Informar a medias es decir medias verdades
Construir la paz en Colombia no es tarea fácil. Cada quien desde donde esté debería contribuir a sentar unas bases sólidas en las que las próximas generaciones de colombianos y colombianas puedan convivir de manera pacífica y democrática a pesar de sus diferencias. La democracia más antigua de América Latina, asentada en un largo pliegue de leyes sólo sostenidas en papel, debe dar una oportunidad a la nueva sociedad soñada.
Quienes apostamos por la paz en Colombia seguimos con interés las informaciones que los medios de comunicación nos ofrecen; especialmente aquellas que apuestan por perspectivas menos encorsetadas y nuevos protagonistas que dan una visión más humana de quienes hasta hace poco tiempo se presentaban como diablos con cuernos desde la mayoría de los medios generalistas. Los guerrilleros y guerrilleras, al igual que quienes integran las Fuerzas de Seguridad del Estado, son personas que sufren, sienten, tienen miedos, ideales, anhelos y esperanzas.
Cuando me topé en eldiario.es con el artículo “La última marcha de las FARC” (en colaboración con The Guardian y firmada por Sibylla Brodzinsky) no pude por menos que sonreír cuando leí que quien lo había escrito había estado en el Punto de Preagrupamiento Temporal de Colinas, en el Guaviare. Un lugar en el que yo misma había estado cinco días antes. Al igual que ella, pude hablar con Mauricio Jaramillo, “excomandante del poderoso Bloque Oriental de las FARC”, y con varios de los guerrilleros y guerrilleras que esperan con ansiedad el momento de entrar en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN, espacio donde se iniciará la
preparación para la reincorporación de las FARC a la vida civil y su tránsito a la legalidad además de ser el lugar donde se realizará la dejación de armas). No obstante, a medida que leía el artículo de Brodzinsky sentía algunas de sus informaciones como tendenciosas, con verdades a medias o falta de datos que condicionan e impiden entender lo que está pasando estos días en Colombia.
El artículo banaliza cuando afirma que “la logística de montar viviendas, tendido eléctrico y otros servicios en áreas remotas ha sobrepasado la capacidad de las agencias gubernamentales encargadas de coordinar la tarea”. Esta incapacidad de acción no responde a la falta de capacidad de las instituciones del gobierno colombiano, sino a su falta de voluntad política. Como bien indica en otro momento el propio artículo, el gobierno ha contado con 7 meses para preparar las Zonas Veredales. Cabe recordar que cada día de guerra costaba 13 millones de dólares, por tanto, con voluntad y el presupuesto de un solo día de guerra podrían haberse construido las 26 zonas cumpliendo, así, los plazos acordados.
“En muchas zonas, los mismos guerrilleros han aceptado construir ellos sus propias viviendas, pero a muchos les preocupa que esto les quite tiempo de los estudios y programas de formación que se supone facilitarán su paso a la vida civil”. Este análisis, a pesar de ser cierto, debería ir acompañado de otro que plantee si por parte del gobierno no hay además una estrategia de mantener ocupados a los integrantes de la guerrilla con las tareas de construcción. Ocuparlos en tales tareas restaría tiempo a la conformación de su nuevo proyecto político, el partido con el que pretenden seguir luchando, ya sin las armas, para construir una Colombia más justa.
No es riguroso hacer afirmaciones como “a mediados de los años 90, el Estado colombiano no podía detener el avance de la guerrilla y a menudo recurrió a fuerzas paramilitares de extrema derecha para hacer ese trabajo”. Al informar de esta manera parece justificarse lo injustificable. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, por acción u omisión, han favorecido la aparición y el accionar de los grupos paramilitares, que se han convertido en un fenómeno estructural en el país que opera con total impunidad. La Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada cometidos por exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sibylla Brodzinsky habla ciertamente del incumplimiento de los líderes del grupo guerrillero de entregar a todos los menores de edad que formaban parte de la guerrilla. No explica, sin embargo, por qué la guerrilla ha dilatado el cumplimento de este acuerdo tras la primera entrega de 13 menores. El gobierno no ha cumplido con todas las condiciones acordadas en este punto. Hubiera sido interesante poder conocer también el parecer de los menores ante una situación que les coloca en un contexto de enorme incertidumbre.
El artículo afirma que las FARC “gracias a ataques a puestos militares y a pueblos rurales lograron secuestrar a cientos de policías y soldados retenidos durante años en jaulas de alambre de púas en medio de la selva, llamándolos 'prisioneros de guerra”. En un conflicto armado las partes enfrentadas combaten, matan al enemigo y hacen prisioneros de guerra. Hablar solo de una de las partes no es periodísticamente responsable. Es importante contar también las condiciones en las que se encuentran los prisioneros y prisioneras de guerra de las FARC retenidos en centros penitenciarios. Centros en los que, entre otras cosas, reina el hacinamiento, la inseguridad (al encontrarse muchas veces en los mismos patios con paramilitares) y la deficiente, y a veces nula, atención sanitaria incluso de quienes ingresan con heridas de guerra producidas en el combate previo a su captura. La crisis de derechos humanos en centros de reclusión del país está más que documentada y los vejámenes a los que son sometidos los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, también.
Los guerrilleros y guerrilleras de las FARC no son hermanitos y hermanitas de la caridad, pero se agradecía un análisis más imparcial y contrastado de las cosas para que cada quien se forme su propia opinión.
