Sánchez e Iglesias intensifican la negociación de los Presupuestos para presentar el proyecto la semana que viene

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,y el vicepresidente tercero, Pablo Iglesias.

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 entra en tiempo de descuento. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apuran al máximo los plazos. La intención del Gobierno es que los líderes de PSOE y Unidas Podemos presenten las líneas maestras de las cuentas la próxima semana, una vez pasada la moción de censura de Vox, aunque todavía no hay una fecha marcada en rojo en el calendario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva semanas diciendo que los Presupuestos están prácticamente ultimados. Sin embargo, aún quedan flecos importantes por cerrar dentro del Gobierno de coalición, así como culminar la negociación con el resto de aliados parlamentarios.

Iglesias presiona para incluir la regulación del precio del alquiler con el proyecto de presupuestos

Iglesias presiona para incluir la regulación del precio del alquiler con el proyecto de presupuestos

La intención es registrar el proyecto de Presupuestos en el Congreso con la certeza de que se tienen los apoyos necesarios para sortear las enmiendas a la totalidad. Pero antes es preceptivo el acuerdo en el mismo seno de la coalición. Ante los últimos días de negociación se ponen de manifiesto las diferentes posturas de PSOE y Unidas Podemos en materia sensibles, como la revisión de los impuestos, la aprobación de una ley que regule el precio máximo de los alquileres, la actualización del IPREM (que se utiliza como referente para ayudas sociales, entre otras cosas) o la “mejora” del Ingreso Mínimo Vital en su tramitación parlamentaria “para incorporar avances que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares y corregir problemas en algunos requisitos de acceso que están limitando su eficacia”, señalan desde el partido de Iglesias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha restado importancia a esas discrepancias y ha dicho que no se trata siquiera de "escollos". “El acuerdo está prácticamente ultimado”, ha asegurado la ministra, que ha dicho que solo hay algunos "flecos" por cerrar y que la intención es presentarlos la próxima semana. Respecto a la subida del IPREM que exige el socio minoritario del Gobierno, Montero ha asegurado que se va a acometer, aunque ha apostillado que la “finura consiste en qué porcentaje”. También ha recordado que ya se han llevado a cabo mejoras en las gestión del Ingreso Mínimo Vital, aunque ha asegurado que el Gobierno “sigue trabajando en la agilización” de la concesión de esa prestación, que llega ya a 136.000 hogares, lo que calcula que supone 400.000 personas. 

Sin embargo, fuentes de Unidas Podemos sí hablan de "desacuerdos que están ahora mismo sobre la mesa” y que “podrían retrasar el borrador presupuestario” si no se alcanza un acuerdo entre las partes mientras que en Moncloa trabajan con el horizonte de que todo esté listo la próxima semana. Las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea el programa presupuestario, un resumen de los Presupuestos al que Bruselas debe dar el visto bueno. En dicho documento el Ejecutivo incluía una previsión de cuánto piensa recaudar a través de los impuestos, pero no especificaba todas las figuras fiscales que sostienen el pretendido aumento de ingresos para el Estado.

“El motivo es la discrepancia que existe en esta materia. Unidas Podemos insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas”, dicen desde el grupo confederal, que “insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas”, en concreto un incremento del IRPF a los sueldos por encima de los 200.000 euros, así como revisar la fiscalidad para los grandes patrimonios. Desde la parte socialista del gabinete evitan pronunciarse sobre la negociación y medidas concretas para evitar que se dificulte. El planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que en este ejercicio se acometan “ajustes” puntuales en materia impositiva, pero que la revisión del sistema fiscal que planteaba el acuerdo programático se lleve a cabo a lo largo de la legislatura. “En materia de fiscalidad el acuerdo ya es prácticamente posible. Hay algún elemento que estamos pendientes de acordar”, ha respondido a la pregunta concreta sobre la exigencia de Unidas Podemos de subir el IRPF a las rentas a partir de 200.000 euros.

Unidas Podemos presiona a la parte socialista del Gobierno también para que se apruebe, en paralelo a las cuentas públicas, una regulación para fijar un tope a los precios del alquiler en zonas donde se disparen las rentas a pagar. Es uno de los compromisos del acuerdo programático sellado por Sánchez e Iglesias en diciembre: “Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. La idea es impulsar una ley que capacite a las comunidades autónomas y a algunos ayuntamientos a fijar umbrales en las rentas, tal y como ha hecho recientemente Catalunya.

El grupo confederal cree que la norma debe ponerse en marcha lo antes posible. De hecho, su propuesta es que se negocie de forma paralela a los Presupuestos de 2021 y que sirva como acicate para los grupos de la investidura. "Es un tema urgente y facilita la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley estatal daría cobertura legal a la aprobada en Catalunya", apuntan.

En Unidas Podemos sostienen que avanzar en esta ley y ofrecer seguridad jurídica a los posibles aliados catalanes de ERC y JxC para salvar la ley recientemente aprobada por el Parlament “es bueno para el país y acerca el de mucha gente a los Presupuestos de forma muy eficaz”. El pasado viernes, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se reunió con representantes del Sindicat de Llogateres i Llogaters (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos) de Catalunya, ante quienes se comprometió a presionar al máximo dentro del Ejecutivo para sacar adelante una norma que blindaría jurídicamente la aprobada por el Parlament precisamente con el beneplácito de esta asociación.

El PSOE, por su parte, se reafirma en ese compromiso pero considera que hay que esperar a que se despejen “todas las incertidumbres que arroja la pandemia en el mercado de vivienda”, según ha explicado el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en quien recaen las competencias en esa materia. Tampoco considera que haya que hacer una regulación solo para eso sino que se debería encajar en un anteproyecto más general que ya ha salido a debate público: “Será la primera ley de vivienda estatal de la democracia. Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento”.  “Esa es al menos nuestra visión hoy, estamos dispuestos a seguir dialogando y hablando”, ha apostillado el ministro socialista. Si no se resuelven las discrepancias, serán Sánchez e Iglesias quienes desencallen la situación, como en ocasiones anteriores. 

El debate sobre el techo de gasto, un “cruce de caminos”

Las conversaciones a nivel técnico han comenzado ya con los grupos. Tras un primer acercamiento con Ciudadanos, que allanó mucho el camino a la aprobación de los presupuestos -clave para la supervivencia de la coalición-, el Gobierno tiene como prioridad en la negociación a los aliados de la investidura, entre los que se incluye a ERC. Aún así, el Gobierno ha mantenido su intención de negociar con todas las formaciones y en Moncloa han llegado a pensar que podrían entrar tanto Inés Arrimadas como las fuerzas independentistas y nacionalistas en la ecuación. 

El Pleno en el Congreso de este martes dará pistas del punto de partida de cada uno ya que se debatirá el techo de gasto, que es la antesala a la aprobación de los presupuestos. En Moncloa consideran que esa votación sería “clave”, un “cruce de caminos” para valorar cómo están los apoyos . Sin embargo, fuentes de varios grupos parlamentarios admiten que no tiene por qué ser determinante para contar los apoyos reales que tendrá el proyecto presupuestario dado que las reglas de gasto contarán con un respaldo muy amplio de la Cámara -incluye la anulación de las reglas fiscales, que era una de las reivindicaciones de la mayoría de formaciones-. Además, el límite de gasto público propuesto es inédito hasta ahora: 196.097 millones de euros, lo que supone un incremento del 53% respecto al planteamiento anterior.

De hecho, en esa votación previsiblemente coincidirán pulsando el botón verde tanto Ciudadanos como ERC, a pesar de que Arrimadas advirtió a Sánchez este domingo en una entrevista en El Objetivo (La Sexta) de que, para los presupuestos, tendrá que elegir entre “dos vías”: "O ceder a las peticiones de ERC y Bildu u optar por una vía moderada con nosotros". En todo caso, Ciudadanos siempre ha sostenido su voluntad de mantenerse “atornillado” a la mesa de negociación. 

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19 de octubre de 2020 - 22:08 h

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