El Gobierno mantiene el pulso y carga sobre Junts la responsabilidad de que no salga la amnistía

¿Y ahora qué? La pregunta del día después al primer revolcón parlamentario del PSOE en lo que va de Legislatura tiene una primera respuesta desde el Gobierno: “Estamos en un momento de dificultad evidente, pero nuestra posición política es firme y también entendible”. Quienes así hablan en La Moncloa sobre el 'no' de Junts a la ley de amnistía también son categóricos en la que será su posición cuando el texto regrese a la comisión de Justicia y haya que discutir de nuevo las enmiendas de los neoconvergentes para incluir todos los delitos de terrorismo además de el de traición al Estado que ahora, años después, imputan al procés distintas instancias judiciales. “No se pondrá en riesgo la constitucionalidad de la ley y tampoco la seguridad jurídica”, sentencian. 

Todo esto después de que el martes en el Congreso los 171 síes de los grupos que sostienen la legislatura fueran derrotados por los 179 noes que sumaron el PP, Vox, UPN y los siete diputados de Junts, y no se lograra por ello la mayoría absoluta requerida para una ley orgánica. No era una norma cualquiera, sino sobre la que pivota el debate político por excelencia de la Legislatura y fue la principal exigencia de los independentistas para investir a Pedro Sánchez.

Los socialistas aseguran hoy que no hay margen alguno para negociar los términos que exigen los de Puigdemont y están seguros de que los españoles comprenden perfectamente la decisión del PSOE de no transigir esta vez con las exigencias de sus socios parlamentarios. El PSOE ya tuvo que tragarse sus propias palabras cuando estableció como línea roja que el texto incluyera mención alguna al terrorismo y aceptó, días después, incluir una especie de categorización del delito para excluir de la amnistía sólo los que supusieran “una violación grave de los derechos humanos”. Una corrección impuesta por Junts que algunos socialistas consideran ahora que debió rechazarse y afrontar por la vía de una modificación del Código Penal que reformara la definición actual de terrorismo.

Tan sorprendidos como molestos con Junts porque votaran en contra del mismo texto por el que habían votado a favor una semana antes, en La Moncloa sitúan la pelota en el tejado de sus socios y cargan la responsabilidad de que la ley pueda descarrilar en el Congreso con las siguientes preguntas: “¿Cuál es la alternativa? ¿Ilegalizar partidos, como propone la derecha? ¿Volver a la guerra sucia contra el independentismo que practicó el PP durante sus gobiernos?”. 

“Nadie dijo que fuera fácil, pero emprendimos un camino con los indultos –prosiguen los mismos interlocutores– que dio resultados. El siguiente paso para rebajar la tensión era la amnistía y seguiremos insistiendo en esa misma vía: la del diálogo para que la ley no tenga el efecto contrario al deseado. Por tanto, es Junts quien tiene ahora que hacerse a sí mismo las preguntas y decidir si lo que conviene es tirar a la basura la norma”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tildó este miércoles de “incomprensible” la posición de Junts, que votó “de la mano del PP y de Vox”, y defendió que la ley es “impecable, absolutamente constitucional y conforme al derecho europeo”. En declaraciones a la Cadena SER, admitió que el texto “es mucho más que una norma”, y defendió que no se puede improvisar a cada minuto, como así ha resultado después de que el juez García Castellón acompasara sus autos a la tramitación de la norma para atribuir actos terroristas a Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

Al PSOE le inquieta que el texto supere los filtros del Constitucional y las instancias jurídicas de la UE a las que pueda llegar una vez aprobada. Pero, en realidad, ante esta última escena provocada por Junts de rechazar el texto, los ministros se dividen entre quienes mantienen la prudencia y la calma a la espera de que Junts reconsidere su posición y quienes, hartos de echar el freno de mano ante los de Puigdemont, les retan a que presenten una moción de censura en compañía del PP y de Vox. “Nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Es más, ¿no quieren la amnistía? Perfecto. Que vuelvan en septiembre a por ella y en ese caso seremos nosotros quienes les situemos ante la disyuntiva de volver a ella a cambio de que apoyen los presupuestos para 2025”.

Ante lo que pueda pasar, en el PSOE ya han empezado a hablar de las cuentas generales para el año próximo porque entienden que los de 2023 no sólo están de facto prorrogados entrado ya el 2024, sino que además son “una especie de cajón de sastre en el que cabe todo, ya que permiten mantener el buen ritmo de la economía y de las inversiones”.

Quienes así hablan son los que creen que, llegados a este extremo, es casi mejor que Junts mantenga el 'no' a la amnistía para la construcción de un relato con el que el PSOE pueda rebatir el mantra de las derechas de que Sánchez traga con todo lo que imponen los independentistas para seguir en el poder y que en España quien manda es Pugidemont. Esto, claro, a escasos 15 días de unas elecciones en Galicia, en las que Feijóo se juega mucho más que la continuidad del PP en la presidencia de la Xunta y Sánchez puede tener la oportunidad de desmontar el marco instalado sobre un presidente sometido al independentismo. 

Sea como fuere, el Gobierno cree que a su posición ayuda también que ERC haya mostrado mayor sensatez al defender que el texto que rechazó Junts es “robusto” y deslizado, de paso, que los neoconvergentes han antepuesto los intereses del ex president de la Generalitat a los de cientos de independentistas encausados por el proces. “La amnistía no va de Puigdemont o de Rovira, sino de 1.500 personas que tiene su vida en cuestión”, afirmó la diputada republicana Pilar Vallugera. Una afirmación que, a juicio de los socialistas, puede tener un coste para Junts, ya que sus dirigentes tendrían que dar muchas explicaciones a los posibles beneficiarios de la norma de por qué no lo serían en caso de que decayera.

Así las cosas, no se atisba de momento en el horizonte cercano un escenario de acuerdo sobre las enmiendas que regresan ahora a la comisión de Justicia para volver a debatirse, por más que el secretario general de Junts, Jordi Turull, se empeñe en decir que aún quedan 15 días para mejorarla y que su partido gana tiempo con el objetivo de “blindar una ley integral”. Tampoco andan en Junts como para dar ultimatums al PSOE: “No estamos para dar amenazas”, afirmó Turull este miércoles en declaraciones a RAC1. Lo que sí se evidencia son nuevas señales mutuas de desconfianza.