Los acuerdos del consejo interterritorial son un paso importante, pero hacen falta medidas más contundentes para frenar la pandemia

Tras varias semanas con la pandemia avanzando en casi todas las Comunidades Autónomas, con una cierta dispersión de las medidas adoptadas en cada territorio sin que se hubiera producido una repuesta unificada, eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias, y con la sensación cada vez más generalizada de que el tiempo para controlar su evolución y llegar a la apertura de las aulas en septiembre con una buena situación epidemiológica se agotaba, el pasado jueves, 13 de agosto, el Ministerio de Sanidad acertadamente convocó de urgencia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el día siguiente con el propósito de evaluar la situación y proponer actuaciones conjuntas para atajar el crecimiento de los casos.

Ya en nuestra tribuna del pasado 7 de agosto planteábamos la necesidad de una reunión de este tipo que, desde un enfoque de co-gobernanza, diera “un golpe de timón” a lo que, desde la finalización del estado de alarma, nos parecía una actitud demasiado pasiva por parte del Gobierno de España e insuficiente por parte de muchas comunidades a la hora de afrontar los rebrotes y frenar la expansión de la pandemia. En ella planteábamos adoptar acciones mucho más enérgicas que las desarrolladas hasta ese momento (limitación de aglomeraciones en espacios públicos, limitación severa del ocio nocturno, refuerzo de la atención primaria, rastreo y aislamiento efectivo de contactos, mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los temporeros agrícolas, refuerzo de las medidas de protección en las residencias sociales, actuaciones de concienciación dirigidas específicamente a la población joven, etcétera), si bien incluíamos también la recomendación de adoptar confinamientos selectivos mediante la declaración, si fuera necesario, de estados de alarma localizados en las comunidades, provincias o comarcas donde la transmisión comunitaria sobrepasara un cierto umbral y, a juicio de las autoridades correspondientes y del Gobierno, la situación así lo requiriera.

Un pronunciamiento similar al nuestro fue realizado el 12 de agosto por nueve sociedades médicas, quienes alertaron del riesgo de “otro colapso en la sanidad si no se toman medidas coordinadas y eficaces”, y reclamaron que se actuara de forma coordinada con la mayor celeridad posible. Algunos responsables sanitarios y políticos se habían pronunciado también en ese sentido.

Por fortuna, el pasado viernes las administraciones autonómicas y el Gobierno central han actuado de común acuerdo y han tomado once medidas que resultaban lógicas y necesarias ante el avance de la epidemia, si bien se trata de acciones que deberían haberse emprendido hace ya varias semanas para frenar lo que ya se veía venir.

 La situación se torna cada vez más preocupante. Según las cifras dadas a conocer el viernes 14, la incidencia acumulada media para España ha llegado a 109 casos por 100 mil habitantes y hay seis comunidades autónomas que la superan: Baleares (137), Cataluña (143), Madrid (171), Navarra (188), País Vasco (195) y Aragón (569). 

Ha habido un incremento de casos registrado en toda la Unión Europea, el Área Económica Europea y el Reino Unido, pero la mayoría de los nuevos casos notificados en los últimos 14 días en este ámbito han sido en España (28.267), situándonos a la cabeza de los repuntes europeos.

De hecho, el jueves pasado, los datos de España fueron malos (2.935 nuevos casos en las últimas 24 horas), y al día siguiente, el mismo de la convocatoria del Consejo Interterritorial, fueron aún peores (2.985 nuevos casos) estando la Comunidad de Madrid en cabeza, seguida del País Vasco y de Aragón. Ese día Cataluña, que había logrado estabilizar la situación en días anteriores, volvió a sufrir un importante repunte.

Si bien es cierto que la situación actual dista mucho de parecerse a la vivida durante los momentos álgidos de marzo y abril, pues tanto la edad como la severidad de los casos es diferente y el sistema sanitario está ahora mejor preparado que entonces, también lo es que muchos de los parámetros básicos de la pandemia (casos nuevos notificados, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI, número de brotes en residencias de ancianos y fallecimientos y aumento en el porcentaje de positividad de las PCR) no han dejado de empeorar de manera ininterrumpida desde hace tres o cuatro semanas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debe valorarse positivamente la reunión del Consejo Interterritorial, el cual, por vez primera, ha adoptado por unanimidad una “declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19”. Esta declaración sienta un buen precedente de co gobernanza que debería ser profundizado en lo sucesivo para hacer frente a retos inmediatos y previsibles (por ejemplo, la vuelta a las aulas, la campaña de vacunación frente a la gripe estacional o la adquisición y distribución de la futura vacuna frente a la Covid-19) y, en su caso, también frente a retos no deseables o previsibles (por ejemplo, un empeoramiento súbito de la pandemia).

La declaración, que incluye un pormenorizado análisis de la situación, establece el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas; fija la hora de cierre de hoteles, bares, restaurantes y terrazas; establece la distancia mínima y el número máximo de personas por mesa y la distancia entre mesas así como la hora de cierre de estos establecimientos; establece las condiciones de realización de PCR a los nuevos ingresos y a los empleados de los centros sociosanitarios, y restringe las visitas y las salidas de los residentes; fija un criterio para la realización de cribados poblacionales con pruebas PCR en grupos específicos; refuerza el control del consumo no autorizado de bebidas alcohólicas en la vía pública; y restringe la posibilidad de fumar en la vía pública o espacios al aire libre si no se puede garantizar la distancia de seguridad.

Igualmente, hace tres recomendaciones adicionales a las ya reiteradas desde hace meses sobre lavado de manos, distancia interpersonal y uso de mascarillas, dos de ellas dirigidas a la ciudadanía (limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y reducir a diez personas los encuentros sociales) y una a los responsables de residencias sociosanitarias para que realicen periódicamente pruebas PCR a los trabajadores que estén en contacto directo con residentes. Por último, se reafirma la validez del Plan de respuesta temprana acordado entre el Gobierno y las comunidades el pasado mes de junio.

En nuestra opinión, las medidas y las recomendaciones planteadas van en la buena dirección y deben ser implementadas y seguidas con rigor. Sin embargo, no son suficientes porque, aunque servirán para prevenir nuevos brotes, no disponen de todo el potencial necesario para interrumpir la transmisión comunitaria ya establecida. Por ello deben ser vistas como mínimos a partir de los cuales deben proclamarse medidas más decisivas e intensificadas especialmente en las CCAA más afectadas.

Por ejemplo, hubiera sido deseable una mayor concreción del criterio para la realización de cribados poblacionales con pruebas PCR en grupos específicos. O un compromiso concreto sobre la necesidad de trabajar de forma urgente y coordinada con el sistema educativo a fin de establecer las medidas comunes de salud pública requeridas para garantizar un retorno a las aulas en condiciones de seguridad sanitaria, que deberían ser posteriormente aprobadas en una Conferencia de Presidentes, o una serie de disposiciones más estrictas para blindar las residencias geriátricas en aquellas CCAA con transmisión comunitaria sostenida.

Sobre todo, llama la atención la renuencia a establecer criterios objetivables (por ejemplo, un umbral de nuevos casos en los últimos siete días) con base en los cuales plantearse la limitación de movimientos y actividades económicas en determinados territorios (comunidades, provincias, islas o comarcas), tal como han hecho algunos países de nuestro entorno.

Seguimos pensando, tal como algunos recientes estudios sugieren, que se necesitan, o se necesitarán muy pronto, confinamientos selectivos, más o menos amplios, los cuales, al afectar a derechos fundamentales, requerirán la declaración de estados de alarma en determinadas partes del territorio. Lo cual, además de la indispensable lealtad entre las administraciones, va a exigir, todavía más en estos momentos que en el pasado, una gran transparencia sobre los criterios con base a los cuales hayan de ser declarados.

La co-gobernanza debe ser también sinónimo de transparencia. La ausencia de criterios y umbrales específicos y transparentes que caracterizó algunos cambios de fase al final del estado de alarma es algo que no debería repetirse.

Por eso reiteramos nuestra propuesta del 7 de junio: volver cuanto antes a la notificación diaria de casos, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y fallecimientos; incluir el número de PCR realizadas por cien mil habitantes y el porcentaje de positividad de las mismas, así como establecer umbrales públicamente conocidos a partir de los cuales, y teniendo en cuenta el resto de los elementos en presencia, un territorio entraría en “zona roja”, y el Gobierno y las autoridades competentes deberían plantearse el confinamiento poblacional como una medida necesaria.

Creemos conveniente más co gobernanza (en la línea marcada por la reciente reunión del Consejo Interterritorial) y más objetividad y transparencia de criterios. A lo que podría contribuir la creación de un comité asesor que incluyera expertos de prestigio junto a representantes de las sociedades científicas más directamente concernidas por la pandemia. Esta sería una buena medida para sumar perspectivas científicas adicionales a la toma de decisiones frente a los complicados retos sanitarios que afrontamos.