Piedras de papel es un blog en el que un grupo de sociólogos y politólogos tratamos de dar una visión rigurosa sobre las cuestiones de actualidad. Nuestras herramientas son el análisis de datos, los hechos contrastados y los argumentos abiertos a la crítica.
Me gustaría profundizar aquí en la importancia que tiene la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, sobre la que escribí la semana pasada. En particular, me gustaría subrayar el papel clave que desempeñan los medios de comunicación. Si los políticos son los representantes de nuestro poder, los periodistas son los representantes de nuestro control sobre el poder. En primer lugar, necesitamos unos medios libres y no politizados - sobre esto último es de lectura obligatoria la entrada de Lluís Orriols en este blog. Pero, además de la calidad de los medios, también necesitamos cantidad. Y, sin quitarle importancia a otros medios, necesitamos periódicos, muchos periódicos.
Lo hemos podido ver estos días. La labor fiscalizadora de las instituciones públicas que periódicos como El Mundo o El País han llevado a cabo (con medios limitados) durante las últimas semanas se ha revelado como más decisiva muchas auditorías llevadas a cabo por organismos dedicados, en teoría, exclusivamente a esa fiscalización.
Diversos estudios confirman el papel de los medios escritos en la lucha contra la corrupción. En Qué Hemos Aprendido de las Causas de Corrupción Después de una Década de Estudios Comparados, Daniel Treisman señala cómo uno de los pocos factores que aparecen como significativos en casi todos los estudios es el número de periódicos que se leen en un país. Controlando por los sospechosos habituales – protestantismo como religión mayoritaria, características del sistema electoral, nivel de desarrollo económico, educación, etc. – la lectura de periódicos tiene, un efecto positivo sobre el control de la corrupción en prácticamente cualquier modelo estadístico.
El gráfico ilustra ese efecto. El eje horizontal muestra la circulación diaria de periódicos (cada mil habitantes) y el vertical recoge uno de los indicadores de calidad de gobierno más utilizados (de International Country Risk Guide) para el año 2008. El tamaño del país es proporcional a la población y los colores hacen referencia al sistema político (Verde, democracias; Rojo, dictaduras). Podemos ver cómo aquellos países donde se leen a diario más periódicos son también los países con mayor calidad de gobierno – que, básicamente, quiere decir que la corrupción “ilegal” es mínima y que, además, las actuaciones legales del gobierno son percibidas como imparciales. Por el contrario, aquellos países donde se leen menos periódicos tienen instituciones públicas de baja calidad, con mucha corrupción y con gobiernos que tienden a favorecer a determinados individuos o colectivos por encima del interés general.
Hay una percepción extendida entre los ciudadanos de democracias – sobre todo de las relativamente más jóvenes, como la nuestra – de que votar, tarde o temprano, acaba curando la corrupción. Sin embargo, podemos ver muchos países “verdes” (democracias) que presentan niveles muy bajos de calidad de gobierno o, lo que es lo mismo, corrupción sistemática.
Para ver más claramente cómo los periódicos importan tanto o más que los votos. Veamos un segundo gráfico – idéntico al anterior, pero con la diferencia de que el eje horizontal representa un indicador estándar del nivel de democracia existente en un país. Es decir, un índice que no sólo captura si existen elecciones, pero si éstas son libres y altamente competitivas. Efectivamente, los países donde se vota más y mejor tienen niveles de calidad de gobierno más altos. Sin embargo, a simple vista, no parece una relación muy sólida; como mínimo, para un gran número de países emergentes. Por ejemplo, India es mucho más democrática que China, pero no tiene una calidad de gobierno significativamente mejor. Con Nicholas Charron escribimos precisamente un artículo en el que se puede ver cómo el nivel de democracia sólo tiene un efecto positivo sobre la calidad de gobierno a partir de un determinado nivel de desarrollo económico.
En otras palabras, estos gráficos señalan que leer periódicos es tan (o más) importante que votar para aumentar la calidad de las instituciones de un país. Eso no quiere decir que la democracia no importe. En países avanzados como el nuestro la existencia de una democracia competitiva es sin lugar a dudas una condición necesaria para tener calidad de gobierno. Importan también otros factores, desde luego. Pero, de las cosas que podemos medir y de las cosas sobre las que podemos actuar con políticas públicas, la lectura de periódicos aparece como una cuestión clave.
España – tanto en circulación de periódicos como en calidad de gobierno – aparece, como casi siempre últimamente en muchos indicadores comparados, alrededor de la posición 30. Es decir, mejor que la gran mayoría, pero en el furgón de cola de los países de la OCDE. Tenemos, por tanto, margen para la maniobra: es razonable pensar que, si los españoles leyeran más periódicos, la calidad de nuestras instituciones públicas mejoraría. Creo que cualquier discusión sobre regeneración democrática debería pues tener esto en cuenta.
El gran reto, claro está, es cómo fomentar la lectura de periódicos sin que ello implique ayudar a determinados grupos de comunicación. Como he comentado antes, la calidad de los medios de comunicación – entendida como independencia y autonomía de los medios con respecto al poder político – es esencial para luchar contra la corrupción. Cualquier indicador de libertad e independencia de la prensa está también muy íntimamente correlacionado con la calidad las instituciones públicas. Así que, una política de subsidios teledirigidos a grupos mediáticos afines al gobierno – o, peor incluso, crear periódicos Granmas dependientes directamente del gobierno – tendría obviamente efectos contraproducentes.
Para animar el debate, me gustaría sugerir la sistematización de lo que podríamos llamar el “cheque-periódico”: ayudas públicas a la prensa, pero asignadas por los ciudadanos, no por el gobierno de turno. Podría ser una casilla en la declaración de la renta u otra fórmula que permitiera la canalización de ayudas públicas a la prensa evitando la manipulación política. El estado paga, pero los ciudadanos deciden a quién va el dinero. Medidas similares existen ya en otros países – y distan mucho de ser perfectas (hay que trabajar mucho el diseño para eliminar los incentivos perversos).
Sé que puede sonar extravagante cuando estamos pidiendo austeridad a nuestras administraciones. En todo caso, no tendría por qué salir menos rentable que las “unidades anticorrupción” que se están afanando en presentar los distintos partidos políticos. A nivel más fundamental, si estamos financiando públicamente a quienes toman las decisiones en nuestro nombre (partidos políticos), ¿por qué no deberíamos financiar a quienes los vigilan de forma más eficiente?
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