La Ley del Talión

El pasado 5 de enero Pili Zabala, ex candidata de Podemos en Euskadi y hermana del asesinado por los GAL José Ignacio Zabala, presentaba ante la Fiscalía de Gipuzkoa una iniciativa que “incoe diligencias de investigación para dilucidar si el señor Felipe González Márquez pudiera ser objeto de denuncia por haber incurrido presuntamente en el delito de inducir a cometer atentados y desapariciones forzadas a través de los GAL”.

Lo hacía refiriéndose, entre otros documentos, a un informe desclasificado por la CIA con mención expresa al ex presidente del Gobierno, que el propio Felipe González calificó el pasado mes de julio como “un refrito para el derribo de lo que llaman el régimen del 78”.

Esta iniciativa nos retrotrae a tiempos pretéritos difíciles de olvidar. Las acciones de ETA fueron tan espantosas que crearon un clima social y político inmerso en la más absoluta desesperanza. Resultaba difícil sustraerse de una realidad que, día sí y día no, azotaba con un nuevo atentado, un nuevo asesinado, una nueva víctima. Recuerdo que una mañana estuve hablando animadamente con un pequeño empresario vasco de esto y de aquello. Dos días después asistí a su funeral. ETA lo había asesinado. Lo que más me llamó la atención fue la entereza de la familia, la actitud contenida de sus hijos. Quizá era por la compañía, por sentirse arropados por tanta gente presente en el funeral. Pero pasan los días y tú te has quedado sin padre, te lo han arrebatado trágicamente. He pensado más de una vez en cómo hubiera actuado yo en esa situación. La rabia contenida puede dar paso al deseo de venganza. Es algo muy humano. La Ley del Talión resulta gratificante, pero algo hay en el ser humano, en la víctima, que le hace ser más generoso que el asesino. No utiliza las mismas armas para vengarse.

En los años 80 del pasado siglo, la sucesión de asesinatos y acciones terroristas llevó al Estado a una disyuntiva. En un sólo año, 1980, ETA asesinaba como media a una persona cada cinco días, resultaba insufrible. Reunidos responsables de la seguridad, decidieron aplicar la Ley del Talión. Funcionarios del Estado actuaron fuera de la ley contra los terroristas. Incluso contrataron a mercenarios y les dieron la orden de atacar a miembros de ETA en suelo francés a cambio de importantes cantidades de dinero, de fondos públicos. Crearon una identidad: Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Pusieron a su mando a oficiales de baja graduación dispuestos a jugársela por la pasta. Y comenzó la actuación. 27 asesinatos y algún secuestro. 

Lo tremendo de todo aquello fue que situaban al Estado a la altura de ETA. Dieron un paso al abismo empujados por la Ley del Talión y se olvidaron de que, como decía Cicerón, “los magistrados que administran la Ley, los jurados que la interpretan - todos nosotros, en suma- obedecemos la Ley con el objeto de poder ser libres”. Se saltaron la ley, al igual que lo venían haciendo los terroristas.

Cierto que lograron llevar el miedo a los círculos alrededor de ETA pero, ¿a qué precio? Años después llegaron las investigaciones judiciales y las condenas, aunque varias actuaciones quedaron sin resolver. 

En julio de 1998, el Tribunal Supremo condenó por una de las acciones de los GAL, el secuestro de Segundo Marey, nada menos que al exministro de Interior José Barrionuevo, al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y al gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal, a 10 años de cárcel. La cúpula del ministerio del Interior, condenada por el Supremo.

Segundo Marey, era un ciudadano residente en Hendaya que el 4 de diciembre de 1983 fue secuestrado, en pijama, en esa localidad por tres mercenarios que habían sido pagados con fondos reservados del ministerio del Interior. Los secuestradores lo confundieron con un etarra y lo mantuvieron secuestrado en condiciones horribles a pesar de que se dieron cuenta de su error. Fue el inicio de las actividades de los llamados GAL. Como se ha mencionado, por aquel secuestro fue procesada y condenada la cúpula de Interior a 10 años de cárcel. El ex ministro José Barrionuevo fue indultado por el entonces presidente José María Aznar cuando llevaba tres meses de cárcel, lo mismo ocurrió con sus compañeros del ministerio.

El comandante del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en 1983, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel en julio de 2001, cuando ya era general, por el caso del secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Junto a él fue también condenado el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga. Galindo cumplió cuatro años de cárcel, de los 75 a los que fue condenado. Elgorriaga únicamente cumplió dos años.

Aquel caso fue especialmente tenebroso, porque los secuestradores torturaron en una sede oficial del Estado, y con especial oficio, a los secuestrados. Ambos eran cercanos a ETA, pero tenían muy poca información. Así que poco pudieron sacarles y, en el camino hubo tal fruición en la tortura que los dos secuestrados eran prácticamente guiñapos humanos con cierta vida, cuando dos guardias civiles los trasladaron desde San Sebastián hasta un terreno de Alicante donde los remataron a tiros y enterraron en cal viva.

Este caso es el que provocó un terremoto emocional en la vida de Pili Zabala, porque José Ignacio Zabala, uno de los secuestrados  y asesinados, era su hermano.

En junio del año pasado saltaba una inquietante noticia: “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”, titulaba el diario La Razón, basándose en un informe confidencial de la CIA recientemente desclasificado. En ese informe, elaborado en enero de 1984, entre otros documentos, es en lo que se basa Pili Zabala para tratar de desentrañar lo que realmente fueron los GAL. En su escrito remitido a la Fiscalía de Gipuzkoa este pasado 5 de enero, Zabala argumenta lo siguiente:

“El pasado mes de junio salía a la luz un informe redactado por la CIA en enero de 1984 en el que se aseveraba textualmente que ”Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas“. La frase sobre el presunto papel del ex presidente del Gobierno español en la creación de los GAL queda suspendida entre dos grandes huecos en blanco censurados por la agencia de inteligencia americana antes de desclasificar el citado informe, por lo que no se identifica la fuente de la información que permite hacer esta afirmación. No obstante, que tanto la frase anterior como la siguiente estén tachadas denota un claro indicio de que no se trata de declaraciones indirectas, sino de la revelación tajante de una o de varias personas con información fidedigna, directa y privilegiada”.

A raíz de la publicación de ese informe desclasificado de la CIA el pasado mes de junio, PSOE, PP y Vox votaron en contra de una iniciativa para crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre el asunto.

El propio Felipe González negó taxativamente en 1995 que desde el Gobierno se decidiera iniciar algo parecido a los GAL. “Es una hipótesis imposible” aseguró en una entrevista realizada en 1995 por Iñaki Gabilondo en TVE. “Un periodista me preguntó -dijo González- ”¿y si se demuestra que el Gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho y por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso“.

En una entrevista publicada este pasado viernes en El Correo y El Diario Vasco, Zabala aseguraba que “todo documento que sirve como posible prueba de delito debe ser analizado y no puede ser rechazado sin investigación y menos si proviene de la CIA, que para lo que interesa se considera una fuente muy fiable”.