El PP recupera la estrategia de oposición territorial que le hizo a Zapatero: su poder autonómico contra el Gobierno central

En la dura estrategia de oposición que planea el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para no dar tregua al nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, tendrán un papel determinante los Ejecutivos autonómicos en manos de los populares, gracias a sus acuerdos con Ciudadanos y Vox. Según las palabras del propio Casado, esos gobiernos serán el “dique de contención” de la izquierda, tratando de revertir las políticas fiscales o sociales que realice el Consejo de Ministros siempre que tengan competencias para ello.

El plan es similar al que llevó a cabo el PP durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En julio de 2004, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el valenciano Francisco Camps y el balear Jaume Matas, todos ellos muy cercanos al expresidente José María Aznar –padrino político de Casado– firmaron en Palma la creación del que llamaron “eje de prosperidad”.

Se trataba de una iniciativa contra el Gobierno estatal precisamente con la intención de crear un bloque contra Zapatero. En aquella ocasión, se trataba de pelear contra los socialistas al margen de la oposición que desarrollaba el líder de su partido y después presidente, Mariano Rajoy. Todos los protagonistas de ese acuerdo están hoy fuera de la política al verse salpicados por distintos casos de corrupción.

A diferencia de entonces, ahora Casado quiere que sus barones se agrupen a su lado. “Menos mal que hay comunidades autónomas”, aseguraba el pasado miércoles el líder del PP en una entrevista en la Cadena Cope, porque a su juicio ejercerán de “contrapeso” a la labor del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los españoles. El PP va a estar con ellos, defendiendo lo que quieren y lo que ellos votaron”, señalaba Casado, para agregar que Sánchez no podrá ni reformar la Constitución porque necesita al PP, y si quiere cambiar Estatutos lo frenarán con el recurso previo de inconstitucionalidad.

Evitar el “ninguneo” de Sánchez

Actualmente el PP gobierna en autonomías tan relevantes por su peso económico y poblacional como la Comunidad de Madrid y Andalucía, así como en Galicia y Castilla y León. Algunos de los principales barones populares ya han hecho suya la estrategia de Casado, que pretende llevar su labor de oposición a los tribunales –ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional de todas las leyes que no le gusten– y también a las calles.

El mismo miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que utilizará “todos los recursos, también la calle, para evitar el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía”. Moreno esgrimió su perfil más andalucista para confrontar el riesgo de una asimetría territorial que surja del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. “Andalucía pierde [con el nuevo Gobierno] y Catalunya saldrá beneficiada. Habrá contraprestaciones en financiación. Unas comunidades serán mimadas y otras perjudicadas”, advertía el presidente andaluz durante una entrevista en Canal Sur Radio.

Aún más dura se mostraba ese mismo día la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que remarcaba que “todo ataque a la libertad será respondido convenientemente” desde el Ejecutivo autonómico. En rueda de prensa, Díaz Ayuso aseguró que el nuevo Ejecutivo “radical de izquierdas, apoyado por los independentistas”, está “dispuesto a atentar contra el mayor bien de la Comunidad de Madrid, la libertad” por lo que llevará a cabo todas las medidas oportunas: “No nos va a detener”, defendió la presidenta madrileña.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tratará por su parte de marcar perfil propio, más moderado que el de sus compañeros andaluz y madrileña, dado que se enfrenta a unas nuevas elecciones autonómicas este mismo año. Tal y como reconocen fuentes de la dirección popular, él busca “ensanchar” el electorado tradicional del PP virando hacia la izquierda para asegurarse la renovación de la mayoría absoluta.

“Un partido de Estado”

El escenario se le ha complicado también por la división de la derecha en tres partidos –PP, Ciudadanos y Vox–. Si bien los de Inés Arrimadas y Santiago Abascal no han conseguido aún representación en la comunidad gallega, la dirección popular teme que los votos que puedan marcharse a esos dos partidos hagan mella en la mayoría absoluta de Feijóo y no le permitan reeditar su Gobierno, ante una posible unión de la izquierda.

El jueves Feijóo subrayó que los populares conforman “un partido de Estado, responsable y coherente”. “Vamos a seguir siendo responsables y coherentes. La alternativa a este gobierno extremista es la moderación, la coherencia y la estabilidad; y nuestra oposición tiene que estar basada en la moderación, la coherencia y la estabilidad”, apostilló.

Pese a los intentos de Casado de presentar a sus ejecutivos como el “dique de contención” contra Sánchez, el balance del precedente del “eje de la prosperidad” de 2004 formado por Aguirre, Camps y Matas es todo menos positivo.

Esa liga por el crecimiento económico se truncó cuando sus dos fundadores se situaron en bandos contrarios en la lucha por el poder en el PP. El Congreso del partido en 2008 celebrado en Valencia ratificó el liderazgo de Mariano Rajoy y selló la fractura entre Aguirre, que se enfrentó a él, y Camps, que le dio su apoyo. Unos meses más tarde, el estallido del caso Gürtel, con sede en los territorios gobernados por los creadores del eje, enterró el pacto, convertido desde entonces en un arma para los partidos de oposición que pronto lo rebautizaron como “Eje de la corrupción”.

El “eje de la corrupción”

Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años han destapado que el “eje” no solo compartía objetivos económicos, sino también prácticas corruptas. En los tres territorios –Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana e Illes Balears– se investiga el uso de fondos ilegales para concurrir con ventaja a las elecciones y se indaga sobre el desvío de fondos ligado a proyectos fastuosos, convertidos en bandera de cada gobierno.

Matas, el expresidente balear, es el que ha tenido un camino judicial más tortuoso. Pasó nueve meses en la cárcel por una pieza del caso Palma Arena. Por otra de ellas, el caso Nóos, lleva más de un año y medio en la prisión de Aranjuez (Madrid). Y la macrocausa, dividida en múltiples piezas, le ha generado más condenas. El caso se inició después de una denuncia de Anticorrupción por el desvío de más de 40 millones de euros en la construcción del complejo deportivo Palma Arena.

Los otros dos integrantes de ese tridente compartieron trama corrupta. La Gürtel se inició en Madrid, pero cuando se secó el grifo del dinero público se mudó a Valencia. La capital también ha sido sede de otra red corrupta, la Púnica, un caso en el que se investiga si el PP de Madrid se ayudó en las elecciones de los ingresos en efectivo de empresarios amigos, que también pagaban directamente actos de campaña. Esa es tan solo una de las vías de financiación ilegal que investiga el juez de Púnica.

Los investigadores de la trama también ha rastreado la corrupción detrás de cada gran proyecto de Aguirre. Así, han descubierto vínculos de empresarios de la trama con los contratos de publicidad para promocionar los hospitales privatizados y el Campus de la Justicia, donde se coló un conocido de Matas.

Aguirre aguantó durante un tiempo las embestidas de cada titular de prensa que destapaba un nuevo caso de corrupción. Se desligó de sus más estrechos colaboradores, muchos de ellos imputados, hasta que le tocó al más cercano. Ignacio González, detenido por el caso Lezo –que investiga si usó la empresa pública Canal de Isabel II para enriquecerse– se llevó por delante a Aguirre, que tuvo que dimitir unos días después del estallido del caso.

De la Ciudad de la Justicia a la Fórmula 1

El pasado septiembre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citó a Aguirre y a la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011, años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas. El juez considera que Aguirre ejercía la “supervisión” de la supuesta caja B del partido en la comunidad.

Camps ya se enfrentó a un juicio, pero salió absuelto. Un tribunal popular acordó, por cinco votos a cuatro, que no había delito de cohecho en los 12 trajes que le había regalado la Gürtel. El expresident valenciano, que sustentó la prosperidad de su territorio en el despilfarro de dinero público en proyectos megalómanos, se había apartado forzosamente de la política, pero no ha conseguido desligarse por completo de los tribunales.

También está pendiente de otras causas, relacionadas con algunos de los logros y proyectos durante su gobierno. Por ejemplo, la visita del Papa o la organización del Gran Premio de Fórmula 1, donde un informe de la UDEF de 2018 le situó en la cúspide de un fraude que provocó unas perdidas de al menos 24 millones de euros a las arcas públicas. En octubre de 2019, la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la investigación contra Camps por la Fórmula 1, y además el expresident será juzgado por los contratos firmados por la Generalitat valenciana con la Gürtel.

Fuentes de la dirección del PP se desvinculan de esas prácticas corruptas y centran ahora su labor de oposición a Sánchez a través de los Ejecutivos autonómicos enfocando la estrategia en la bajada de los impuestos que suba el nuevo Gobierno y aludiendo a su mantra habitual, la “libertad”, para blindar la educación y la sanidad privadas frente a la defensa de los servicios públicos de PSOE y Unidas Podemos.