La situación: inicialmente, la Mesa de Les Corts Valencians -en la que se sientan PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos- aprobó un gasto de 64.200 euros para comprar 99 teléfonos de 16 GB para todos los diputados del nuevo Parlamento valenciano. Cada teléfono móvil salía por 648,48 euros. Francisco Colomer, presidente de las Corts en ese momento, declaró que “es una decisión de todos los grupos porque ha sido la opción elegida por los servicios técnicos, pero si se tiene que revisar la decisión se revisará”. Es decir, que aunque la decisión fue por unanimidad, algún problema intuía Colomer cuando añadió que se podría revisar la compra. Así ha sido. Finalmente, como se recogía en este diario, días después, el nuevo presidente Enric Morera anunciaba que el teléfono de los diputados será otro, de un precio mucho menor: 275 euros. De esta manera, la Cámara prevé una reserva de crédito de 27.225 euros para poder adquirir los 99 móviles. La diferencia es de casi 37.000 euros.
Sin duda, en momentos de ajuste como el que se vive en España y después de los excesos cometidos en algunas comunidades y con los nuevos representantes tomando posesión y formando gobiernos, la atención es mayor y la exigencia ciudadana respecto de la gestión económica de lo público también. Además, por lo que parece (mi conocimiento sobre móviles es muy limitado), la elección de una terminal móvil por otra por los alegados motivos de seguridad parece que no se sostenían.
Sin embargo, estamos ante el típico caso en el que los medios de comunicación se centran en la anécdota pero quizá ignoran lo verdaderamente importante. En concreto, es sorprendente que ningún medio haya recogido el siguiente sinsentido: la compañía con la que se pretendía contratar inicialmente apenas factura sus ventas en nuestro país. Es decir, con dinero público, contratamos servicios para que nuestros representantes públicos puedan desempeñar su tarea. Pero las compañías que contratamos para que nuestros representantes puedan hacer su trabajo logran gracias a diferentes técnicas de ingeniería fiscal no pagar los impuestos que debieran. Que dicha compañía apenas paga impuestos en España se ha recogido en numerosas ocasiones. Por ejemplo, el año pasado tan solo pagó 2,4 millones, dado que casi toda la facturación de sus ventas en España las hace vía Irlanda. [1]
Dicha técnica tributaria es legal, pero también podría ser legal exigir en el pliego de condiciones de las contrataciones que la empresa que realice determinado servicio tanto para nuestros representantes como para la administración pública pague sus impuestos en nuestro país. Alguien puede argumentar que eso no es posible porque el músculo de algunas empresas es más potente que el de nuestros gobiernos y administraciones, que la cuantía de los contratos no es tan importante como para poner incentivos a esas empresas a cobrar de otra manera, o que si dichas empresas no ofrecen dicho servicio, ninguna otra lo haría. Pero también hay mucho de mito, de comodidad y de conformismo.
Primero, es verdad que hay empresas más fuertes que gobiernos o parlamentos. Pero en el mercado las empresas deben adaptarse a quienes pagan, los clientes pueden poner condiciones más exigentes. Si para trabajar con la administración pública o con el gobierno hay que cumplir una serie de requisitos, ¿es imposible que los criterios de contratación incluyan provisiones sobre las prácticas tributarias de las empresas concesionarias? Segundo, es posible que la cuantía de algunos contratos no sean lo suficientemente grandes como para cambiar toda la estrategia comercial de una gran corporación. Pero si en lugar de un organismo –sean les Corts o un gobierno- es toda una administración, las cosas pueden cambiar. Por no hablar de la coordinación con otros gobiernos. En tercer lugar, puede ser que en algunos casos, con servicios o productos muy concretos la competencia sea reducida. Pero hay muchos otros en los que no (la cada vez mayor competencia en el mercado de smartphones sería una prueba de ello) , y si así fuera, eso debería hacernos cuestionar la situación de oligopolio que disfrutan algunas compañías en algunos sectores.
En definitiva, a través del propio consumo –necesario para llevar a cabo las políticas que los ciudadanos les han encomendado-, los gobiernos y administraciones deberían disponer de mecanismos que fomentaran prácticas empresariales que acaban beneficiando a la sociedad en todo su conjunto.
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[1] Creo decir lo obvio cuando también las condiciones laborales de los trabajadores podrían ser un criterio a considerar a la hora de contratar con la administración o el gobierno. No es esta la entrada para hablar de las condiciones laborales en esta empresa -y probablemente en otras grandes corporaciones que externalizan gran parte de su producción. Pero para que se hagan una idea de las condiciones laborales en la planta china de la marca más valiosa del planeta, el programa de la BBC Panorama se infiltró exponiendo las duras y peligrosas condiciones laborales. Pueden verlo aquí.
