Los directivos de la CAM deberán responder en la Audiencia Nacional por las preferentes
La estafa de las preferentes seguirá siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional por decisión del juez Javier Gómez Bermúdez. El magistrado ha rechazado el archivo de la pieza separada que investiga la comercialización de este producto por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, como pretendía la Fiscalía Anticorrupción.
En un auto con fecha de ayer, Gómez Bermúdez recuerda que la dirección de la CAM, imputada por varios delitos, dio una orden a su red de oficinas para que se colocaran preferentes de la serie A a los que clientes que adquirieran de la serie C “con la excusa de diversificar la inversión”. La entidad, recuerda el juez, ingresó 24,5 millones de euros con una operación que tiene “claros visos defraudatorios”. Un total de 1.319 clientes resultaron perjudicados.
“La circunstancia de que el perjuicio final irrogado a los inversores sea de difícil cuantificación, ni excluye la existencia del delito, que estaría consumado, porque perjuicio existió, ni impide que tales conductas puedan integrar otros tipos delictivos, con los que entraría en relación concursal”, afirma el magistrado, en contra de la posición de la Fiscalía Anticorrupción.
Esos otros tipos delictivos en que pudieron incurrir los directivos de la CAM, sigue el juez, pudieran ser el de falsedad contable, falseamiento de información para captar inversores, alteración de precios, uso de información privilegiada. Los directivos de la CAM compraron y vendieron preferentes y participadas obteniendo una “alta rentabiildad”. El rescate a la CAM costó 5.249 millones de euros de dinero público.
Entre esos directivos están Roberto López Abad y María Dolores Amorós, imputados en las distintas piezas que investiga Bermúdez sobre la CAM, y que realizaron las citadas operaciones “conociendo, como obviamente conocían, la situación económico-financiera real de la entidad”. Gómez Bermúdez llegó a enviar a López Abad a prisión por su posible riesgo de fuga. El exdirector general de la CAM salió en libertad provisional tras reunir 1,5 millones de euros de fianza en un tiempo récord.
