Supremocracia

Hace muchos años un magistrado de la ahora controvertida Sala III del Tribunal Supremo, ya fallecido, contaba un chascarrillo a raíz de que fueran a pedirle una recomendación. Era un hombre con mucha chispa. Cuando le solicitaron con timidez una recomendación para alguien preguntó a su interlocutor:

¿Te acuerdas de Lázaro, el del Evangelio?

Pues, claro

¿Y qué pasó con Lázaro?

Que resucitó...

Ahora, piensa, ¿cuánta gente crees que moriría en Betania y el resto de Judea aquel día?

Pues no tengo ni idea. Supongo que muchos. Eran malos tiempos...

Y, entonces, ¿qué tenía Lázaro para resucitar que no tuvieran los demás? ¿No lo ves? ¡Pues que era el amigo de Jesús! Así que no pecamos... está en los Evangelios.

Este martes el presidente de Sala amigo de Lesmes -El destrozo del Supremo-, elevado a tal por ese bíblico motivo, volcó con su sólo voto el sentido de un pleno anormalmente convocado por él mismo y consiguió alterar la doctrina del tribunal competente en el asunto de las hipotecas. Ya no hay incertidumbre sino que queda la seguridad de que el tribunal ha volcado la balanza del lado del poderoso con un simple golpe de batuta, aun a riesgo de desprestigiar al máximo órgano jurisdiccional del Estado de Derecho. Ahora ya o algún juez de base acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o esperamos a que el legislador mejore su técnica y haga una ley que no quede a la interpretación, como vemos perfectamente variable y casi caprichosa, de los jueces. Es esa una cuestión candente, la de los jueces que legislan. Un día tendremos que hablar de las reformas legislativas que el Tribunal Supremo ha introducido bajo el manto del acuerdo de pleno para decidir la interpretación. Y nadie les ha votado. No representan a nadie. La falta de control externo de la actuación de la alta magistratura, que es necesaria para garantizar la independencia, puede dar lugar en circunstancias aviesas a un gobierno de las togas a una Supremocracia en la que ni siquiera sea el poder político o parlamentario el que presione sino que las dinámicas funcionen por sí mismas.

Este dislate del impuesto de las hipotecas tiene, sin embargo, una parte positiva para dejar claras algunas cosas. En este caso, la parte de la sociedad perjudicada por los virajes y piruetas del Tribunal Supremo es tan grande, tan transversal, y todo ha sido tan evidente, que no cuesta nada aceptar que eso no funciona. Las misma dinámicas que el poder fáctico económico ha podido suscitar ahora, se llevan produciendo tiempo en la Sala II en relación con la cacareada razón de Estado. Sólo que los virajes y anomalías que afectan a los procesados catalanes resultan mucho más difíciles de explicar para los legos en Derecho, están más enrevesados y, sobre todo, afectan a un caso en el que la mayoría quiere que se haga lo que se está haciendo sin importar a costa de qué. La diferencia pues entre el descrédito de ambas Salas tiene que ver con la mayoría en la opinión pública. En un caso es adversa y en otro favorable, sin embargo eso no cambia la realidad del profundo deterioro del órgano que es capaz de controlar a todos -Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a todos los ciudadanos-; pero sobre el que no existe un contrapoder que no sea de sus propios pares.

Hay muchos hechos que lo demuestran pero, quiso la casualidad, que a la par que conocimos la debacle de la Sala III, supiéramos también por Estrasburgo que Otegi vio vulnerados sus derechos humanos y que el Tribunal Supremo fue arte y parte en ello. A pesar de que dos magistrados en votos particulares vieron que la presidenta de su tribunal, Ángela Murillo, estaba contaminada por sus frases parciales hacia él en otro caso, la mayoría tiró millas y lo tuvo más de seis años en la cárcel. Aún sigue inhabilitado. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada. Sólo que cada vez más es evidente que, en muchas cuestiones, la búsqueda de justicia real pasa por acudir a tribunales internacionales y lejanos. Y eso no puede ser. Eso deja al Tribunal Supremo y al sistema español a los pies de los caballos. Da igual que en la base haya miles de jueces currando como leones sin medios y con mucha voluntad. Da igual porque a todos les puede corregir y casar ese Supremo agusanado.

Han pedido la dimisión del presidente de la Sala III, Díez-Picazo, y del amigo que lo nombró, Carlos Lesmes, pero eso no es suficiente. Emprender el saneamiento de nuestro sistema judicial es imprescindible. Sin eso no hay reforma democrática posible. La cuestión es cómo hacerlo. Los jueces, sobre todo los conservadores, vienen pidiendo desde hace tiempo que se vuelva al anterior sistema de elección directa de 12 vocales judiciales por los propios jueces. Dicen que así se soluciona el problema. ¿Cómo arreglaría eso el hecho cierto de que no sólo la politización sino también el amiguismo, el nepotismo y las lealtades de familias judiciales han llenado el Tribunal Supremo de mediocridad? Nos dicen que GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) es lo que ha recomendado ante la evidente caída de calidad de la democracia española. ¿Saben en GRECO lo que está sucediendo con el amiguismo y el enchufismo entre jueces para los nombramientos? A lo mejor si alguien le mostrara esas evidencias no apostaban por entregar a los jueces la votación directa de la mayoría del CGPJ, porque el riesgo de que acaben gobernándonos a todos los que el pueblo no ha elegido no deja de estar ahí y no deja de ser preocupante. Así que los jueces y los fiscales le van a hacer una huelga el día 19 a la ministra Delgado -a capón, sin movilizaciones progresivas ni nada, que ellos ya le han cogido el tranquillo- y eligen para ello un momento en el que, no me cabe duda, la mayoría de la opinión pública les va a apoyar sin fisuras... Es ironía. Ya saben que siempre les he dicho que son especialistas en elegir los peores momentos de cara al sostén y visibilidad de sus movilizaciones.

Así que lo de las hipotecas viene a ser la gota que colma el vaso -esa que casi todos hemos recibido en plena cara como un escupitajo- de una situación que llevo ya muchos años narrando para ustedes. El nuevo CGPJ es muy probable que se renueve en tiempo en diciembre. Deberían introducirse las correcciones necesarias para que, a pesar de que políticos y familias de togas quieran meter baza en ellos, los nombramientos judiciales se sustrajeran de ese juego. Algo de ello ya fue introducido en la reforma pactada por casi la totalidad del Congreso -292 diputados- la semana pasada. Aún puede irse más lejos en ese camino. Estudiemos de forma constructiva cómo.

Cuando los ciudadanos dejan de confiar en la Justicia el sistema se desmorona. Y no somos los que los denunciamos -como insinúan muchos jueces, algunos del TS- los que buscamos ese desprestigio y esa ignominia. Es que la realidad es tozuda y la degradación de todos estos años ya no puede ser ocultada. Queremos un Estado de Derecho y no una Supremocracia.