El Gobierno pone fin a la Vía Nanclares y deniega un permiso penitenciario a tres etarras arrepentidos
El Gobierno ha decidido poner fin a la conocida como “vía Nanclares” de reinserción, a la que se han sumado una treintena de presos de ETA que previamente han rechazado la violencia, roto con la banda y reconocido el daño causado. Lo ha hecho denegando sendos permisos penitenciarios a tres destacados etarras, pese a reconocer que su evolución es positiva y cumplen con los requisitos legales exigidos.
La decisión de la junta de tratamiento del centro penitenciario (dependiente del Ministerio del Interior) ha sido confirmada por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro.
Se trata de José Luis Urrusolo Sistiaga, exjefe del comando Madrid; Valentín Lasarte, condenado por el asesinato, entre otros, del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, y Rafael Caride Simón, uno de los autores del atentado contra el Hipercor de Barcelona, que el año pasado se entrevistó en prisión con una de sus víctimas para pedirle perdón.
Los autos son idénticos en los tres casos y reconocen la “evolución positiva” de los etarras, que han rechazado la violencia, lo que les costó su expulsión de la banda y del colectivo de presos, han reconocido el daño causado, y participan en los talleres llevados a cabo en la prisión sobre la “discusión del terrorismo”. En la cárcel de Nanclares han tenido también lugar varios “encuentros restaurativos” entre víctimas y verdugos, que han quedado en suspenso tras la llegada del PP al poder.
“Se confirma una evolución positiva en la que se dan los requisitos por la norma para obtener el permiso –dicen los tres autos–, pero la cuantía de la condena aleja en este momento las fechas legalmente exigibles para obtener cotas de semilibertad. Por lo que resulta prematuro el permiso pretendido”.
El artículo 154.1 del Reglamento Penitenciario recoge que para tener derecho a permisos el interno ha de cumplir tres requisitos: haber extinguido la cuarta parte de la condena, estar clasificado en segundo grado, y que observe buena conducta.
El caso de José Luis Urrusolo es el más complejo de los tres, al haber formado parte de un comando que cometió numerosos asesinatos en la capital, por los que está condenado a 449 años de prisión, de los que debe cumplir 40 efectivos, que posponen su excarcelación hasta diciembre de 2042. Pese a ello, se da la circunstancia de que Urrusolo ya ha disfrutado con anterioridad de dos permisos extraordinarios con custodia policial.
Un miembro del anterior Gobierno vasco manifestó a eldiario.es que la concesión del permiso a este destacado etarra para afianzar la “vía Nanclares” le fue planteada sin éxito al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado verano.
Rafael Caride Simón, lleva en prisión desde marzo de 2003, y desde entonces “su comportamiento es correcto y adecuado (...) participa con normalidad en actividades (...) sin que se aprecie ningún tipo de incidente ni con compañeros ni con profesionales del centro”, dice el auto. El etarra ha solicitado también el abono a plazos de la responsabilidad civil impuesta en su día a favor de sus víctimas, “apreciando esta demanda como un gesto restaurador del daño causado”. El auto judicial incide también en que “cuenta con apoyo familiar y con hábitos laborales consolidados”. Su excarcelación está prevista para febrero de 2030.
Valentín Lasarte lleva en prisión desde 1996, y su licenciamiento definitivo está previsto para el año 2015, salvo que llegado el momento se le aplicase la “doctrina Parot”, que prolongaría su estancia en prisión once años más, hasta 2026.
Las fuentes políticas vascas consultadas aseguran que la denegación de estos tres permisos supone el fin de la “vía Nanclares” y una llamada de atención a la política de pacificación del lehendakari Iñigo Urkullu, que ha reclamado la competencia de prisiones y creado un área de Paz y Convivencia bajo su directa dependencia que dirige Jonan Fernández. Urkullu ha reclamado ya en varias ocasiones a Mariano Rajoy un cambio en la política penitenciaria del Gobierno ante la situación creada por el cese definitivo de la violencia.
