Las tres decisiones clave de la Fiscalía de Madrid sobre Casado, desautorizadas por sus compañeros del Tribunal Supremo
El escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que rechaza investigar a Pablo Casado recoge un rapapolvo a la jueza del caso Carmen Rodríguez-Medel y una completa desautorización, no tan visible, al trabajo de la Fiscalía de Madrid durante toda la instrucción de la pieza sobre el máster del hoy presidente del Partido Popular. Desde su apertura y hasta el envío al Tribunal Supremo, la Fiscalía madrileña ha ido avalando una tras otra las decisiones y conclusiones de la jueza del caso Máster.
La primera de esas decisiones judiciales no recurridas por la Fiscalía fue la propia apertura de una pieza separada para investigar el curso de Casado en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. La jueza había llamado a declarar a Ignacio Escolar, director de eldiario.es, sobre el máster de Cifuentes. En un momento de la declaración, Rodríguez-Medel pregunta al periodista si conoce algún caso similar y Escolar le explica las informaciones acerca de las sospechas alrededor del título del entonces vicesecretario de Comunicación del PP.
A través de una providencia, la jueza abrió el 15 de mayo una pieza separada que no dirigió contra Casado, aforado ante el Tribunal Supremo, sino que se interesaba por lo ocurrido durante el curso en el que el político obtuvo el mismo Máster que Cifuentes consiguió cuatro años después. La Fiscalía, presente en la declaración del director de eldiario.es, no recurrió la decisión de la jueza de impulsar toda una investigación.
En la misma línea que había adelantado durante la instrucción del caso Cifuentes, la jueza optó por solicitar multitud de diligencias para aclarar si, como había ocurrido en el curso de la expresidenta madrileña, hubo un trato de favor a un grupo de alumnos VIP cuatro años antes, durante el curso de Casado. Ninguna de esas diligencias fue recurrida por la Fiscalía.
Esas solicitudes de información y citaciones permitieron a la jueza, por ejemplo, abandonar la sospecha de que las convalidaciones de Casado se realizaron de acuerdo a una normativa no vigente en ese momento. Pero el resultado de otras la convencieron de los indicios que apuntaban a que el máster del recién elegido presidente del PP había sido un regalo del principal imputado, el director del IDP, Enrique Álvarez Conde.
Fue el caso de las declaraciones como imputadas de las compañeras de Casado que habrían recibido también trato de favor por su proximidad al PP o a la próxima Universidad. La citación de esas tres alumnas tampoco fue recurrida por la Fiscalía, como no lo fueron las citaciones como testigos del resto de alumnos. Ese 2 de agosto se torció el futuro político y judicial de Pablo Casado, hoy enderazado por la decisión de la Fiscalía del Supremo.
Las tres alumnas VIP admitieron que Álvarez Conde les detalló un sistema de convalidación que se ocultó al resto de alumnos del máster. Una de esas alumnas, María Dolores Cancio, reconoció que no había ido a clase, que no había hecho trabajos y tampoco exámenes, y que todo se había producido de acuerdo a lo que le había avanzado el director del IDP.
Cuatro días después, la jueza tenía redactada la exposición razonada de 54 páginas en la que desplegaba sus argumentos al Tribunal Supremo para abrir una investigación a Pablo Casado por cohecho y prevaricación. La Fiscalía también guardó silencio.
