La promesa igualitaria de la democracia

Con la crisis financiera y económica, la desigualdad ha vuelto al centro del debate. Este debate se ha visto amplificado con el reciente libro de Piketty, que muestra que en el sistema capitalista existe una tendencia natural a que el capital genere mayor rendimiento que las rentas del trabajo y, como consecuencia, se cree mayor desigualdad. El argumento de Piketty es que, para contrarrestar esto, el estado ha de ser más activo. Esto abre una pregunta pertinente. Si el capital genera tasas de retorno tan altas que alimentan la desigualdad, ¿por qué las democracias sencillamente no actúan para prevenirlo? ¿por qué el capitalismo democrático no es capaz de crear mayor igualdad económica?

Hay razones teóricas para pensar que las democracias no deberían generar desigualdades. La idea es sencilla. Si la democracia es el sistema que da el poder político a la mayoría y la mayoría tiene algo que ganar con mayor redistribución y reducción de la desigualdad, entonces la mayoría se impondría para generar mayor igualdad. Este planteamiento teórico, de hecho, estaba en el centro de los debates sobre la extensión del sufragio en el s. XIX. Esta idea queda muy bien reflejada en la frase del político liberal James Mackintosh en 1818: ‘Si las clases trabajadoras adquieren el derecho al voto la consecuencia será con certeza una permanente animosidad entre opinion y propiedad’ (citada por el politólogo Adam Przeworski en el interesantísimo libro ‘Qué esperar de la democracia: límites y posibilidades del autogobierno’). El gran miedo de las élites era que la democracia conllevaría el fin de sus privilegios. Por democracia se presumía que la igualdad política llevaría a la igualdad económica. En realidad, dos siglos después, esta idea sigue formando parte de nuestras expectativas más espontáneas sobre la democracia. La vemos reflejada, por ejemplo, en el eslogan “Somos el 99%” que abandera el movimiento “Occupy Wall Street”. Si existe un porcentaje altísimo de los ciudadanos que se beneficiarían de mayor redistribución y menos desigualdad, deberían poder conseguir una mejor distribución de la riqueza.

La realidad es que, a pesar de estas expectativas, si comparamos los niveles de desigualdad en las democracias con los países no democráticos, la desigualdad solo es algo más baja en las primeras[1]. Además, la variación es enorme. Por tanto, a pesar de que las democracias poseen la herramienta que nos debería llevar a la igualdad (el sufragio universal), no siempre son capaces de generarla comparadas a otros regímenes.

Obviamente, al lector ya se le habrán pasado muchas razones por la cabeza: el poder económico, la globalización, la fuerza (o no) del movimiento obrero, las instituciones del mercado laboral, los sistemas electorales que potencian a unos partidos frente a otros, la desindustrialización, etc. Sin para nada minusvalorar el efecto que algunos de estos factores (o todos) pueden tener sobre la desigualdad, es interesante pensar que, además, existen razones que tienen que ver con nosotros y cómo votamos. Quisiera exponer aquí algunas.

Una primera respuesta clásica está en la participación electoral. Si los partidos políticos quieren ganar elecciones, serán principalmente reactivos a quienes les vota. Por tanto, aquellos grupos cuyos niveles de voto son menores, serán menos atractivos a la hora de que los gobiernos elijan a quién beneficiar con sus políticas. En este sentido, una de las regularidades empíricas más asentadas en las democracias avanzadas es la menor participación electoral de los pobres. En el siguiente gráfico muestro la abstención declarada en las pasadas elecciones generales de ciudadanos en 24 países europeos dividida por decil de ingresos (Encuesta Social Europea, 2012). Los datos son de encuesta y los ciudadanos suelen exagerar sus niveles de participación en las elecciones. Aun así, nos interesan los valores relativos y la comparación entre niveles de ingresos. En ese sentido, el 10% de ciudadanos más pobres dicen haberse abstenido el doble que el 10% más rico. Esos diferenciales de participación pueden tener efectos sobre las políticas aplicadas y son un argumento más a favor de la desigualdad. De hecho, algunos trabajos académicos (como este) muestran que allá donde los ciudadanos más pobres están movilizados electoralmente, los niveles de generosidad en las políticas sociales son más altos.

Gráfico 1. Abstención electoral por deciles de ingresos.

Existe un segundo grupo de argumentos que no tienen que ver con quiénes acuden a votar, sino con cómo votamos. Es posible que, aunque la desigualdad nos preocupe, los votantes no siempre sean capaces premiar su reducción. En primer lugar, la redistribución es un asunto complejo. Cuando hablamos de redistribuir parece algo sencillo: coger de los que más tienen y darle a los que menos tienen. Pero la realidad es que la redistribución es el resultado de un conjunto amplísimo y heterogéneo de políticas de gasto e impuestos cuyos efectos no son siempre fáciles de entender. Para empezar, no todo el gasto social es redistributivo. De hecho, España se caracteriza por aparentemente gastar en políticas sociales, sin que estas signifiquen una verdadera redistribución de la riqueza (ver aquí). Por tanto, puede haber ciudadanos que presumiendo que ciertas políticas tienen unos efectos, acaben premiando electoralmente a los políticos que las ponen en marcha sin que en realidad sirvan a los objetivos que desean.

No solo es eso. Puede que los ciudadanos solo conozcan una parte de los efectos de una política y la juzguen en su conjunto basándose solo en esa parte. Un ejemplo lo podemos encontrar en el apasionante libro de Larry Bartels “Unequal Democracy”. En él se muestra cómo las políticas de recortes de impuestos en el segundo mandato de George W. Bush en Estados Unidos eran tremendamente regresivas. Mientas el 60% de población con ingresos más bajos recibía un recorte anual en impuestos de 325$ por hogar, para el 1% de mayor renta el recorte era de 34.327$ por hogar y año (ver aquí). A pesar de ello, este programa de recortes no era castigado u opuesto por los ciudadanos más pobres o de clase media. Al contrario, el hecho de recibir recortes fiscales reforzaba la percepción de que esas políticas les eran beneficiosas y les llevaba a apoyarla. Nuestro desconocimiento sobre el efecto agregado o sencillamente nuestra dificultad para calcularlo, nos puede llevar a premiar políticas que en realidad son contrarias a nuestros propios intereses.

Un segundo elemento no tiene que ver con conocer el carácter progresivo o regresivo de las políticas fiscales y de gasto, sino con algo más fundamental todavía: saber cómo de pobres (o ricos) somos. La paradoja de que gente de ingresos bajos no apoye políticas de reducción de la desigualdad puede estar en que no son plenamente conscientes de que la desigualdad les afecta a ellos. El siguiente gráfico está extraído del trabajo ‘The Political Economy of Tax Policy“ (Alt, Preston and Sibieta 2008). Utilizando datos británicos de 2004 (British Social Attitudes), los autores simulan la relación entre la posición que los ciudadanos tienen en la distribución de la renta británica y su percepción de dónde están situados en esa distribución. Como se puede comprobar, los ciudadanos pobres tienden a pensar sobre sí mismos como más ricos de los que son. Perciben que les va mejor comparativamente de lo que en realidad les va. Así, un ciudadano típico situdo en el 20% de la distribución de la renta piensa que está en el 40% de la distribución. Este mecanismo puede estar detrás de que ciudadanos de clase media-baja no apoyen entusiastamente la redistribución. Se pueden percibir a sí mismos como contribuyentes netos, cuando en realidad sería receptores netos de políticas sociales más expansivas. Este sesgo de optimismo y otros sesgos similares que forman parte de nuestra imperfección natural a la hora de procesar la información (descrita de modo magistral por Kahneman en este libro) tienen un efecto distorsionador sobre el apoyo a las políticas de reducción de la desigualdad.

Gráfico 2. Distribución de los ingresos: percibida y real (BSA 2004).

Un último argumento electoral tiene que ver con las cosas que priorizamos cuando votamos. Cuando a los ciudadanos se les pregunta si la desigualdad es muy alta suelen contestar que sí. Cuando a los ciudadanos se les pregunta si el gobierno debe hacer algo más para combatirla, la respuesta también suele ser que sí. Estas preguntas, en cambio, están formuladas en términos generales. En la práctica, aunque nos desagrade la desigualdad, es posible que prioricemos otros objetivos al ir a la urna. Este es un argumento que se utiliza para explicar por qué los niveles de desigualdad son más altos en países con fragmentación étnica. La explicación sería que los votantes pobres votan a los partidos que representan a su etnia, independientemente de sus propuestas en términos de redistribución. Los partidos étnicos pueden formar alianzas transversales en términos de ingresos que perjudican al eje de competición izquierda-derecha.

Otro ejemplo pueden ser los votantes religiosos de ingresos bajos que apoyan a partidos de derecha (sobre voto religioso en España, ver este trabajo de Montero, Calvo y Martínez). La religiosidad ha sido (y aun es en muchos países) uno de los factores explicativos clave del voto a partidos de derecha en democracias avanzadas.

Estos son solo algunos argumentos que explican por qué la lucha contra la desigualdad no siempre es exitosa en la unas. Existen otros. Lo interesante de estas explicaciones es que radican en el núcleo duro de la democracia: los ciudadanos y el voto. No es solo el poder del capital lo que refuerza la desigualdad, sino las imperfecciones con las que los ciudadanos ejercen el control a los políticos y las dificultades de conjuntar preferencias distintas en un solo voto. La promesa igualitaria de la democracia falla en su propio mecanismo.

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[1] Utilizando la base de datos del Quality of Government Institute, y si consideramos democracia aquellos países que puntúan un 9 ó 10 en el índice fh_ipolity2 (que combina los datos de Freedom House y Polity), el Gini es de 33.6. Para aquellos países que puntúan menos de 5 en ese índice el Gini es de 37.9.