El Constitucional inicia el debate sobre el veto generalizado del Gobierno a las iniciativas de la oposición

Mariano Rajoy y Ana Pastor, conversan en el hemiciclo del Congreso

Por primera vez en la historia de la democracia, dos órganos constitucionales han tenido que buscar el arbitraje del TC para medir el límite de sus competencias en el freno e impulso de leyes. El Constitucional inicia el debate sobre el veto generalizado del Gobierno a las iniciativas aprobadas por la oposición. Congreso y Gobierno se someten a un examen de competencias inédito.

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La situación es tan novedosa como la existencia de un Gobierno en clara minoría en el Parlamento, pero plantea una cuestión de fondo: el enfrentamiento entre dos instituciones como Gobierno y Congreso a la hora de marcar el paso del trabajo legislativo. La Constitución permite al Gobierno el veto de cualquier iniciativa que tenga un efecto objetivo sobre los presupuestos vigentes. El Ejecutivo ha utilizado esa prerrogativa una veintena de veces en lo que llevamos de legislatura y lo que se discute es si ese uso ha podido exceder el espíritu marcado por la Carta Magna.

El debate que este martes inicia el Constitucional se refiere a las proposiciones de ley aprobadas por la mayoría del Congreso para paralizar la LOMCE y reformar el Estatuto de los Trabajadores. Ambas iniciativas fueron aprobadas por mayoría y, posteriormente, vetadas por el Gobierno. A pesar de ese veto, la Mesa del Congreso (en donde el PP no tiene mayoría) votó levantar la prohibición y seguir adelante con la tramitación de los textos. Tras esa decisión, Moncloa acudió al Constitucional, planteando el primer conflicto de atribuciones de esta categoría en la historia de España.

En el caso concreto de la paralización parcial de la LOMCE, el ejecutivo argumentó que los cambios propuestos por el resto de formaciones comprometían 600 millones de euros en concepto de subvenciones comunitarias. El argumento del Gobierno abunda en la idea de que suspender el calendario de aplicación de las reválidas costaría dinero. La reforma del Estatuto de los Trabajadores tendría un impacto menor. Según el recurso del Gobierno, 60 millones de euros anuales, no previstos en las cuentas públicas.

El magistrado encargado de la ponencia es el progresista Fernando Valdés. La decisión que tiene que adoptar el Constitucional es de vital trascendencia para el Gobierno de Rajoy. En caso de recibir un fallo en contra, Moncloa vería seriamente limitadas sus posibilidades de frenar las leyes que no le gustan y que se aprueban con los votos del resto de formaciones.

La facilidad para usar el veto con argumentos presupuestarios ha sido duramente discutida por los grupos de la oposición que acusan al Gobierno de ver desgaste presupuestario en donde no lo hay. Desde Moncloa la versión es la opuesta, tal y como aseguró a principios de 2017 el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo: "El objetivo es impedir la tramitación de iniciativas por razones estrictamente presupuestarias, lo que supone una invasión de la competencia exclusiva del poder ejecutivo".

La cuestión que analiza el TC no es la única en su buzón de entrada y en la que se discute el papel del Gobierno de Rajoy en el Parlamento. El Constitucional tiene pendiente el recurso planteado contra el Ejecutivo anterior que, tras las elecciones de 2015, se negó a someterse al control parlamentario. Aquel Parlamento, presidido por Patxi López, fue efímero y nunca pudo celebrar las sesiones de control que aprobaban en las reuniones de la Mesa. En aquel momento, Moncloa argumentó que el Gobierno solo debía someterse al control de la cámara que les había otorgado la confianza y no ante una elegida con posterioridad a aquellas elecciones. En otras palabras, Rajoy y su Gobierno no estaban dispuestos a someterse a un Parlamento que ensayaba la posibilidad de un Gobierno pivotado en la suma de PSOE y Ciudadanos.

La cuestión que ahora se estudia es de mayor calado y se suma a la actitud del Ejecutivo de bloquear la vida parlamentaria: primero con vetos y, más recientemente, con ampliaciones constantes de los plazos de enmiendas a las leyes propuestas por los grupos de la oposición. El enroque del Gobierno en el Congreso podría tener los días contados si el Constitucional pone límites a su capacidad para vetar las leyes de los demás.

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