¿Qué hacer en Catalunya?
Ya sabemos cuál es la legalidad vigente, lo que dice la Constitución sobre la residencia de la soberanía, la imposibilidad de que ampare una consulta democrática legal al pueblo de Catalunya y, menos aún, una independencia unilateral. Es evidente que yo no apoyo conceptualmente el llamado derecho (?) a decidir entendido como un derecho a la autodeterminación. Esto vale para casos como el del antiguo Sáhara español.
Llegados a este punto y ante el sentimiento expresado por la gran mayoría de la ciudadanía catalana en las encuestas, en la calle y en su Parlamento, y a la vista de que el partido hermano –PSC– está a favor del derecho a decidir o cuando menos de la consulta, me pregunto cuál es la salida real y legítima que damos los socialistas a esta grave situación más allá de recordar lo que establece una Constitución Española de hace 34 años, no inmutable.
Es cierto que el PSOE ha planteado una alternativa: la salida federal. Una propuesta que precisa maduración para muchos catalanes y españoles en general, una oferta desde la oposición algo tardía sin duda e hilvanada en la cita territorial socialista de Granada con la confrontación ya avanzada. ¿Pero tiene suficiente enganche? ¿Llega a tiempo para desactivar el choque de trenes de alta velocidad? ¿Genera acuerdo en Catalunya o en el conjunto del Estado con otras fuerzas? ¿La comparte el presidente Rajoy, máximo responsable con el PP de haber echado gasolina al fuego durante años en una buscada confrontación españolista y de tufillo electoral, político irresponsable y especialista en mirar al cielo para dejar transcurrir el tiempo hasta que pase la tormenta?
Me parece que nuestra respuesta, bienintencionada, se queda corta y no propicia la búsqueda de una salida del laberinto en el que hemos introducido a ese pueblo.
No sé si nos damos cuenta de que el sentimiento expresado por la mayoría de los catalanes debemos traducirlo como una clara expresión de su voluntad democrática. Lo diré más claro: ¿si hubiera una clara mayoría entre la ciudadanía catalana favorable a la independencia, haremos oídos sordos y vamos a imponerles que, sin ni siquiera consultarles, sigan formando parte de España porque lo dice la sagrada Constitución... y punto?
¿Dónde queda el respeto a los principios de la democracia? ¿Cómo nos situamos ante el debate entre legalidad y legitimidad? ¿Para cuándo la creación de cauces de participación y consulta a la ciudadanía como se reclaman desde las posiciones defensoras de regeneración democrática, más allá de una legalidad vigente y siempre reformable?
Nos enfrentamos a un asunto de gran complejidad jurídica, a un problema político endiablado que se ha dejado enquistar, es verdad. Y no cabe ahora la demagogia ni frivolizar salidas. Pero los socialistas tenemos la obligación de dar una respuesta acorde con la realidad, forzando el diálogo entre las partes, exigiendo al Gobierno de España y al de Catalunya que se sienten a negociar y reforzando nuestra propuesta en la clave democrática.
Por eso apunto, nada más, la necesidad de contrastar y proponer, una vez conocida la opinión de toda la militancia del PSOE, una ley de la claridad como la de Canadá para el caso de Quebec o un proceso legal y pactado de consulta como el negociado por un inteligente Cameron para Escocia. ¿Son estos precedentes en países de tradición democrática una locura para el caso catalán? No en mi opinión.
Claro que no será tarea fácil porque el debate no se produce en las mejores condiciones sino en medio de una crisis económica que todo lo salpica y pervierte, de un silencio total a la hora de argumentar las ventajas de mantener el vínculo, de unos antecedentes de agravios a Catalunya y de unas tendencias recentralizadoras y promotoras de tensiones impulsadas por el PP. Pero lo último que podríamos hacer los socialistas, en este momento histórico, es envolvernos en la fina bandera del federalismo y gritar !viva la Constitución! Una contradicción hoy evidente por otra parte.
