En las últimas semanas han aparecido dos nuevas publicaciones que deberían leer todos los que estén interesados en la desigualdad en España: Estructura social y desigualdad en España (José Saturnino Martínez, Editorial Catarata) e Informe sobre Desigualdad en España 2013 (Fundación Alternativas). Ambos parten del mismo análisis: desde principios de los 80 hasta la actualidad, la desigualdad ha aumentado tanto en España como en las sociedades desarrolladas. Usemos los indicadores que usemos, todos llegan a las mismas conclusiones. Pero a partir de aquí, los dos trabajos siguen caminos distintos, complementándose perfectamente.
El Informe de la Fundación Alternativas se centra principalmente en la desigualdad de resultados, analizando las diferencias salariales dentro del mercado laboral, estudiando las diferencias de renta de los colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes e inmigrantes) e investigando en detalle la capacidad redistributiva de las políticas del bienestar. Una de las conclusiones más relevantes es que no todo el gasto público genera igualdad, siendo algunas partes de éste claramente regresivas.
Por su lado, José Saturnino Martínez presenta una perspectiva más “innovadora”. Partiendo de un debate mucho más conceptual y teórico, analiza algunos colectivos sociales que siempre se encuentran en la parte más vulnerable de la sociedad, como los jóvenes y las mujeres. Observa que parte de sus condiciones precarias siguen explicándose todavía por su origen social. Es decir, en el fondo, detrás de muchas desigualdades presentes se esconden las clases sociales.
Así, por ejemplo, cuando analiza las cuestiones de género en el capítulo 5, acaba concluyendo: “hay una tensión entre clase y género, pues las medidas que favorecen los intereses de las mujeres de las clases populares son contraproducentes para los intereses de género de las mujeres de clases altas, que no desean que otras mujeres contribuyan a perpetuar estereotipos”.
Algo parecido se observa entre los “mileuristas”. Incluso en las etapas de expansión económica, la probabilidad de ser un joven con estudios superiores y un salario como máximo de 1000 euros dependía del origen social. Los jóvenes que procedían de familias con estudios superiores tenían una menor posibilidad de ser “mileuristas” que el resto. Por lo tanto, el fenómeno del “mileurismo” no dejaba de ser una cuestión de clase social.
Mientras que el Informe de la Fundación Alternativas se centra mucho más en las desigualdades de resultados y la capacidad de transferir renta por parte del Estado a través del gasto, el trabajo de José Saturnino Martínez nos hace reflexionar sobre la igualdad de oportunidades. Esto hace que ambos trabajos sean complementarios, puesto que se centran en dos aspectos de la igualdad totalmente distintos.
En ambos casos, las conclusiones para la izquierda son muy similares: algo se ha hecho mal en los últimos 30 años. Es cierto que no siempre ha gobernado la socialdemocracia. Pero cuando lo ha hecho, los datos indican que, como mucho, pudo mantener constante la desigualdad, mientras que con la derecha aumentaba.
¿Qué hacer? El camino que tiene por delante la izquierda es redefinir la capacidad redistributiva y de igualdad de oportunidades del Estado del bienestar. Esto significa hacer mucho más énfasis en algunas partes del gasto que en otras. Así, por ejemplo, debería ser una prioridad las primeras etapas educativas, especialmente la que va de 0 a 3 años y la primaria. En cambio, los datos indican que el gasto universitario es muy regresivo. Mientras que no se logre que un mayor porcentaje de jóvenes de clase baja llegue a la universidad, es una parte del gasto público que favorece a las clases medias y medias-altas. Por lo tanto, el reto es aumentar el número de estudiantes universitarios de clases bajas.
Además de cambiar las prioridades del gasto, la izquierda también debe reflexionar sobre el diseño del Estado del bienestar: ¿Quiénes deben ser los destinatarios de las políticas sociales? El dilema se produce entre políticas universales y políticas focalizadas en los colectivos más vulnerables. Dependiendo de la elección que hagamos, nos encontraremos con elementos positivos y negativos.
Si optamos por las políticas universales, es cierto que el apoyo al Estado del bienestar aumentará entre las clases medias, en la medida que también son beneficiarias del gasto público. No obstante, la capacidad redistributiva de las políticas sociales disminuirá, puesto que seguiremos transfiriendo parte del gasto a personas con renta media.
En cambio, si elegimos un diseño de las políticas sociales más centradas en los colectivos más vulnerables, el apoyo económico y político al Estado del bienestar disminuirá entre las clases medias. Además, los servicios públicos pueden acabar convirtiéndose en guetos donde se estigmatizaría a sus beneficiarios. En cambio, aumentaría la capacidad igualitarista del gasto público, puesto que casi toda la renta se transferiría a quienes más lo necesitan.
Quizás, la solución se encuentre en combinar políticas sociales universales con políticas más focalizadas en algunos grupos sociales. En la etapa de la vida donde se forja la desigualdad, especialmente la infancia y los primeros años, las políticas universales pueden contribuir a equilibrar los puntos de partida. En cambio, cuando las desigualdades son muy evidentes, conforme vamos cumpliendo años, las políticas sociales deberían centrarse en los que más lo necesitan. Así, mientras que en un principio nos centraríamos en la igualdad de oportunidades, conforme pasamos por las distintas etapas vitales, pasa a ser prioritaria la igualdad de resultados.
