El PSOE traslada a Junts la presión de desbloquear ya la amnistía

Pareciera el mundo al revés: el PSOE se vuelca en sacar adelante una ley de amnistía que exonera en torno a 1.500 independentistas y Junts bloquea su tramitación en el Congreso. Dos semanas después de que los de Carles Puigdemont votaran en contra de la norma y unieran sus ‘noes’ a los de PP y Vox, los socialistas y los independentistas catalanes han retomado las negociaciones al máximo nivel. Y las posturas siguen sin acercarse. Mientras el Partido Socialista aspira a sacar cuanto antes la ley sin apenas cambios en el redactado para protegerla de los recursos posteriores, en Junts continúan aferrados a la idea de blindar la inmunidad de Puigdemont, cueste lo que cueste.

Esta misma semana, en Barcelona, los socialistas Santos Cerdán y Félix Bolaños se reunieron con los dirigentes de Junts Mìriam Nogueras y Jordi Turull. El encuentro reactivó oficialmente unas conversaciones que estuvieron congeladas varios días tras el desmarque de los independentistas en el Congreso y que luego se limitaron a contactos telefónicos enfocados a allanar el camino y aparcar rencillas. La reunión, adelantada por La Vanguardia y confirmada por elDiario.es, sirvió según las fuentes consultadas para constatar la voluntad de acuerdo de ambas partes, aunque no para concretar por el momento avances significativos. 

Tras enfriar la propuesta lanzada públicamente por el presidente del Gobierno, los socialistas volvieron a tantear con sus socios de investidura la posibilidad de abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que abra la puerta a recortar los tiempos de instrucción. Una medida que podría favorecer que Puigdemont sorteara causas judiciales que le hacen temer quedarse fuera de la amnistía, como la de la trama rusa del procés o la derivada del intento del juez García Castellón de atribuir un delito de terrorismo al expresident por la causa de Tsunami Democràtic. 

Por el momento, esa oferta no satisface las demandas de Junts, que a día de hoy se enroca en la exigencia de abordar cambios en el redactado de las excepciones de la ley vinculadas a las causas por terrorismo para garantizar la inmunidad de Puigdemont. Una postura que genera recelos incluso en el seno del propio independentismo que será beneficiado por la amnistía. 

“Yo creo que la ley es robusta y debemos intentar que lo siga siendo”, dijo el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en laSexta en la que expresó sus reticencias ante los cambios que pretende introducir Junts por la inseguridad jurídica que pueda acarrear a la norma. En esa misma entrevista, Junqueras se mostró muy crítico con sus antiguos socios independentistas por oponerse a la ley. “Es un error manifiesto porque deja sin proteger a 1500 personas que lo que merecen es ser protegidas ante una persecución que es injusta. Votar en contra de la ley las deja sin protección”, incidió. 

Tras la iniciativa de meter en el congelador durante un par de semanas las negociaciones se esconde la aspiración del PSOE de que esa presión del propio independentismo, e incluso las propias contradicciones internas que en Ferraz aseguran que acechan a Junts, jueguen en favor del desbloqueo. Están convencidos en la Moncloa de que, aunque aún se puedan complicar las conversaciones en las próximas semanas y queden todavía los principales escollos por resolver, la norma saldrá adelante. Y aunque subrayan que con un socio como Junts “cualquier escenario es posible en cualquier momento”, en realidad expresan su certeza de que el expresident ya no tiene margen para tumbar una amnistía que beneficia a tanta gente. 

“No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía”, se mostró, rotundo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una entrevista esta semana en RAC1. En sintonía con el mensaje de ERC, Bolaños insistió en que, en su opinión, “la ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista, no deja a nadie fuera”. E instó a todas las partes a negociar “con discreción” en busca de un acuerdo. 

Aunque el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso tenga que emitir un nuevo dictamen está fijado el próximo 21 de febrero, la mayoría de aliados parlamentarios del Ejecutivo dan por hecho que esa fecha volverá a ser prorrogada otros quince días. Sin embargo, la idea en el Gobierno es que no vuelvan a pasar hasta entonces semanas de permanente exposición de desacuerdos públicos en torno a la amnistía, por lo que traslada a Junts la necesidad de encauzar cuanto antes los detalles de ese acuerdo. 

El plan del Ejecutivo de Sánchez es que el siguiente paso a ese acuerdo sobre la amnistía sea de manera casi inmediata la aprobación de los Presupuestos. Prorrogados técnicamente desde el 1 de enero, en Hacienda se han precipitado los contactos para tener las cuentas listas en el caso de que se produzca a corto plazo un desbloqueo de la ley de amnistía.