La dificultad de sumar dos más dos
Imputados Camps, Cotino y el obispo auxiliar de Valencia por prevaricación, falsedad y malversación en la visita del Papa Benedicto XVI en 2006. Aquel evento que desplegaba alfombras de boato mientras apartaba a toda prisa las flores en recuerdo de las 43 víctimas mortales del metro de Valencia, ocurrido aquella misma semana, como pude observar presencialmente. Era la imagen de esa España púrpura, negra y trágica, que siempre está ahí como una losa.
“Tenemos libertad. La libertad de sumar dos más dos”, decía el protagonista de '1984' de George Orwell. Un autor y una obra que viene a la memoria de continuo estos días. El colmo es ya no ser capaces ni de hacer tan simple operación matemática, como parece estar ocurriendo en nuestro país.
Dos factores esenciales centran el problema: corrupción y represión. Y no hay forma de hacer la operación que conduzca a un resultado. De un lado una corrupción manifiesta, incrustada en el poder representado hoy por el Partido Popular, y del otro una fuerte merma de las libertades, en particular la de expresión, propiciada por el mismo partido.
Ha sido una semana funesta en la que el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones. Siguió la retirada de ARCO del cuadro de Santiago Sierra que retrataba a Junqueras y los Jordis como presos políticos. Y, a continuación, el secuestro cautelar por orden judicial de la novela “Fariña” de Nacho Carretero, publicada en 2015. Aunque no la serie de Antena 3 de inminente estreno basada en el libro de presumible mayor difusión. Estas cosas que pasan en España.
The New York Times advierte del creciente riesgo para la libertad de expresión en España por estos hechos. Amnistía Internacional va mucho más allá, al denunciar la “restricción desproporcionada” de la libertad de expresión en España durante todo el año 2017. Y del derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. A los datos más conocidos añade esa impresión que ya cualquier persona crítica tiene: “Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes”. Hace un año Amnistía ya señalaba que 46 personas han sido condenadas por enaltecer el terrorismo en España desde 2015. Concluía que el recorte de libertades es mayor que desde el fin del terrorismo de Eta. Y destacaba que el gobierno emplea a la policía para buscar tuits.
El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha declarado que “en España se respeta la libertad de expresión”. Y ya está. El coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, a quien el Gobierno puso al mando del dispositivo del 1-O en Catalunya, negó en el Tribunal Supremo que haya habido siquiera las cargas policiales que, en directo, dieron la vuelta al mundo. Fueron “actuaciones policiales para cumplir el mandado judicial”. Ni Orwell lo hubiera dicho mejor.
Debe ser la neolengua lo que impide a números españoles hacer las sumas pertinentes. El caso del cuadro retirado de ARCO nos ha dado otro ejemplo fehaciente. La dirección de IFEMA –la feria de Madrid que acoge a ARCO- ha explicado que pidió a la galería que se llevara el cuadro pero que “en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación”. En serio, lean. Cree usted si quiere pero no en mi feria y, si ya está colgado el cuadro, lo desmonta y lo saca fuera.
Se desencadenó, por cierto, un conflicto diplomático entre poderes. Los Reyes llevados a la inauguración sin pasar por la pared vacía. Colocar de estrella invitada en la apertura del Gran Hermano del PP, antes llamado Telediario, a Cifuentes. La presidenta de la Comunidad dijo que ella defiende la libertad de expresión… de la dirección de IFEMA para pedir la retirada del cuadro. Medida que, como accionista, no frenó la Comunidad de Madrid, aunque intente desentenderse de la decisión. La alcaldesa Manuela Carmena marcó el camino al negarse a asistir al acto en protesta por la censura de la obra.
RTVE realizó ayer mismo una obra maestra, digna como ya se ha dicho, de ser colgada en ARCO en esa pared vacía. El canal 24 Horas tituló complementado con un mapa incluso: “España marca un nuevo mínimo histórico en el ránking de corrupción”.
En el desarrollo de la noticia se veía que el “mínimo” era a la baja: la mayor credibilidad esta en 100 y España descendía 8 puntos desde 2011. Acudiendo al estudio se observa que, además, ha caído del puesto 20 al 45 en Indice global desde el año 2000. La manipulación es corrupción.
La novela secuestrada, 'Fariña', de Nacho Carretero, nos devuelve a esa suma propuesta que no se termina de hacer: represión y corrupción. El libro cuenta la peripecia de una Galicia que del contrabando de tabaco pasó a la droga, que vio caer a muchos jóvenes, víctimas de la adicción, de las madres que lucharon por parar esa sangría, de la connivencia del poder político con los narcos en la comunidad. “En la época del contrabando ni siquiera era una connivencia, era una red tan tupida que era difícil distinguir quién era alcalde o quién era contrabandista”, declaraba en 2015 Carretero a El Salto en este reportaje de enorme interés. Juan Luis Sánchez nos contaba este viernes cómo Mariano Rajoy llegó a leer el libro y responder a su autor… felicitándole por el documentado trabajo que había hecho.
Fiscales, jueces, abogados, hablan de la corrupción española imbricada en el esqueleto del Estado. Uría, Mena, Bosch y otros lo denuncian. Los casos de corrupción del PP ocupan, por ejemplo, a más de la mitad de los juzgados de instrucción de Valencia. Porque también hay quien lucha por hacer justicia, pero el daño es más profundo. El Informe GRECO del Consejo de Europa lleva cinco años seguidos insistiendo en que España no cumple los estándares europeos sobre separación de poderes. Se dan notables e incluso alarmantes cambios de jueces, los tribunales que juzgan casos de corrupción del PP han asistido a una auténtica renovación. Jueces que argumentan factores políticos en sus decisiones judiciales Pero no pasa nada porque todo parece ir por canales separados.
La merma de libertades es un hecho y cada vez son más quienes lo experimentan. Los jubilados que llenaron las calles el jueves protestando por ver en peligro sus pensione podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros. Presumiblemente no ocurrirá, sería una locura. Pero lo posibilita la ley Mordaza en vigor. La ley Mordaza que impuso el PP de mayoría absoluta y no se ha derogado en la nueva legislatura. ¿Hasta dónde se puede ceder? ¿Por qué no se cambian al menos los mecanismos que posibilitan la represión?
Los políticos que hacen posible el Gobierno del PP, elemento fundamental en la ecuación, parecen aquejados de la misma incapacidad para realizar sumas o para querer hacerlas y actuar como exija el resultado. Y de centrar algunos conceptos. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, apoyó la retirada del cuadro en ARCO “porque ayuda a rebajar la tensión”. Es evidente que apoya la libertad de expresión, como luego aclaró, preocupa más darle una función según las circunstancias. No hace falta hacer algoritmos para intuir quiénes multiplican la acción del PP o del entramado al completo con su apoyo. En todos los ámbitos. Los medios que actúan de soporte de este sistema con sus omisiones, prelaciones y noticias versionadas, tampoco son ajenos.
La suma de corrupción y represión se asemeja en España a aquella de las peras y las manzanas. No cabe. Van en canales separados y paralelos que nunca llegan a juntarse. Gran parte de los ciudadanos parece encontrar la misma dificultad para llegar el resultado. Como si no quisieran saber qué implica, cómo nos afecta, adónde lleva este camino, y por qué se sufre aquí esa disfunción patológica de no saber que dos y dos, son cuatro. Disponemos de esa libertad. De momento.
