La UE aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego por las reticencias de varios países

La Unión Europea aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a la que se comprometió Pedro Sánchez con Carles Puigdemont en el marco de la investidura. Alrededor de una decena de países han emplazado a España retirar la propuesta, que había mantenido para “adopción” en el Consejo de Asuntos Generales, ante las reticencias que tienen respecto a las implicaciones jurídicas y financieras que supondría, según han confirmado fuentes europeas.

“España acepta esa petición de seguir dialogando”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha sido la primera en pronunciarse desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre la reunión que se celebra en Bruselas y en la que el Ejecutivo ha vuelto a constatar que no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa. “Se habían conseguido grandes avances estas semanas, hay un número amplio de estados dispuestos a apoyar, pero otros países nos han pedido más tiempo, más información”, ha señalado Alegría, informa José Enrique Monrosi.

La presidencia del Consejo de la UE, que ostenta de forma rotatoria Polonia, ha decidido posponer la votación (por ahora sin fecha) al evidenciarse que no iba a salir adelante por las dudas que han manifestado cerca de una decena de países. También los servicios jurídicos de la institución han puesto pegas a la adopción de esa propuesta al considerar que el cambio del reglamento para ampliar el catálogo de lenguas oficiales (que actualmente son 24) requiere una modificación de Tratado de funcionamiento de la UE.

A nadie se le escapa en la UE que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego responde a razones exclusivamente de política nacional y que su aprobación puede facilitar el camino de la legislatura a Sánchez en su relación con Junts en un momento clave ante la falta continuada de presupuestos. El Gobierno decidió introducirlo en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de este martes, pese a no tener los apoyos amarrados -se necesita la unanimidad-, y ha elevado el nivel de “presión” sobre los socios europeos en las últimas semanas. También el PP de Alberto Núñez Feijóo ha maniobrado, pero en la dirección opuesta. 

Posponer la decisión para no matarla

“Espero que no tengamos que votar hoy”. El ministro de Finlandia, Joakim Strand, ha sido el primero en echar un jarro de agua fría a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Generales. Después han ido cayendo en cascada otros ministros, que han expresado dudas sobre la idoneidad de abordar definitivamente el asunto este martes ante las dudas legales que aún tienen, en línea con el informe contrario de los servicios jurídicos del Consejo de la UE. Mantener la votación habría supuesto matar definitivamente el asunto, que requiere del consenso de todos los estados miembros.

El ministro del Gobierno conservador finlandés se ha referido precisamente a esas “preocupaciones” esgrimidas por los técnicos comunitarios sobre las “implicaciones legales y financieras” de la medida. “Tenemos que tomárnoslas en serio”, ha dicho antes de reiterar que el tema “no está maduro”.

El finlandés ha sido el más claro en su oposición a sacar adelante la medida ya, pero varios ministros han reconocido posteriormente sus dudas o reticencias sobre la inclusión de esas tres lenguas en el catálogo de idiomas oficiales de la UE, que pasarían de 24 a 27.

Dudas de una decena de países y ocho a favor

Austria le ha trasladado al secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que hay “cuestiones abiertas” sobre la iniciativa. Durante el debate a puerta cerrada, que ha durado en torno a una hora, también se han posicionado abiertamente en contra de adoptar ahora la propuesta Alemania, Italia, Croacia, República Checa y Suecia. “Trabajemos juntos con los españoles para encontrar una solución”, ha dicho el ministro francés, Jean-Noël Barrot, consciente de la importancia para “los amigos españoles”.

Por el contrario, Dinamarca, Portugal, Hungría, Bélgica, Chipre, Irlanda, Rumanía y Eslovenia se han posicionado a favor. España considera que una veintena de países estaban dispuestos a “avanzar” porque cuenta a los que abiertamente han apoyado la iniciativa y a los “silenciosos”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de restar importancia al revés. “El camino es irreversible”, ha dicho el jefe de la diplomacia española, que ha asegurado que este mismo martes hablará con sus homólogos de los siete países que abiertamente se han pronunciado en contra (Finlandia, Alemania, Italia, Croacia, República Checa, Austria y Suecia). 

“No entiendo por qué habría que esperar mucho más tiempo”, ha dicho en una entrevista en TV3 sobre las dudas legales y financieras que han expresado un puñado de estados miembros. De hecho, ha asegurado que el informe contrario de los servicios jurídicos del Consejo de la UE representa sólo una “opinión” y ha emplazado a quienes tengan dudas sobre la legalidad de la medida a recabar la posición del Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie. Respecto a las financieras, ha recordado que España se ha comprometido a correr con los gastos derivados de la oficialidad. 

A nivel político, dado que la oficialidad era un compromiso de legislatura de Sánchez con Junts, Albares ha dicho que no es una “zancadilla” y ha asegurado que el asunto está hoy “más cerca”, pese al revés de la UE este martes. También ha lanzado un dardo al PP, que ha maniobrado con los gobiernos de su familia política para bloquear la iniciativa y ha emplazado al principal partido de la oposición a remar a favor de esa propuesta con los siete gobiernos que abiertamente se han opuesto (todos de la familia conservadora) bajo la premisa de que es un asunto de “identidad nacional”. 

El último documento circulado por España planteaba una implementación parcial de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego desde 2027 a través de una derogación que haría que sólo se traduzcan los textos de los reglamentos (en torno al 3% del total) y dejar para más adelante el total. También establecía condiciones para limitar la ampliación del catálogo de lenguas oficiales al catalán, el euskera y el gallego ante el temor a que se abriera la espita en otros países con el corso y el bretón (Francia), el turco (Chipre) o el ruso (países bálticos).

Los argumentos de España es que para lograr la oficialidad en la UE deben tener ese estatus en el país desde que se redactó la correspondiente Constitución, que tengan ese estatus en los parlamentos nacionales, que tengan acuerdos administrativos previos con las instituciones europeas, etc. Unos requisitos que sólo cumplen esos tres idiomas. Sin embargo, persisten las dudas y el compromiso de Sánchez con Junts permanece abierto.