Las implicaciones de la corrupción

¿Cómo parar la corrupción y expulsar a los corruptos de la gestión pública? La conjunción de intereses perversos en cargos públicos/políticos, empresas contratistas, funcionarios y sistema judicial permisivo, junto con la tolerancia social, hacen que la corrupción siga campando a sus anchas.

Frente a la corrupción es preciso identificar claramente quienes intervienen y son responsables de las prácticas corruptas. No todos ellos aparecen en las noticias de estos días.

Primero los cargos públicos corruptos. Pero estos solos, sin que intervengan más personas, no pueden poner en marcha, con éxito, redes corruptas para quedarse con el dinero de todos, con el dinero público.

En segundo lugar, participan aquellos que pagan por recibir, con amaños variados, contratos públicos de forma ilegal o irregular: las empresas contratistas con las administraciones públicas. De estas, apenas se habla. Ellas son igualmente responsables de la corrupción. Si de verdad no hay corrupción en las empresas: ¿por qué no denuncian cuando les piden dinero para adjudicar un contrato? ¿O son ellas mismas las que lo ofrecen?

Hay otro nivel que no aparece en las informaciones sobre la corrupción en los contratos públicos: empleados y funcionarios públicos. Estos son los que, con sus informes y propuestas, hacen posible la unión entre los intereses de los cargos públicos corruptos que quieren que el contrato se adjudique a tal empresa y la empresa dispuesta a pagar por la adjudicación de ese contrato.

Los políticos siempre están parapetados detrás de un informe o propuesta de un funcionario que es el que viste, da visos de legalidad, con interpretaciones y valoraciones “ad hoc”, a esas adjudicaciones amañadas en favor de la empresa amiga predeterminada.

Como cierre del sistema de la corrupción en las administraciones públicas, la última falla está en el control judicial, o mejor, en la debilidad extrema del imprescindible control judicial que debería ser exhaustivo, rápido y objetivo.

Cuando hay denuncias sobre estas prácticas en casos no mediáticos o de fuera de Madrid, el sistema judicial se inhibe demasiadas veces, dando, además, a los corruptos un mensaje de impunidad que les hace valientes en sus prácticas presuntamente delictivas.

Cómo funciona la corrupción y cómo deja de funcionar el sistema de control público es, a mi juicio, la cuestión imprescindible en este momento; que se investigue y aparezcan todos los nombres de todas las personas que intervienen, con el fin de acabar con la sensación de impunidad.

Los cargos públicos son los que deciden, pero no lo hacen por sí solos, antes uno o varios funcionarios han hecho informes y propuestas. Funcionarios, técnicos o jurídicos, que justifican y dan apariencia de legalidad a la adjudicación del contrato a favor de la empresa. Hasta que no caigan, junto con los cargos públicos, aquellos funcionarios que hicieron posible la trampa en la adjudicación del contrato, no empezaremos a reducir o acabar con la corrupción.

Las empresas conviven con naturalidad en este sistema corrupto de adjudicaciones de contratos públicos. ¿Por qué no denuncian públicamente cuando le piden comisiones? ¿Por qué no recurren ante la justicia? Las empresas se mueven en ese mundo con cargos públicos y con funcionarios, pagando comidas y fiestas, viajes exóticos, haciendo regalos, cuyos costes salen del dinero público. Ahí está la corrupción. Es imprescindible que se actúe con mucha más dureza, con penas de cárcel, no solo de inhabilitación. Cuando una empresa sea condenada por corrupción, la prohibición para contratos públicas ha de ser para siempre, indefinida.

Además, el mundo judicial es reacio a investigar ante denuncias de casos claros de tráfico de influencias, malversación de dinero público, prevaricación, salvo en supuestos muy mediáticos en Madrid, o por razones ideológicas de sus titulares. Los juzgados son demasiado tolerantes ante las presuntas prácticas corruptas denunciadas, sobre todo en provincias.

Para terminar, existe una complacencia y comprensión de la sociedad hacía la corrupción en lo público: los defraudadores de impuestos, los que consiguen contratos a cambio de dinero y se lucran con lo que es de todos, son considerados listos. No hay, en la sociedad, una condena ética rotunda a ese tipo de comportamientos. No está mal visto robar de lo público.

Gabriel Risco Ávila. Funcionario público jubilado. Concejal Ayuntamiento de Salamanca, 2015/2019. Ganemos Salamanca