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La Audiencia Nacional confirma la imputación de Luis del Rivero en la causa de la caja B del PP

La Sala de lo Penal rechaza el recurso del expresidente de Sacyr y resuelve que será un juzgado de Toledo el que decida sobre irregularidades en una concesión

Ruz envió allí una pieza separada que incluye indicios de que la empresa pagó 200.000 euros para la campaña de Cospedal a cambio de un contrato de basuras

Del Rivero, imputado por prevaricación, negó primero al juez haberse reunido con Bárcenas y luego admitió más de 11 encuentros anteriores a la adjudicación

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Del Rivero (Sacyr) niega haber hecho donaciones al PP

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero tras declarar en la Audiencia Nacional

A día de hoy permanece imputado uno de los 23 empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas como donantes del PP con dinero negro. Se trata del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, cuyo recurso solicitando el archivo de la causa contra él acaba de ser rechazado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, los jueces consideran que deberá ser un juzgado de Toledo el que se pronuncie sobre las presuntas irregularidades en la concesión y ejecución de un contrato de basuras, vinculado a una mordida de 200.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2007, según la investigación de la Audiencia Nacional.

El pasado 23 de marzo, Pablo Ruz se vio obligado a  archivar la causa contra otros 22 empresarios que aparecían en las anotaciones de Bárcenas como donantes irregulares del PP. Tras dos años de investigación resultó imposible vincular la entrega de dinero negro al partido con adjudicaciones concretas por parte de administraciones gobernadas por los conservadores. Esta es, desde el principio, la tesis de Bárcenas: que las donaciones no eran finalistas. A excepción de una, la que entregó Sacyr para financiar la campaña de Cospedal a cambio de un contrato de recogida de basuras en Toledo.

En cualquier caso, Ruz no fue adelanto con la acusación de cohecho. El juez, sin embargo, detectó indicios de prevaricación administrativa Ruz en la concesión del contrato al grupo que presidía Rivero. El empresario se quejaba en su recurso de que Ruz no hubiera encontrados indicios solidos para imputar a Cospedal por los mismos hechos y, según él, utilizara otro rasero contra su persona.

Bárcenas entregó en el juzgado un recibí por valor de 200.000 euros que lleva la firma de José Ángel Cañas, el entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha. Los nombres de Cañas y Del Rivero figuran en la pieza que Ruz envió al Decanato de Toledo para que un juzgado de la ciudad se pronuncie sobre los indicios recabados por la Audiencia Nacional. En esa misma pieza aparecen también como imputados el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y el que fuera tesorero del PP autonómico Lamberto García.

En su recurso, Luis del Rivero acusaba a Ruz de apoyar su imputación en “meras conjeturas”. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal lo rechaza. Y lo hace en contra del informe del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, quien compartió  la petición de archivo que hacía el abogado del empresario. “Ante semejante tesitura, será el tribunal competente de Toledo el que deberá resolver sobre las peticiones de sobreseimiento formuladas por las cuatro representaciones procesales”, dice el auto de la Sala de lo Penal.

En mayo de 2013, Luis del Rivero negó haberse reunido con Luis Bárcenas en la época de este como gerente del PP. Pero en noviembre, El Mundo publicó las anotaciones de las agendas del extesorero con detalles de las 11 reuniones mantenidas con Del Rivero en los 11 meses anteriores a la adjudicación del contrato de basuras en Toledo. El juez volvió a llamar a declarar a Rivero, quien en esa segunda ocasión sí reconoció los encuentros con Bárcenas y otros responsables del Partido Popular, aunque negó que alguno de ellos versará sobre los hechos que se le imputan.

Del Rivero ha demandado a Bárcenas por atentar contra su derecho al honor y el próximo noviembre se celebrará un juicio en Madrid por la petición de indemnización de 300.000 euros que hace el empresario.

"Entregas de dinero"

Ruz envió la causa a Toledo por la falta de conexión entre los hechos descritos y las otras donaciones, no finalistas. “La presente instrucción permite tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, el imputado José Ángel Cañas, el 12 de febrero de 2007 y el 28 de marzo de 2007, por haber sido las mismas documentadas en el recibo manuscrito por el mismo y que obra aportado al Juzgado, sobre el que se practicó prueba pericial califgráfica que ha confirmado la letra y firma del imputado Cañas en dicho documento o recibí”, dejó por escrito Ruz.

El instructor de los 'papeles de Bárcenas' añadía que el tesorero del PP local, Lamberto García, como concejal de Hacienda de Toledo que también era en la época, tuvo una “participación decisiva” en la adjudicación del contrato de basuras a Sufi, empresa del grupo Sacyr. Todo el proceso, añadía Ruz, está repleto de “irregularidades” y “anomalías” que ahora deberá aclarar el juzgado de Toledo.

En el mismo auto, la Sección Cuarta desestima también los recursos presentados por el arquitecto de la reforma de Génova, Gonzalo Urquijo. Este pedía que se archivara la causa contra él por delito fiscal en 2007 con unos argumentos que la Sala estima deberán ser analizados ya en la fase de juicio oral. Será también entonces cuando se diriman las diferencias de criterio entre Ruz y el fiscal Romeral sobre el presunto delito fiscal de 2010, estiman los jueces. Estos consideran igualmente que no hay sustento en la petición de archivo de la acusación por falsedad en documento mercantil y que otra por falsedad documental contra Urquijo no ha prescrito.

En cuanto al recurso de su socia, Belén García, la Sección Cuarta niega que deba evitar el banquillo por su condición de “mera administradora mancomunada” de Unifica. Igualmente, consideran que debe ser el juicio donde se establezca su grado de responsabilidad en los hechos.

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