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CGPJ: breve historia de una institución descalabrada

Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid.

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La mejor manera de entender qué es el Consejo General del Poder Judicial es concebir a los jueces como empleados de una empresa. En España hay unos 5.300 jueces ahora mismo… ¿quién decide los ascensos? ¿quién organiza las oposiciones y, por tanto, resuelve a quien "contratar"? ¿Quién expulsa a los malos trabajadores, penaliza a los vagos y premia a los buenos? Esto es, ¿quién es el "jefe" en esa particular empresa?

Tradicionalmente, el jefe "laboral" de los jueces era el poder político. El Rey, en el siglo XVII, o Franco, en el pasado siglo, eran quienes tomaban esas decisiones. No ellos directamente, pero sí su corte o su gobierno. Como podían quitar y poner a los jueces de sus juzgados, despedirlos de la carrera, ascenderlos o incluso desterrarlos, era evidente que los jueces no tenían demasiado poder sobre ellos. Cuando no hay separación de poderes, solo hay un poder: la fuerza, esto es, el Ejecutivo.

Al llegar la democracia se creó un jefe para los jueces. Uno – se dijo - independiente del Ejecutivo. Recibió el nombre de "Consejo General del Poder Judicial". Es un jefe colectivo, 20 vocales (21, con el Presidente que ellos elijan) que toman esas decisiones que, en toda empresa, alguien debe tomar de modo inevitable. ¿Quién los elige? Es la gran pregunta.

La Constitución establece que han de ser 8 juristas y 12 jueces. El texto es cristalino con respecto a los 8 juristas, que han de ser elegidos por el Parlamento. Pero con la cuestión de los 12 jueces, lo cierto es que los ponentes de la Constitución no tuvieron precisamente su mejor día. Les voy a ahorrar la desafortunada expresión del artículo, quédense tan solo con que lo que dice es que los 12 se han de elegir "entre jueces", pero con que lo dice de un modo tan ambiguo que no aclara demasiado. Ya hubo un enorme conflicto interpretativo en 1985, con dos grandes posibilidades. Unos entendían que ese "entre jueces" significa "por los jueces". Otros decían que no, que era perfectamente legal que fuera también el Parlamento el que eligiera a esos 12 vocales, siempre que los eligiera "entre jueces". Ganaron estos últimos, así que, al final, los 20 vocales los elige el Parlamento, esto es, los partidos.

Pero, entonces, si a los 20 los eligen los partidos… ¿en qué sentido son "independientes" del poder político? Parece evidente que hemos vuelto a lo de siempre. ¿Por qué? Aquí aparece una segunda derivada. Una derivada que explica que, desde la Transición, en España sea la izquierda la que abogue por que el parlamento elija a los 12 vocales, mientras que la derecha defienda más bien que lo hagan los propios jueces.

Más o menos ya les he adelantado las razones. Si durante 40 años Franco fue el jefe de la empresa de los jueces, es evidente que en 1978 esa empresa estaba en buena medida poblada por afectos al franquismo. El Poder Judicial no se purgó durante la transición: a todos sus integrantes los había puesto allí la dictadura. Eso explica que, en 1982, cuando el PSOE llega al poder, se encontrara con una situación complicadísima. Supongamos que hubiera por aquel entonces 4000 jueces en España. La inmensa mayoría de ellos eran hostiles al gobierno elegido por la ciudadanía, y muchos de ellos a la democracia.

La teoría de la división de poderes es uno de los mayores hallazgos institucionales del Estado de Derecho, pero lo cierto es que esa misma teoría se construye sobre la hipótesis de que los jueces no comulgan mayoritariamente con una y solo una ideología política determinada, y mucho menos con una antidemocrática. En una tesitura como la de 1982, es evidente que nuestra judicatura – plagada de franquistas – no era precisamente el "Poder Judicial" del que hablan de modo aséptico los manuales de la Teoría de la Democracia. En ese sentido, creo que estuvo más que justificada la actuación del PSOE, que esgrimió la afirmación constitucional de que "la justicia emana del pueblo" para forzar la elección de todos los vocales del Consejo por el Parlamento. Era la única manera de hacer que el Poder Judicial se "desfranquizara" (recordemos que el Jefe de la empresa también controla a quién se contrata, y que por tanto puede perpetuar determinadas inercias), y de permitir que la voluntad soberana expresada por las urnas se reflejara también en la composición del Poder Judicial.

Eso, que tuvo sentido en su día, ¿lo tiene hoy? Mi respuesta es doble. En primer lugar, respondo que no. Los 5.300 jueces actuales no son ni de lejos, tras 40 años de democracia, afectos al franquismo. Pueden ser, y de hecho son, un cuerpo social más conservador que la media, pero ese problema no se soluciona mediante cuotas o mayorías partidistas en el CGPJ, un camino que solo supone seguir cavando en la fosa del desprestigio institucional. Soy consciente de que a Podemos, por ejemplo, el Poder Judicial parece tratarle de un modo considerablemente arbitrario y parcial. Pero, aunque algo puede haber, no creo que tal cosa se deba al extracto social de la judicatura, sino precisamente a la politización del sistema judicial, que es lo que haríamos bien en desterrar.

Por eso aquí considero mucho más razonable la propuesta de la Plataforma "Más Democracia". La idea es:

a) una comisión técnica filtra a los 120 con más méritos de entre todos los jueces que quieran presentarse

b) por sorteo, se eligen 12 de entre esos 120

c) los 12 han de pasar un filtro parlamentario con una mayoría cualificada del 60%.

Una solución de ese tipo, u otra similar en la que el sorteo juegue un papel fundamental, lograría despolitizar la cúpula judicial y sería plenamente coherente con el espíritu de la división de poderes.

Y, sin embargo, por otro lado respondo que sí tiene sentido que el poder legislativo tenga cierta presencia en el CGPJ. Para las cuestiones meramente "laborales" el sorteo constituye una inmejorable idea porque "despartidiza" de raíz la cúpula de los jueces y los libera de ese yugo. Pero ocurre que el Consejo no solo es el jefe "laboral" de los jueces. Ostenta, además, una función eminentemente política que afecta a toda la ciudadanía. El Consejo, indirectamente, crea derecho. Cierta visión ingenua de lo político asume que el derecho son las leyes que redactan los parlamentos, limitándose los jueces a aplicarlas. No es así.

El CGPJ crea derecho al menos de dos maneras. Primero, porque elige a los miembros del Tribunal Supremo. Y ese Tribunal interpreta las leyes y, al hacerlo, crea Jurisprudencia. Y esa Jurisprudencia se convierte en derecho, ya que todos los jueces han de interpretar las leyes de acuerdo a la misma. E interpretar la ley en un sentido u otro es casi siempre, de modo inevitable, una actividad política y no únicamente jurídica. Además, el CGPJ elige a dos miembros del Tribunal Constitucional, una institución cuyas decisiones, además de jurídicas, son de nuevo eminentemente políticas.

Esa función creadora de derecho ha de discurrir en sintonía con eso que denominamos "la voluntad" de la sociedad, una instancia cambiante y difícil de aprehender, pero que sin duda atrapa mil veces mejor el Parlamento que la judicatura. Lo ideal sería deslindar las dos almas del CGPJ, la laboral y la política, pero, mientras eso no se haga – y lo más interesante, desde un punto de vista teórico, es reflexionar sobre cómo hacerlo – que 8 de sus vocales sean elegidos por el Parlamento y otros 12 por los jueces (y ojalá por sorteo, que en este contexto goza de enormes virtudes sobre las que aquí no puedo detenerme) me parece lo más razonable.

Una última observación. Toda esta batalla política no se está planteando, en esta España nuestra, en torno a la cuestión teórica de la interpretación de la ley – un debate enormemente complejo y políticamente trascendental del que se ocupa la Filosofía del Derecho - sino en relación con intereses meramente partitocráticos que tienen que ver con una tristísima cuestión de desnudo cambalache de jueces. El whatsapp – inimaginable en cualquier democracia liberal seria, no digamos ya en el supuesto partido "liberal" de tal democracia seria – del senador popular Cosidó sobre controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los políticos, refleja muy bien el nivel en el que se encuentran algunos. Lo más limpio, inteligente y ecuánime consiste en recurrir al sorteo y librar a los 12 togados de semejantes padrinos… nunca mejor dicho.

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Publicado el
27 de octubre de 2020 - 22:44 h

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