“En la Comunidad Valenciana se ha producido una sistemática ocultación del gasto”
El pasado 11 de julio la Comisión Europea abrió una investigación por la supuesta manipulación de las cuentas públicas por parte de la Generalitat Valenciana. La investigación, sin precedentes, pretende aclarar si Valencia manipuló sistemáticamente sus datos de gasto y deuda pública. Si se confirman las sospechas, la multa para España podría ser de 2.000 millones de euros.
El diputado socialista, Julián López, asegura que la ocultación ha sido sistemática durante los últimos gobiernos del PP. En conversación con eldiario.es, López asegura que, además de ocultar el déficit, la trampa ha podido servir al Gobierno de Valencia para algo más contemporáneo: ocultar los recortes.
¿Qué ha pasado con las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana?
Hay la constatación de que durante años se ha producido una sistemática ocultación del gasto. No ha sido un episodio espontáneo. A raíz de la puesta en marcha del pago a proveedores, empieza a producirse un afloramiento del gasto oculto que no tiene comparación en el resto de autonomías.
¿Da la impresión de que hay una especie de circuito en B? ¿Por qué esas facturas estaban en los cajones?
No solo se dejó de pagar facturas sino que en los centros de gasto se dejaron de anotar esas facturas. En algún momento alguien empieza a darse cuenta de esto y de que es posible presentar cuentas públicas mucho más saneadas, al no contar este tipo de gastos. A partir de ahí, el proceso empieza a generalizarse.
En plena bonanza económica, aprovechando los ingresos extra generados por la burbuja inmobiliaria se hacían procesos extraordinarios de regularización para ir salvando la situación. O se acudía a los mercados financieros en los que había una liquidez enorme y con ese dinero se financiaba la deuda oculta. Las cosas se empiezan a complicar cuando se acaba la bonanza económica. Así llegamos al año 2012, cuando la Comunidad Valenciana comienza a aflorar facturas antiguas que se remiten al plan de pago a proveedores.
¿De qué dinero estamos hablando a día de hoy?
No hay un censo del volumen de gasto aflorado total.
¿Cómo es posible que no se conozca el dato de la deuda sanitaria que tiene una comunidad autónoma?
En 2012 cuando se ponen en marcha los planes de pago a proveedores, el problema es que a esos préstamos del Estado se remiten facturas antiguas y otras del año corriente. No hay una división que permita conocer qué parte de los préstamos se ha destinado a pagar gasto del ejercicio en curso o de años anteriores.
Si no es posible conocer el gasto de una comunidad en Sanidad o Educación, ¿cómo se puede evaluar la magnitud de los recortes?
No se puede. Durante la comparecencia parlamentaria del síndico de Cuentas (equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas) yo tenía mucho interés por conocer el gasto anualizado para saber cuál era la magnitud de los recortes que está haciendo el Gobierno en materia sanitaria y educativa. La respuesta que me da es que es imposible saberlo. En los presupuestos de 2011 y 2012 hay mucho gasto de años anteriores, que habría que depurar para conocer el gasto real. Si no se puede sacar un neto, no es posible saber el gasto anual ni la magnitud económica de los recortes.
Así que el mecanismo ofrece al Gobierno una herramienta para recortar servicios de manera opaca.
Sabemos que se han perdido derechos, que se han cerrado camas, que se han cerrado ambulatorios, que se han aumentado las tasas universitarias, que se han reducido el número de plazas en los colegios... Todo esto lo sabemos pero desconocemos el impacto económico. No podemos cuantificarlo.
¿Los proveedores aceptaban el modelo?
La sensación que tenemos es que en el sistema sanitario, cuando había problemas de abastecimiento, se llamaba al proveedor habitual con la confianza de que algún día cobraría pero que no iba a ser un proveedor especialmente exigente a la hora de demandar el pago. En el año 2007 se estaba regularizando gasto sanitario de 2002. Creo que los proveedores estaban en cierta medida acostumbrados a suministrar determinado material a un precio que, supongo, tenía en cuenta que no se iba a cobrar de manera inmediata.
¿Es posible que Montoro no supiera esto?
Es prácticamente imposible pensar que Montoro no supiera esto. En 2012 cuando la Comisión Europea hace pública la revisión de las cifras de déficit de España se lo comunica al ministro de Hacienda. Entonces sabíamos que Europa se iba a centrar en determinadas comunidades autónomas y el ministro tenía que saber cuáles eran.
¿Si Europa ha visto esto, cómo es posible que se le haya escapado al Gobierno de Rajoy?
Aquí lo que ha ocurrido es que entre unos y otros, la casa está sin barrer. El Gobierno le pide a las comunidades autónomas un registro de todas las facturas que le envían y le pide que todas sean aplicadas a presupuesto. Dicho coloquialmente, que sean afloradas y registradas en la contabilidad. El Gobierno no asume la posibilidad de que no pudieran estarlo.
Europa ha anunciado una investigación y sobre la mesa de la Fiscalía ya hay una denuncia por estos hechos. ¿Se ha cometido un delito de modo sistemático?
Los delitos posibles serían delitos de malversación. Este tipo de delitos son muy difíciles de acotar porque habría que entrar en el análisis del gasto que se ha efectuado en cada caso y de con quién se ha contratado y de si se podrían haber ahorrado costes. Algo en lo que ahora mismo no podemos entrar porque ni siquiera sabemos cuál es el importe total del gasto. Por eso es muy difícil delimitar un delito final. Tendrá que hacerlo la Fiscalía, si abre diligencias.
Lo que nosostros vemos aquí es una responsabilidad política evidente y una grave irregularidad de tipo administrativo. Se han saltado todos los procedimientos, pero a quien le correpondería definir responsabilidades y aplicar sanciones es al Gobierno valenciano y va a ser muy difícil que se lo haga a sí mismo.
