Sembrando resistencias
Las acciones de resistencia que han ido naciendo a medida que la estafa-crisis se hacía más profunda y dolorosa han cambiado muchas cosas. Una de las más importantes es, precisamente, la percepción que ahora se tiene acerca de la legitimidad de la resistencia. La simpatía y la solidaridad que estas huelgas y todas las demás que han tenido lugar durante este tiempo han despertado en la gente. Y esto implica un cambio importante respecto a la situación precrisis.
La huelga de los profesores de Baleares cuenta con la solidaridad y el apoyo de toda la comunidad educativa; toda ella, en todo caso y desde el principio, contra la ley Wert. Pero, además, ha despertado inusitadas muestras de apoyo en toda la población balear, que se ha puesto manos a la obra y ha hecho efectivo este apoyo y esta solidaridad participando cada uno, cada una, como ha podido. Desde la donación de obras de arte para la Caja de Resistencia, pasando por el ofrecimiento de comida gratis a los profesores por parte de tiendas de alimentación o de restaurantes hasta llegar a la masiva participación en la manifestación; una participación nunca antes vista en las islas.
Incluso si la huelga no consiguiera finalmente la retirada del decreto del tratamiento integral de lenguas (TIL), la movilización ya ha sido un éxito y ha contribuido a apuntalar el cambio que ya se había producido claramente en la percepción social de la política y en la necesidad y legitimidad de la resistencia social frente a las políticas o las leyes injustas.
Hace unos pocos años, lo único que se oía ante una huelga era lo mucho que molestaba; era lo habitual. Creado, fomentado y animado por la derecha y por medios de comunicación afines, se había generalizado un peligroso sentimiento de animadversión hacia el derecho de huelga y hacia cualquier forma de protesta que “molestara”. Ante cualquier expresión de resistencia o protesta, se formaba inmediatamente un coro mediático y político que conseguía que la huelga, la manifestación o la protesta apareciera como algo molesto, como una enfermedad en un cuerpo social que parecía rechazarla. Estaba calando la aceptación social de un inexistente y peligroso supuesto “derecho”: el que se supone que tiene la ciudadanía a no ser molestada por las huelgas o las protestas. Había calado también la idea de que la frontera de la legitimidad es la aceptación de la ley o de la norma.
Cualquier protesta que pareciera no cumplir escrupulosamente con la ley (por definición, las protestas se hacen contra leyes o normas establecidas o que se pretende establecer) era inmediatamente deslegitimada por un coro mediático-político dedicado a asustar acerca de los peligros de no aceptar la razón “democrática” del poder.
Las huelgas de médicos y profesores han servido para que la gente tome conciencia de que la huelga es útil y que las supuestas molestias no son nada si se comparan con los daños que la huelga trata de evitar. El activismo social, sobre todo de la PAH pero también de otros muchos colectivos organizados ante la situación de emergencia social, ha servido para, además de lo evidente –esto es, evitar desahucios y funcionar como una escuela de activismo social y solidaridad colectiva–, legitimar la resistencia frente al poder.
Ahora la gente percibe claramente que una cosa es el sistema legal, el sistema judicial, el Código Penal y, otra muy distinta, la justicia. Ahora la gente sabe que no importa lo que la ley diga, que la razón la tienen los activistas y no la policía, ni el Gobierno, ni la ley. Cuanto más endurece progresivamente Gallardón el Código Penal para reprimir y castigar la protesta, por un lado, y dejar sin castigo la injusticia económica, por el otro, más se legitima socialmente el activismo y la resistencia y más se tiene conciencia de que todas estas reformas no buscan ninguna mejora social, sino que se aprueban con el único propósito de dificultar las protestas y defender a los poderosos. Naturalmente que esto siempre ha sido así, pero es un éxito no menor de los y las activistas haber conseguido visibilizarlo claramente y que la gente sepa de parte de quién tiene que ponerse.
La huelga y manifestación de la marea verde en Baleares ha dejado esto muy claro. El Gobierno de Bauzá puede esconderse, insultar al profesorado o amenazar a padres y madres con quitarles la custodia. Nuestra labor ahora es echarlos; al Gobierno, digo.
