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Desahucios y democracia

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El Gobierno, bajo presión extrema de la opinión pública, aprobó la semana pasada un decreto ley que prevé retrasar una pequeña parte de los desahucios. Más allá del contenido exacto de las medidas, la manera en que se han negociado ejemplifica un grave problema de la democracia en España: la baja inclusividad del sistema político que a su vez obstaculiza el crecimiento económico.

Este año se ha publicado uno de esos libros que se convierte en un clásico instantáneo. En “Why Nations Fail” los economistas Daron Acemoglu y James Robinson se preguntan por qué algunos países prosperan pero otros no y, frente a explicaciones geográficas o culturales, ellos dan una explicación política. Para que se dé crecimiento económico sostenido es necesario que existan instituciones económicas inclusivas, es decir reglas del juego que ofrezcan seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Estas reglas sólo surgen y se consolidan bajo instituciones políticas inclusivas que reparten el poder político entre múltiples sectores de la sociedad. Las instituciones políticas no inclusivas, por el contrario, dan acceso privilegiado al poder político a las élites quienes ajustan las reglas del juego a conveniencia y limitan el acceso a las decisiones políticas a nuevos actores -no fuera caso que quisieran cambiar esos arreglos tan favorables. El precio de tener malas instituciones es el empobrecimiento de la sociedad porque cuando las reglas son sesgadas existen menos incentivos para invertir, trabajar e innovar.

Por supuesto, la democracia es un sistema más inclusivo que otros, pero existen grados de inclusividad. En algunas democracias, muchos actores y grupos sociales (sindicatos, asociaciones, ONGs, partidos pequeños, además de empresas y grandes partidos) participan en el proceso político que es transparente y abierto. En otros casos, los principales partidos políticos negocian entre ellos y con las élites económicas. Intereses poderosos, como el sector financiero, pueden cooptar a los principales partidos para obtener un trato privilegiado.

La democracia española tiene muchos elementos inclusivos, pero también muchas carencias y el debate sobre los desahucios y la reforma de la ley hipotecaria es un buen ejemplo. En situación de impago los intereses de banco e hipotecado difieren: el banco querría, idealmente, quedarse con la garantía hipotecaria (el piso) y que el hipotecado pague la deuda; el hipotecado querría quedarse con el piso y sin deuda. La dación en pago es una solución ecuánime porque reparte las pérdidas. La legislación actual, sin embargo, refleja en tal medida los intereses de los bancos que parece redactada por ellos. Desde una perspectiva de la falta de inclusividad política, esto no es sorprendente: sugiere que los bancos tienen acceso privilegiado al poder político, pero los hipotecados no.

El ninguneo total del Gobierno a asociaciones de hipotecados es una medida de la falta alarmante de inclusividad de nuestro sistema político. Las negociaciones de la semana pasada, forzadas por una situación de emergencia social después de que se produjeran varios casos de suicidio de hipotecados, fueron llevadas entre PP y PSOE. Los sucesivos gobiernos de uno u otro signo nunca se han dignado a sentarse a negociar con los afectados. A pesar de llevar años batallando, organizaciones ciudadanas como la Plataforma de Afectados por la Hipotecada están excluidas del proceso político formal mientras la otra parte, los bancos, es escuchada a voluntad. La alternativa que queda a los ciudadanos es influir desde fuera, a través de los medios de comunicación y acciones de protesta, pero pueden pasar años sin conseguir victorias importantes. Es comprensible que crezca la creencia de que los grandes partidos no responden a los intereses de la mayoría sino a intereses económicos particulares.

Si Acemoglu y Robinson están en lo cierto, la falta de inclusividad del sistema político debería preocuparnos puesto que es a la vez síntoma y causa de que existan reglas del juego sesgadas que obstaculizan el crecimiento económico. La cuestión entonces es cómo aumentar la inclusividad. En su blog, han discutido recientemente en qué circunstancias los partidos políticos es más probable que defiendan el interés general. Una teoría señala que la emergencia de movimientos sociales y nuevos partidos externos al sistema político, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, aumenta la inclusividad. Puesto que los nuevos actores no pueden repartir recursos del Estado para contentar a sus seguidores, tienen que ofrecer propuestas programáticas atractivas para movilizar. Una vez llegan al poder, estos nuevos actores tienden a mantener la misma estrategia y ofrecer políticas en beneficio de amplios sectores de la población. Desde esta perspectiva, para que aumente la inclusividad del sistema político, es necesario que entre sangre fresca.

Sin duda, esta respuesta deja preguntas abiertas. Por qué una vez llegan al poder los nuevos actores no se corrompen? Es posible renovar los partidos desde dentro? Pero esta manera de pensar sobre lo que está ocurriendo ofrece también perspectivas esperanzadoras. Se está produciendo una movilización social en España sólo comparable en tiempos recientes a la época de la Transición. Cabe preguntarse si de esta movilización social saldrán nuevos actores políticos “desde fuera” suficientemente potentes para ganar poder político sin ser cooptados por las élites. Los nuevos movimientos y actores pueden conseguir reformas políticas y económicas en beneficio de sectores amplios. Quizás, sin darnos cuenta, estamos ya en medio de un profundo proceso de regeneración democrática al que podríamos llamar, por ejemplo, la Segunda Transición.


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