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La derecha pasa de recurrir a ETA a las acusaciones de “pucherazo” en el final de la campaña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

Aitor Riveiro / Alberto Ortiz / José Enrique Monrosi

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No va más. La medianoche de este viernes pone fin a la campaña de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el domingo. Una campaña que ha crecido en intensidad: si el arranque estuvo dominado por los riesgos medioambientales del Parque de Doñana o la aprobación definitiva de la ley de vivienda y las promesas en esta materia, muy pronto acapararon los titulares los 44 candidatos exetarras de EH Bildu y las hipérboles sobre la pervivencia de ETA. El final ha estado marcado por las denuncias de compra de votos en Melilla y otros lugares más pequeños de la geografía española y un escándalo relacionado con un secuestro en un pequeño municipio de Granada.

Los comicios de este 28 de mayo determinarán todo el poder municipal para los próximos cuatro años, y buena parte del autonómico. Pero, además, servirán de lanzamiento de la campaña de las elecciones generales, previstas para el mes de diciembre. En apenas medio año, los partidos se juegan casi todo. Y los candidatos, todo.

“Solo vale ganar”, repite en sus mítines el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “No vamos a tener otra oportunidad”, asegura. Frases que suenan, a partes iguales, a arenga y a advertencia a los dirigentes locales y regionales, pero que se le aplicarán a él mismo antes de las próximas navidades. La derecha confía en volver a ganar este 28M unas elecciones de ámbito estatal siete años después. La presión es máxima, y el resultado más que ajustado. “El balón irá al poste, ya veremos si hacia dentro o hacia afuera”, repiten una y otra vez desde la dirección de campaña de Feijóo.

La última vez que la derecha ganó en toda España corría 2015 y gobernaba Mariano Rajoy. El PP se impuso en el número total de votos, pero aquellos comicios anticiparon un nuevo ciclo político con los llamados Ayuntamientos del Cambio logrados por el espacio político articulado alrededor de Podemos, que todavía tardaría unos años en cuajar en el Gobierno central. Ahora, la derecha confía en que ocurra lo mismo, en sentido contrario y más rápido, y que las municipales y autonómicas anticipen el final del “sanchismo”.

Una de las bases de ese “sanchismo” que denuncia el PP (y que ha terminado con el “PSOE auténtico”, en sus palabras) es el pacto con EH Bildu y ERC. Ninguno de los dos votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero sí han sido apoyo habitual en el Congreso para el Gobierno de coalición: desde los primeros presupuestos a la reciente ley de vivienda. 

La presencia de exterroristas en las listas de la coalición vasca desató una tormenta que concluyó casi de la misma manera espasmódica que comenzó. De un día para otro, ETA pasó de “estar viva” a desaparecer de los titulares. Feijóo escondió el recurso en el ecuador de la campaña, y solo Isabel Díaz Ayuso ha mantenido hasta el final una estrategia maximalista que ha extendido incluso al PNV: para explicar que España no es racista, la lideresa madrileña dijo que los racistas eran los nacionalistas vascos

Sea como fuere, la estrategia discursiva del PP rompió la del PSOE: utilizar el cañón mediático del Consejo de Ministros. Durante seis semanas consecutivas, las que van desde el inicio de la precampaña tras las vacaciones de Semana Santa hasta el pasado martes, han desfilado por la sala de prensa de la Moncloa ministros del ala socialista del Ejecutivo para exponer un arsenal de medidas adoptadas por el Gobierno y que habían sido previamente anunciadas en actos de campaña del partido. 

Desde viviendas públicas a créditos ICO para hipotecas, pasando por la subvención del cine a mayores o del Interraíl a los jóvenes, a inversiones en sanidad pública, educación o ayudas a la agricultura y la ganadería por las consecuencias de la sequía. Según datos manejados en Ferraz, el objetivo era sacar de la desmovilización a entre un 10% y un 15% de su propio electorado. Justo la estrategia opuesta a la que denuncian que ha seguido el PP. “Mientras en esta campaña los socialistas hemos estado defendiendo el interés de la mayoría, el único interés de la derecha es que la mayoría no vaya a votar”, dijo Pedro Sánchez este viernes durante el mitin de cierre en Barcelona. 

De ETA a la compra de votos

El fin de semana central de la campaña concluyó con otra sacudida mediática: los insultos racistas al futbolista del Real Madrid Vinicius Jr. En este caso, la mayoría de los partidos optaron por criticar los hechos concretos, para señalarlos después como sucesos aislados que no se corresponden con la hipotética tolerancia hacia otras nacionalidades y razas que impera en España.

El caso Vinicius no se convirtió en tema de campaña. Pero el descubrimiento de una trama dedicada supuestamente a la compra de votos en Melilla y que afecta a uno de los actuales socios de Gobierno, sí. Y con gran intensidad. 

Pese al pasado de denuncias alrededor de la limpieza de las elecciones que históricamente ha sacudido la ciudad autónoma, en esta ocasión el asunto ha escalado hasta copar la actualidad política del final de la campaña. Al caso de Melilla (con casi 85.000 habitantes) se han unido otros en lugares más pequeños: desde Mojácar (Almería, con 6.301 habitantes) a Albudeite (Murcia, 1.361), Casares de las Hurdes (Cáceres, 386), y un largo etcétera de denuncias que afectan a decenas de poblaciones.

El PP llegó a denunciar una “trama” estatal de compra de votos liderada por Pedro Sánchez por boca de uno de los dirigentes más próximos a Feijóo, Esteban González Pons. 

La derecha entroncó durante unas horas con la ultraderecha en la denuncia de una suerte de conspiración para alterar el resultado electoral. No es la primera vez que el PP lo hace, y con Feijóo al frente. El dirigente gallego, que presidió Correos durante cuatro años y sabe perfectamente cómo funciona la empresa, ha puesto en duda en el pasado el voto a distancia, pero desde que llegó a Madrid ha señalado a la empresa Indra, al INE y al CIS.

“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos; confiamos en los profesionales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez”, dijo en 2022, una vez más, Esteban González Pons, quien ha estado apartado de la primera línea del PP desde el fiasco de la negociación para renovar el CGPJ hasta esta campaña electoral. 

Una conspiración, la de la manipulación electoral a través de Indra, que está desacreditada, pero que forma parte de los continuos ataques de la derecha ansisitema de Vox, o incluso de agitadores extraparlamentarios con más intereses económicos que políticos. La cuestión de Indra también salió en la reunión secreta que Feijóo mantuvo con fiscales conservadores, según publicó El País.

El “embarramiento”

Pons reculó el viernes levemente sobre su denuncia de una “trama generalizada” de compra de votos del PSOE, pero solo para señalar que los socialistas tienen “un problema estructural” tras el levantamiento del secreto de sumario sobre el secuestro de una concejal del municipio granadino de Macarena y que podría implicar al secretario de Organización del PSOE andaluz. Y unas horas después, señaló al PSOE de Valencia por una confusa denuncia contra el número 20 de la lista al ayuntamiento.

Pero otra vez Isabel Díaz Ayuso marcó el ritmo de su partido. En el mitin de cierre de campaña, la candidata del PP de Madrid acusó a Pedro Sánchez de intentar un “pucherazo”. “Pero no lo va conseguir”, ha añadido. “Salgamos a votar masivamente para sortear las trampas”, ha reclamado. Ayuso incluso ha acusado al PSOE de “cambiar papeletas por papelinas”, en referencia a las sospechas por la compra de votos en Albudeite, una pequeña localidad de Murcia. De Melilla no ha dicho nada.

Su jefe de filas sobre el papel ha subido después al escenario del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde ha dado el plácet a las palabras de Ayuso.  “Isabel ha hecho la campaña electoral que ha considerado oportuna, con los mensajes que ha considerado procedentes y en los lugares que ha estimado. Y yo me he sumado a esta campaña como un afiliado más”, ha asegurado.

Desde el Partido Socialista lanzaron un comunicado para denunciar “una campaña de intoxicación racista orquestada desde la sede del Partido Popular de Génova en Madrid con una clara intención de enturbiar la campaña electoral de València”. Los socialistas critican que “el PP se haya embarcado, con el eurodiputado y vicesecretario de Institucional Esteban González Pons a la cabeza, en una maniobra de intoxicación con argumentos racistas que estigmatizan a la comunidad latina”. 

En Ferraz aseguran que la ofensiva de la derecha en las últimas horas de campaña tiene que ver con que la izquierda llega con mejores perspectivas de las esperadas a la cita del domingo con las urnas. Y por eso lamentan una estrategia política enfocada al desencanto con la política y la desmovilización. 

“Hay dos cosas claras: la primera, que la derecha no va a parar de insultar, de descalificar y de embarrar. Pero hay una segunda cosa aún más clara y más importante: que a la izquierda y al PSOE no nos van a parar”, dijo Sánchez el jueves en un acto en Madrid en referencia a las últimas horas de la campaña. 

El presidente se refirió abiertamente al interés del PP y de Vox por frenar una amplia movilización electoral. “Aquellos que quieren hacer negocio con la vivienda o con el derecho de la educación y la sanidad no quieren que vayamos a votar el próximo 28 de mayo, pero somos más quienes creemos que esos derechos son más importantes y que vamos a ejercer nuestro derecho al voto”, dijo a pocas horas de que se abran las urnas en una de las citas más ajustadas de los últimos años. 

El encadenamiento de polémicas ha sido saludado por el PP de forma explícita. “Es una mascletá perfecta, un lío perfecto, una explosión perfecta”, dijo Feijóo este viernes en Albacete, antes del cierre de campaña en Madrid. “La campaña comenzó con que los socios de Sánchez llevaban etarras en sus listas”, relató. “Eso ya parece prehistoria”, añadió, para hilvanarlo con otras polémicas no necesariamente relacionadas. “Hace dos días detuvieron por agresión al número dos de Santa Cruz de Tenerife”, apuntó. “Los socios de Sánchez en Melilla han vuelto a ser descubiertos por la compra de votos”, apostilló. “El propio PSOE ha sido investigado por comprar votos, ya no recuerdo en cuántos ayuntamientos”, continuó, para concluir con que “el número dos de Andalucía está imputado por un caso de secuestro a punta de pistola”. Un buen resumen de las portadas de estas dos últimas semanas.

Podemos ha asociado que la campaña haya pivotado sobre esos temas a la influencia del “viejo bipartidismo”. “En esta campaña no se ha hablado de nada de lo que nos jugamos el domingo. Solo de ETA y de la compra de votos en Melilla”, ha lamentado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el cierre en Madrid. “No se ha hablado de sanidad, de dependencia o del derecho a la vivienda (…). El poder mediático está hurtando a la ciudadanía el derecho a la información veraz”, ha reprochado. 

“Ha sido una campaña muy difícil”, había dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero, minutos antes. “El PP ha hecho una campaña absolutamente antidemocrática, atacando al corazón de la democracia”, ha dicho sobre el debate de la ilegalización de EH Bidi. “Están hablando de ETA para tratar de ilegalizar partidos de la mayoría plurinacional. 

Las elecciones más ajustadas

Si el cambio de ciclo político está en marcha y el PP gana las elecciones (o si pasa lo contrario) lo que parece seguro según la mayoría de encuestas y los trackings de los principales partidos es que será cuestión de unos pocos votos. Tanto a nivel nacional como en algunas de las principales ciudades y autonomías en liza en esta cita. Todo apunta a que estas elecciones serán las más ajustadas de los últimos 15 años. La pugna entre PSOE y PP ya se presumía disputada al comienzo de la campaña, pero los últimos sondeos dibujan un escenario todavía más apretado.

El barómetro del CIS pasó de colocar a los socialistas con 31,5% de los votos al inicio de la campaña a estimarles un 30,2% hace apenas unos días. La diferencia con el Partido Popular es de apenas dos puntos: obtendría el 27,9% de los apoyos. Una diferencia tan pequeña no se veía precisamente desde 2015, cuando el PP ganó con un 27% de los votos y le sacó medio millón al PSOE. Aquellas elecciones, no obstante, estuvieron marcadas por la irrupción de las confluencias municipales de izquierda y por el desafío al bipartidismo que confirmaron después las generales. 

Pero el balance que harán los partidos después del recuento electoral no estará tan centrado en el recuento general de votos, que funciona como una fotografía general. La batalla más importante estará en las comunidades y grandes ayuntamientos que puedan cambiar de manos este 28M. Y ahí, de nuevo, las cosas dependen de unos pocos votos. 

La demoscopia avanza un resultado ajustadísimo en Barcelona (donde podría darse incluso un triple empate), en València, Sevilla y en menor medida en Madrid. Todas ahora en manos de la izquierda. El PP aspira a arrebatar a su principal rival hasta seis comunidades, aunque una victoria en la Comunitat Valenciana brillaría por encima del resto. También ven opciones La Rioja, Aragón, Baleares e incluso Castilla-La Mancha y Cantabria. La cuestión no es tanto si consiguen ganar sino si son capaces de articular una mayoría para gobernar y es ahí donde las encuestas arrojan más dudas. 

La Comunitat Valenciana concentrará todas las miradas. Es uno de los gobiernos en manos del PSOE de mayor relevancia y además allí Ximo Puig gobierna en coalición con Compromís y Unidas Podemos. Los sondeos pronostican un aumento fenomenal del PP pero los principales promedios anticipan un empate de 50 escaños entre bloques. La cuestión se decidirá por pocos votos y ello tendrá mucho que decir la candidatura de Podemos e Izquierda Unida, que ronda el 5%. Si baja de ese umbral, desaparecería del parlamento y el bloque progresista se quedaría sin opciones. El PP tiene más cerca la alcaldía de la ciudad, ahora en manos de Compromís en coalición con el PSOE. En las pasadas elecciones ese ayuntamiento lo decidieron apenas 200 votos. 

Los populares, de hecho, hicieron en esa ciudad uno de sus grandes actos de estas dos semanas, con un acto en la plaza de toros, mientras que Unidas Podemos arrancó allí su campaña y para el cierre contó con su primer secretario general, Pablo Iglesias. 

El PSOE ha puesto un buen número de huevos en la canasta de Barcelona, donde podría haber un triple empate entre Ada Colau y el posconvergente Xavier Trias. Pero al mismo tiempo, los socialistas podrían perder un feudo que ahora mismo también lo decantan unos pocos votos: Sevilla. De Unidas Podemos depende también lo que podría convertirse en una de las principales derrotas para el PP: la salida de José Luis Martinez Almeida del Palacio de Cibeles. Para ello es imprescindible pero no suficiente que la candidatura que encabeza Roberto Sotomayor rebase el 5% para asegurarse representación. 

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