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Choque total entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que amenaza la supervivencia del Gobierno de Sánchez

La Mesa del Congreso decidió no consultar a los letrados de la Cámara para tumbar la enmienda que permitiría al Gobierno sacar los presupuestos sorteando al Senado

Pastor argumenta que la Mesa se limita a seguir el criterio del Constitucional pese a que no solicitó informe de los servicios jurídicos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha implicado personalmente en la operación para dificultar la permanencia de Sánchez en el Gobierno

"El partidos se está jugando y esto no se da por perdido", aseguran fuentes de Moncloa

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 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la presentación de los actos del aniversario de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor

La Mesa del Congreso que preside Ana Pastor y el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios han entrado en una pelea a cara de perro que amenaza la propia supervivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El PSOE trata de evitar que la mayoría del PP haga uso de la capacidad de veto en el Senado -que se arrogó gracias a su mayoría absoluta a través de un cambio legislativo- para evitar la aprobación de los presupuestos del Gobierno de Sánchez, lo que acercaría el adelanto electoral. Socialistas y Unidos Podemos pretendían evitarlo con la aprobación de una enmienda que eliminaba el veto del Senado y abría la puerta a incrementar en seis mil millones sobre lo previsto el gasto público de todas las Administraciones en 2019. La enmienda fue admitida en la Comisión de Justicia, en donde Sánchez y sus socios tienen mayoría. Se trataba de utilizar la tramitación de una ley para modificar otra, una práctica que suelen utilizar los Gobiernos -sean del color que sean- y criticar la oposición.

La noche en la que eso sucedió en la comisión de Justicia Moncloa era una fiesta y los asesores de Presidencia calificaban de "gol por la escuadra" la operación para ampliar el gasto y alargar la vida a la presidencia de Sánchez. El júbilo les ha durado apenas una semana.

La Mesa del Congreso, en donde la mayoría sigue siendo del PP y Ciudadanos, ha frenado la operación en su reunión de este lunes. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha implicado personalmente en una decisión que se ha adoptado sin darle voz a los letrados de la Cámara. La Mesa del Congreso se ha impuesto sobre lo que decidió la Mesa de una Comisión. La enmienda, en la que el Gobierno veía un "gol" político, ha sido anulada. 

Durante el debate, Unidos Podemos y PSOE han pedido que los letrados de la Cámara redactasen un informe aclarando si la Mesa tenía o no atribuciones para tumbar la enmienda que aprobó en su día la Comisión de Justicia. PP y Ciudadanos se han negado. "Hemos considerado que no era necesario", aseguran en Ciudadanos. En la misma línea, en el PP argumentan: "¿Por qué era necesario pedir un informe a los letrados si la Comisión de Justicia tampoco lo hizo en su momento?". 

El PSOE ha calificado el acuerdo adoptado por la mayoría de PP y Ciudadanos como "arbitrario, inaudito e inaceptable". Sobre Ana Pastor, el PSOE opina que "actúa al dictado de su partido y está usando la mayoría circunstancial en la Mesa para vulnerar los derechos del Pleno", aseguran fuentes de la dirección de su grupo parlamentario. 

La propia presidenta del Congreso se ha visto en la necesidad de explicar su decisión en una comparecencia inédita, en la que ha defendido la "legalidad" de una medida que califica como "ajustada a derecho". 

Sobre el asunto deberá posicionarse ahora la Junta de Portavoces. Es previsible que lo haga este martes en el sentido que beneficia las intenciones del Gobierno de Sánchez. En ese momento el tema volverá a la Mesa que deberá decidir si reconsidera su decisión de hoy, como ha solicitado el PSOE. Con ese escenario queda, al menos, una semana de polémica.

"Esto no se da por perdido"

Moncloa prepara ya su reacción en esa batalla reglamentaria. "El partido se está jugando y esto no se da por perdido", aseguran fuentes del Gobierno. El PSOE debe decidir si impulsa la petición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante quien denunciarían la vulneración de los derechos de los parlamentarios. El argumento se parece al aplicado en los múltiples recursos interpuestos contra la Mesa del Parlament en medio del procés. Unidos Podemos también estudia recurrir al alto tribunal.

En caso de que el Constitucional reciba el encargo de desempatar el conflicto, la sentencia no llegaría a tiempo para tener efectos sobre el debate presupuestario. En el precedente catalán, la mayoría de decisiones del alto tribunal se solventaron con la imposición de medidas cautelares en tiempo récord, después ratificadas en sentencias. "En este caso parece improbable que el Constitucional acepte la petición de suspender el acuerdo de la Mesa de manera preventiva", aseguran sin embargo fuentes jurídicas. Además, en el caso catalán era el propio Gobierno quien tenía atribuciones para recurrir y suspender automáticamente los acuerdos del Parlament. En este caso, el presidente carece de esas atribuciones sobre los acuerdos del Congreso. 

"No recuerdo precedentes" de un enfrentamiento de este calibre entre el Congreso y el Gobierno, asegura un veterano diputado socialista que desempeñó labores de coordinación entre ambas instituciones. "Ahora tenemos un problema adicional y es que la presidenta del Congreso está en un alineamiento férreo con el PP y así vamos a tener conflictos todos los días", asegura. 

El Gobierno no da por perdida la posibilidad de sacar adelante sus presupuestos y darle estabilidad al Gobierno de Sánchez. Según fuentes del Grupo Socialista, el debate sobre la enmienda anulada "no es la única vía para sacar adelante las cuentas". Las mismas fuentes señalan que "se puede llevar el presupuestos a la Cámara sin aprobar el techo de gasto".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra determinada a llevar las cuentas del próximo año al Congreso. Incluso en Unidos Podemos valoran prestarles su apoyo sin pasar por el trámite previo de aprobar una nueva senda de déficit. El Gobierno de Sánchez sigue trabajando con el objetivo de agotar la legislatura. "No estamos en clave electoral", aseguran en Moncloa.

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