, las pirámides etarias de las regiones que menos inmigración reciben son disfuncionales. Si la intención de la Junta, como han expresado sus políticos, es aumentar la natalidad, la medida va a ser poco efectiva. De hecho, prácticamente no se realizan abortos en Castilla y León. Es la comunidad autónoma donde más hospitales no practican abortos. Las trabas a la IVE hacen que solo un 2,2% de los casos se lleven en hospitales públicos. En contraste, del total de los abortos que se practican en toda España, el 16% se hacen en centros sanitarios públicos.

En fin, habría que aceptar de una vez que las políticas sociales de Vox no responden a una emoción bella, legítima, aunque mal enfocada, de preservar lo que nos es propio, lo que por el cambio (un discurrir inevitable) puede resquebrajarse y hacernos sufrir. Eso que se suele llamar “nuestras costumbres” o “nuestra cultura”, que en todas las áreas del país producen apego entre quienes lo viven. Ya sea en la zona catalanoparlante, la Galicia o la Asturias rurales, o la Andalucía tradicional, tenemos apegos a formas de hablar, formas de estar, de pensar, de comer y encontrarnos con los demás… Que nos apena imaginar el horizonte posible de perder. 

Este es el sentimiento que Vox intenta monetizar y convertir en votos en las urnas, pero en el fondo de su programa hay otra agenda oculta. Apelando a nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestras maneras de ser, el partido de ultraderecha quiere sacar provecho político de nuestra nostalgia. Vox es el partido político español que cuenta con mayor proporción de votantes hombres, por lo que (o porque) gran parte de esa nostalgia (esa que podría ser bella, como demuestran muchos relatos costumbristas) se termina volcando en una especie de nostalgia por la dominación masculina. 

Esta última les es muy rentable políticamente, y explica su rechazo a que las mujeres seamos consideradas legalmente válidas para decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, como ocurre con todos los populismos de extrema derecha que proliferan a escala global. Asimismo, la misoginia ideológica del populismo de ultraderecha sostiene una agenda económica ultraliberal, volviendo a relegar el trabajo reproductivo de las mujeres a algo no reconocido, vigilado e impuesto. Recordemos, como hacía Isabel Valdés en El País, que entre las medidas propuestas en sus programas políticos autonómicos podemos encontrar la “derogación de ley de violencia de género” y la “supresión de los organismos feministas radicales”.

Aunque no vaya a funcionar, Vox quiere compensar su rechazo a la inmigración y a la descentralización con partos coaccionados de mujeres que no quieren, o no están seguras de querer, ser madres. Porque, si no, le es imposible hacer una propuesta de cómo sacar a Castilla y León de su situación de muerte social, con lo que ello conlleva en imposibilidad de pagar pensiones o de sostener un sistema del bienestar en la comunidad que proteja a sus habitantes. Tampoco le será posible reconstruir el ecosistema social y la vida en común que reclaman los movimientos por la España Vaciada, ni aliviar el peso demográfico de la España llenada.