El doble juego de Ciudadanos: paralizar leyes en el Congreso y avalar la mayoría de los decretos de Sánchez

Desde que Pedro Sánchez ganó a Mariano Rajoy la moción de censura, las relaciones con Albert Rivera -con el que tras las generales de 2015 llegó a firmar un infructuoso pacto de investidura-, se han ido agriando poco a poco hasta rozar casi el insulto personal. La tensión entre ambos no se ha disimulado en los cara a cara que han protagonizado en el Congreso a lo largo de estos seis meses en los que Rivera ha sido sumamente duro con el líder socialista. No ha parado de acusarlo de formar “un gobierno frankenstein” gracias al apoyo de “los independentistas, los populistas y los proetarras de Bildu”.

Pese a ello, el líder de Ciudadanos ha alternado una doble estrategia en su labor de oposición a Sánchez. Por un lado ha seguido bloqueando, gracias a la mayoría que mantiene con el PP en la Mesa del Congreso, numerosas iniciativas presentadas a lo largo de la legislatura por el PSOE y Unidos Podemos. Y, por otro, ha votado a favor de muchos de los decretos ley que ha impulsado el Gobierno al tratarse de medidas de impacto social.

De hecho, la formación de Rivera ha respaldado una docena de los 16 decretos ley que hasta la fecha ha traído al Congreso el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre ellos, el de la puesta en marcha de las medidas para la lucha contra la violencia de género. También dio su apoyo al decreto ley de servicios de pago que, entre otras cosas, contempla establecer un canal de denuncias anónimas en caso de abuso de mercado, con objeto de proteger a los usuarios.

Igualmente, respaldó el decreto ley para que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas, en lugar de los usuarios. O las medidas aprobadas por el mismo sistema por el Ejecutivo destinadas a aumentar los recursos para la atención a asilados y refugiados, o para regular el Programa de Activación para el Empleo.

En la lista, Ciudadanos suma además su visto bueno al decreto para acelerar la normativa para prohibir la navegación de las embarcaciones conocidas como narcolanchas tras detectar que las mafias las usan, además de para el contrabando, para otros fines ilícitos como el tráfico de personas.

Por contra, se abstuvo en el real decreto para la exhumación de los restos de Franco, lo que propició una retahíla de reproches de los socialistas y de Unidos Podemos. También se abstuvo, pese a que había adelantado que iba a votar a favor, en el decreto de universalización de la Sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles.

Un anuncio de desbloqueo “mal interpretado”

Mientras tanto, la Mesa del Congreso que dominan PP y Ciudadanos, mantiene bloqueadas cerca de 40 proposiciones de ley tanto del PSOE como del resto de grupos al haber aprobado prórroga tras prórroga los plazos de enmiendas al articulado.

Entre las que se encuentran paralizadas figuran algunas tan importantes como la ley para regular la eutanasia. El partido de Rivera, sin embargo, veía aprobada hace unos días con los votos de los socialistas su ley de muerte digna, que garantiza el derecho de las personas a morir sin alargar su sufrimiento.

También está bloqueada la reforma de la llamada ley mordaza y los cambios que demandan tanto los socialistas como Unidos Podemos, que sigue esperando en el Congreso su momento. La misma suerte ha corrido la reforma de la ley la memoria histórica, así como la que despenalizaría los piquetes en una huelga

A finales de octubre, Ciudadanos sorprendió anunciando que se desmarcaba del PP e iba a desbloquear en la Mesa del Congreso cerca de una veintena de proposiciones de ley -fundamentalmente del PSOE y de Unidos Podemos- que llevaban meses paralizadas a base de pedir prórrogas en la fase de enmiendas a la totalidad.

Entre ellas figuraba la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, impulsada por el grupo socialista, para eliminar el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y evitar así que pudieran tumbar los objetivos de déficit. Los socialistas pidieron una tramitación exprés, en lectura única, pero los de Rivera y los populares lo impidieron. Una decisión que, según el PSOE, hurtaba los derechos de los diputados y que han llevado al Tribunal Constitucional.

El grupo de Albert Rivera presentó una enmienda a la ley en el Congreso para que en el caso de que el Senado devolviera los PGE al Gobierno, éstos tuvieran que volver al Congreso de nuevo para votarse allí. Ciudadanos reclamaba en dicha enmienda que en esa segunda oportunidad se necesite una mayoría reforzada de 3/5 del Congreso para dar luz verde a las cuentas del Gobierno.

Según aclararon luego los de Rivera, aquella decisión de desbloqueo de la reforma de la Ley de Estabilidad no implicaba, como algunos interpretaron, que Ciudadanos se abría a negociar los Presupuestos de Sánchez. “Nosotros estamos donde estábamos”, aseguró Rivera mientras insistía en que las Cuentas Públicas de 2019 son fruto del “pacto de la cárcel”.

El Congreso pudo por fin debatir y votar en uno de sus últimos Plenos la senda del déficit que aumenta el gasto 2019-2021 y que fue aprobada gracias al voto favorable de los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura. Ciudadanos votó en contra.

Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado, con el apoyo de Ciudadanos, ha tumbado la propuesta. De esta manera el presidente del Gobierno tendrá que ajustarse a un déficit máximo del 1,3% para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2019 .

El Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, no tira la toalla y tratará de aprobarlos o, en su defecto, impulsará algunas de las medidas contenidas en el proyecto a base de decretos con la esperanza de que cuente con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

“La batuta en la mesa la tiene Ciudadanos”

Tras los resultados en Andalucía, en donde PP y Ciudadanos han cerrado un pacto de gobierno con el apoyo de Vox, a Sánchez se le van a poner las cosas mucho más cuesta arriba. Los populares y los de Rivera van a hacer valer su mayoría en el órgano del Congreso sin contemplaciones. “La batuta en la Mesa la tiene Ciudadanos”, se jactó Rivera.

La misma “batuta” que ya utilizó también el partido naranja en tiempos de Mariano Rajoy en connivencia con el PP.

Según contabilizó el pasado mes de marzo eldiario.es, ambos partidos se negaron en la Mesa del Congreso a tramitar 50 propuestas presentadas por los demás grupos de la oposición con la excusa de que suponían un aumento del gasto no previsto en los presupuestos. Muchas de estas propuestas son las ya mencionadas anteriormente y que siguen a la espera.

Uno de los últimos ejemplos de ese control que ejercen ambos grupos en la Mesa es el escandaloso bloqueo que han mantenido durante el último año y medio a una iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que prevé derogar la reforma legal que establece plazos de caducidad a la instrucción de las causas penales.

PP y Ciudadanos han solicitado en 58 ocasiones la prórroga del plazo de enmiendas, lo que hace imposible su tramitación.

Precisamente, gracias a esa reforma, el expresidente de Murcia con el PP, Pedro Antonio Sánchez, ha conseguido evitar su primer juicio por corrupción a pesar de que fue Ciudadanos el que exigió su cese para evitar que prosperara una moción de censura anunciado por el PSOE en aquella comunidad que hubiera arrebatado el poder al PP.

Toda una contradicción dado que la corrupción es uno de los asuntos que sigue utilizando como bandera Albert Rivera en todos los pactos que firma, como ahora en el de Andalucía en el que la corrupción copa muchas de las 90 medidas suscritas entre ambos partidos.