Sánchez trata de virar el debate sobre sus alianzas a un discurso para mayorías sobre ayudas sociales y nuevos derechos

Acaba el año y España no se ha roto. Ni se ha hundido. Ni parece, a tenor de la tranquilidad que se respira en las instituciones europeas, que transite inexorablemente hacia una dictadura. Sánchez no “es un comunista” ni “gobierna con terroristas”, como insiste la dicharachera Isabel Díaz Ayuso  y repican machaconamente las terminales mediáticas a las que riega de subvenciones y otras prebendas. En el Gobierno, sí, hay una vicepresidenta que mantiene el carné del PCE. Y, entre sus aliados parlamentarios, está EH Bildu, una coalición electoral que integra un amalgama de partidos, que es legal y que condenó la violencia en sus estatutos. Los matices cuentan y, a veces, desvelan una realidad que la oposición esconde o manipula. 

El último foco del PP para desgastar a Pedro Sánchez es el regreso de EH Bildu a la alcaldía de Pamplona. Joseba Asiron vuelve a ser alcalde, como lo fue entre 2015 y 2019, aunque ahora con el apoyo de los concejales del PSN, la marca de los socialistas en Navarra. Y esto ha permitido a las derechas encontrar un nuevo flanco que atacar del PSOE, toda vez que se han diluido las manifestaciones contra la amnistía que se tramita en el Parlamento para los afectados por el procés.

Los populares denuncian que el del presidente del Gobierno “ha dejado de ser un partido de Estado” (sic), que Sánchez ha cruzado una línea roja por facilitar por primera vez una institución de relevancia como el Ayuntamiento de Pamplona a los abertzales. Y ante este mantra, unos socialistas circunscriben el acuerdo a la capital Navarra y otros consideran que ha llegado el momento de hacer política “sin complejos” y con mucha pedagogía. De lo que no hay duda es de que, en efecto, más allá de la hiperbolización permanente de las derechas, el PSOE asume un riesgo y está por ver el efecto que tiene este precedente en su estrategia electoral. 

2024 llega cargado de citas con las urnas: Galicia, Euskadi y el Parlamento europeo. Todas serán determinantes para el rumbo de la legislatura y para el liderazgo de los principales partidos. Se la juega Feijóo en su tierra el 18F, después de la frustración con los resultados del 23J. Perder la Xunta significaría perder posiciones en el pódium del liderato en Génova y activaría, seguro, el debate sobre si debe seguir o no en el sillón presidencial del partido. 

Se la juega Yolanda Díaz con una marca que, sin estructura orgánica, sin representación en el Parlamento gallego, sin cuadros y sin cantera, compite por primera vez en unas autonómicas. Y se la juega Sánchez en una campaña que más que medir la capacidad de su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se planteará otra vez en clave de plebiscito contra el presidente del Gobierno, sus alianzas y sus primeras decisiones de mandato. 

Y ahí es donde precisamente la Moncloa ha decidido echar el resto para tratar de cambiar el marco impuesto por la derecha en el debate público y construir un discurso dirigido a las mayorías sobre los datos económicos, las ayudas sociales y el reconocimiento de nuevos derechos. 

El último Consejo de Ministros de diciembre aprobó el mantenimiento del tope a las subidas del precio del gas para quienes tienen tarifa regulada, también el precio máximo de la bombona de butano y las rebajas de los cargos y peajes al sistema eléctrico; el IVA de los alimentos se mantiene a cero y al 5% para pastas y aceites: seguirá el bono social para familias vulnerables y se prorroga la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como continúa la vigencia de la prohibición de cortar los suministros básicos como luz, agua y gas a las familias con bajos recursos. El transporte seguirá, también, siendo gratuito durante todo 2024 para los abonos de Cercanías, Rodalies y media distancia, además de las líneas estatales de autobús. Las pensiones subirán un 3,8% como el IPC, y se mantiene el escudo hipotecario, al que se suma la eliminación de comisiones bancarias por la retirada de efectivo para mayores o personas con discapacidad. Todo, en un marco en el que Bruselas exige una transición obligada entre las reglas fiscales suspendidas como consecuencia de la pandemia y las aprobadas por los ministros de Economía y Finanzas de la UE la penúltima semana de diciembre para reducir el gasto y destinar el ahorro a la reducción del déficit público.

Sí, las derechas seguirán hablando de cesiones a los independentistas, de la desigualdad entre territorios, de las peligrosas alianzas de Sánchez y hasta de una hoja de ruta pactada con ETA, una banda terrorista que no existe desde hace más de una década. Y ante ese marco, los socialistas intentarán que se hable de la revalorización de las pensiones, de la subida del SMI, del Ingreso Mínimo Vital, de las ayudas a los sectores más castigados por la crisis, de las fallidas previsiones catastróficas de los exégetas del apocalipsis y de una España en la que aumenta el empleo, crece la economía más de lo previsto y el Estado del Bienestar es hoy más robusto.

“Pedro Sánchez no gobierna sólo para la amnistía, sino también para que los jubilados tengan pensiones dignas; los parados, mejor cobertura; los jóvenes, mayores oportunidades de futuro y todos ellos, transporte público gratuito”, alegan en el entorno del presidente, conscientes también de que el PP elegirá seguir discutiendo de Bildu, de una España que se rompe y de las medidas de gracia.

Una salida justa de la crisis

Este será, en efecto, un año en el que el PSOE, el PP y también el independentismo tratarán de imponer su propio relato con la vista puesta en las urnas, pero también convencidos cada uno de ellos de que se les votó por ello. A los socialistas,  por las ayudas sociales y una salida justa de la crisis. A los populares, para echar a Sánchez. Y al independentismo, para mantener viva la llama de un referéndum que en la Moncloa sostienen que ni está sobre la mesa de negociación ni tampoco se le espera. Lo mismo dicen de la financiación para Catalunya, que no será por mucho que la Generalitat la califique de “singular”, ni un pacto fiscal ni un concierto catalán a modo del vasco que recoge la Constitución de 1978.

Sánchez no quiere quedar atrapado entre el marco de discusión de las derechas (amnistía y Bildu) y el de los independentistas catalanes (referéndum y financiación) y por ello en su gabinete se preguntan dónde está el desastre económico que pronosticó Feijóo, cuánta gente más hay trabajando hoy que hace cinco años, cuántas prestaciones nuevas se han implementado para los vulnerables, cuánto han subido las pensiones de los jubilados… Un relato, en definitiva, que hable de las mayorías sociales, de las preocupaciones diarias de la gente, ponga en valor el liderazgo del presidente del Gobierno en Europa y glose los éxitos del gobierno progresista. Que consiga imponerse en medio de tanto ruido, ya es otra historia.