La jueza Lamela facilita que el Supremo asuma la causa contra Puigdemont y el Govern encarcelado
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha pronunciado este miércoles a favor de entregar su investigación al destituido Govern de Catalunya al Tribunal Supremo, que ya investiga a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. La magistrada ha dictado un auto a favor de acumular las causas porque todos los investigados formarían “una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente”.
Lamela acuerda esta medida en contra del criterio de la Fiscalía que se había pronunciado horas antes a favor de seguir la causa por rebelión y sedición en la Audiencia Nacional, al menos mientras los investigados continuaran en situación de no aforados. Las elecciones del 21 de diciembre podrían modificar su situación en el caso de presentarse y resultar elegidos.
En su auto, Lamela no menciona expresamente al Supremo, pero su tesis de que la causa es inescindible aboca a que sea este Tribunal quien aúne toda la investigación, por la presencia de aforados. Aunque los miembros del depuesto Govern no lo son, los integrantes de la Mesa del Parlament mantienen el aforamiento por ser miembros de la Diputación Permanente.
Además, el Supremo ya ha asumido la causa que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la mesa, dando el primer paso para quedarse con toda la investigación sobre el proceso de independencia de Catalunya.
La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados. El informe favorable de la juez afecta también a los líderes de Onium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en prisión como el resto de miembros del Ejecutivo catalán que no huyeron a Bélgica, a excepción de Santi Vila.
El juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo había reclamado a Lamela el informe a favor de la competencia en la investigación como paso previo para acumular las causas y también se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el mismo sentido.
Lamela considera que esa “compleja y herogénea” organización para la independencia de Catalunya pretendía alterar “la organización política del Estado y con ello, la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.
En la misma había, dice la magistrada, “reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas, como ANC y Omnium”. “Es esta organización y el concurso de voluntades entre todas las personas que la integran lo que, a la postre, permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia”, prosigue.
“La investigación conjunta de los hechos y de su partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”, concluye la jueza.
Los miembros del Govern encarcelados están pendientes de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos contra el encarcelamiento dictado por la jueza Lamela contra ellos. Esa resolución podría no llegar a producirse si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena agiliza los trámites de asunción de la causa de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas se inclinan por que será el Supremo quien revise la situación de prisión del Govern, antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya tomado una decisión.
En este sentido, cabe recordar que Llarena optó por dejar en libertad a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa tras darles la oportunidad de abdicar de la declaración de independencia y de asumir la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Alto Tribunal decidirá, por tanto, si esa actitud está también en los recursos que han presentado las defensas de los consellers encarcelados.
Lamela señala a nuevos sospechosos
La magistrada avisa de que además de los investigados “hay otro conjunto de personas que han colaborado” y el grado de esa colaboración o su misma pertenencia a la organización “debe ser objeto de investigación”.
En este sentido, asegura que “cobra especial relevancia” el papel de los mossos. “Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”, asegura Lamela en el informe remitido al Supremo.
En un sentido parecido de implicación se refiere al Consejo de Diplomacia Pública en Cataluña (Diplocat) y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI). Para terminar ese apartado recuerda que hasta ahora solo son investigados, además de los citados, el Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y otros altos cargos de la Generalitat.
