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La paradoja del Huerna

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El Gobierno asturiano (formado por PSOE-CxAst) se encuentra en medio de una gran paradoja. Apoyado a derecha e izquierda por las formaciones políticas regionales y los partidos gobernantes en su entorno, Galicia, gobernada por el Partido Popular, y Castilla y León, igualmente gobernada por la derecha (PP-Vox), ha centrado sus reivindicaciones en anular el peaje de la autopista del Huerna, que enlaza Asturias con León. Por ello, se ha enfrentado al Gobierno central formado por el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Es decir, con un Ejecutivo de su misma ideología. El enfrentamiento se debe a que la jefatura comunitaria exige a la nacional que elimine un pago que discrimina a los asturianos de los demás españoles cuyas vías de comunicación, al menos las básicas, fueron liberadas de ese tributo. Ejemplos claros son los de las vías de peaje en Galicia, que sufrían las mismas cargas de las asturianas y la Comunidad Europea consideró ilegales, y las de la comunidad de Cataluña.

El caso asturiano tuvo su punto álgido cuando el Gobierno de José María Aznar, meses antes de perder las elecciones en 2004, prorrogó el permiso de explotación a Aucalsa, hasta 2050, es decir 29 años más de los establecidos en el contrato de construcción y explotación de una vía de alta montaña, lo que representaba un peaje superior al de la media de otras vías de pago que existían en el territorio nacional. Teóricamente (en el contrato primitivo) en 2021 Asturias dejaría de pagar un peaje para comunicarse con la Meseta en una vía de alta capacidad. Es decir, los asturianos llevan cuatro años pagando un impuesto que el resto de los españoles no pagan si quieren comunicarse con las demás, salvo con Galicia y Cantabria, comunidades. Teniendo en cuenta que si el viajero astur ha de ahorrar tiempo para sus gestiones o trámites, necesita utilizar otra vía de pago a Madrid como es la autopista de Guadarrama. Es decir, un doble pago. Lo cual representaría un sobreprecio mínimo desde el Principado hasta la capital del Reino, donde reside el Gobierno de la Nación, de aproximadamente entre cincuenta céntimos y un euro por kilómetro, según el tipo de vehículo a utilizar. Sobrecoste que puede repercutir en los precios comerciales.

Aunque durante los últimos años, y ante la presión de diferentes colectivos tras la promesa incumplida de José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar el peaje si alguna vez llegaba a ser presidente del Gobierno, el importe del peaje fue rebajado levemente, especialmente a transportistas frecuentes en esa ruta, una rebaja que ha sido considerada insuficiente por gran parte por el colectivo de usuarios. En 2021, año en que finalizaba la explotación por Aucalsa, la concesionaria adjudicada por el Gobierno del Partido Popular, Podemos denunció ante la Comisión Europea dicha prórroga, que se dictó a dedo y sin concurso público.

El caso es que la Comisión Europea considera que la ampliación, la prórroga hasta 3050, es irregular. Por su parte el Ministerio de Transportes, presidido por el socialista Óscar Puente, que no decidió esa prórroga –concedida a un cambiante conglomerado empresarial por un Ejecutivo del PP–, justifica sostener el peaje porque anularlo representaría un coste inasumible para el Estado y considera que la agenda del Ejecutivo asturiano, apoyado por la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia, que los políticos asturianos tienen la agenda “desenfocada”, y el ministro aduce que el asunto del Huerna no es un asunto trascendental para la región. Un impuesto que los residentes en Asturias llevan 65 años pagando.

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