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Podemos usará "todas las herramientas gubernamentales o parlamentarias" para llevar a la ley la bajada de los alquileres

Carteles de "se alquila" en una calle de Madrid.

"Desde Unidas Podemos y desde los movimientos sociales se va a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestra mano por conseguirlo". Así de tajante se muestra Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) ante el bloqueo al que se ve sometida la ley estatal de vivienda que negocia infructuosamente desde hace meses el Gobierno de coalición. El nudo que impide cerrar el acuerdo no es un secreto: la regulación del alquiler en las zonas donde se ha disparado para que bajen de precio. Jacinto, recién designada secretaria de Vivienda de Podemos, sostiene que es posible convencer al PSOE en la negociación y, si no, que sea la presión popular la que lo consiga, como ha pasado recientemente con la ley trans. "La especialidad tanto de los movimientos sociales como de Podemos es hacer posible lo que parece imposible", vaticina.

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El movimiento de vivienda ha adquirido una gran fuerza en España en la última década. A experiencias como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Stop Desahucios se ha sumado en los últimos años con mucha fuerza el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, con una gran implantación en Catalunya y donde han conseguido que el Parlament apruebe una ley de vivienda que, precisamente, regula los precios de los alquileres.

La también portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sabe perfectamente de la capacidad movilizadora y transformadora de la sociedad civil organizada. De ahí proviene. Antes de dar el salto a la lista electoral que encabezó Pablo Iglesias en las pasadas elecciones del 4 de mayo, Jacinto era abogada especializada en desahucios y colaboraba con la PAH. En una cafetería del centro de Madrid explica a elDiario.es que, después de 10 años en la trinchera social, llegó un momento en el que se dio cuenta de que su presencia en las instituciones podía tener más repercusión. Especialmente en Madrid, el "antagonista principal" en lo que a derecho a la vivienda se refiere, según sus propias palabras.

"Cuando Pablo decidió que bajaba a Madrid, habló de que lo hacía porque entendía que un militante tiene que estar allá donde es más útil", recuerda. "Yo me sentí muy identificada con con esa lectura. Creo que yo he sido muy útil, pero en este momento quizá mi presencia en las instituciones, en concreto de la Comunidad de Madrid, podía serlo más", apunta.

Para Jacinto, Madrid es "el ojo del huracán en materia de vivienda". Es el "laboratorio" de las "políticas neoliberales". El fiasco del 4M, y la salida de Pablo Iglesias, no merman su entusiasmo. "Ayuso parece como un muro infranqueable para avanzar en derechos sociales. Pero en ningún caso hay que tirar la toalla. Las elecciones de 2023 están a la vuelta de la esquina. Y yo creo que si hacemos un buen trabajo en la institución, y damos voz a los colectivos sociales dentro de la institución, podemos llegar a esa fecha con una acumulación de fuerza mayor que permita luego avanzar en materia legislativa, que creo que es de lo que se trata".

Pero su labor en el partido va mucho más allá de esta comunidad. Con 31 años, forma parte del relevo generacional que ha acometido Podemos en su última asamblea bajo la batuta de Ione Belarra. Como secretaria estatal de Vivienda toma en cierta forma el relevo de quienes han representado hasta ahora ese salto de los movimientos sociales. En 2014, Rafael Mayoral también era "el abogado de la PAH" cuando se incorporó a la dirección de Podemos, e Irene Montero una de sus portavoces habituales en Madrid. Como Ada Colau era su rostro visible en Barcelona.

La regulación del precio de los alquileres es uno de los grandes escollos de la legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE. Implica una intervención del mercado, algo que casi se ha convertido en anatema para los socialistas, paradójicamente. De hecho, durante meses el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos no se movió de los incentivos fiscales a los grandes propietarios y la construcción de nueva vivienda social como recetas para intentar abaratar algo tan básico como la vivienda en sus negociaciones con su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Y aunque nadie quiere hablar de líneas rojas, para Podemos esto lo es. No solo porque forme parte de su ADN fundacional (la vivienda, y los alquileres, ya se mencionaban en el manifiesto Mover Ficha), sino porque está escrito en el acuerdo de gobierno. Pero no solo. El acuerdo presupuestario para las cuentas públicas de 2021 recogía expresamente que la ley debía establecer "mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los existentes". En las negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el ya exvicepresidente del Gobierno renunció a muchos aspectos (representación en el Consejo de Ministros, presupuesto para los departamentos, presencia en los llamados ministerios de Estado, el desgajamiento de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, etcétera). Pero lo que está escrito es irrenunciable. "Pacta sunt servanda", dejó dicho en el diario de Sesiones del Congreso.

"Hay unas diferencias considerables sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la regulación de precios", reconoce Jacinto. "Pero yo confío en que a base de dialogar y de hacer política, en el mejor sentido de la palabra, se conseguirá un acuerdo", añade. La diputada autonómica asume que esta regulación es "una parte de un todo". Y defiende que Unidas Podemos ya ha cedido en algunos elementos, como precisamente los incentivos fiscales a los propietarios de muchas viviendas que opten por bajar el precio de sus alquileres, pese al coste que tiene para las arcas públicas.

Experta como es en política de vivienda, señala otros elementos del borrador de la ley que negocia el Gobierno que también están sobre la mesa, como el recargo a la vivienda vacía para penalizar la especulación de los grandes tenedores o la implicación de estos propietarios empresariales en el parque de vivienda social, que el PSOE rechaza. O el papel que debe cumplir la Sareb, el llamado banco malo, y que pese a que un 45% de su capital es público, ejecuta desahucios de familias vulnerables.

Jacinto es especialmente sensible al tema de los desahucios, pues ha vivido muchos en primera persona. Los califica de "violencia económica". Recuerda uno, que causó un gran impacto en su momento, el de Amaya Egaña. Y lo enlaza con otro reciente, el de Segundo para constatar que, pese a lo que considera "avances" del Gobierno de coalición propiciados por la emergencia de la pandemia, todo sigue básicamente igual que entonces. Su intención es que, tal y como ha reclamado a España el Comité DESC de la ONU, la ley de vivienda prohíba los lanzamientos sin alternativa habitacional "adecuada". Y eso pasa por prohibirlos mientras no haya un parque público que lo garantice.

Esa "emergencia" debe ser atendida. Y Unidas Podemos se plantea "utilizar todas las herramientas" a su alcance, apunta Jacinto. Y afina: "Gubernamentales y parlamentarias". De hecho, en 2018 la PAH y el Sindicatos de Inquilinas ya presentó, de la mano de un buen número de partidos, una ley que planteaba la regulación de los alquileres. Entonces, contaba con el apoyo del PSOE. Entre los grupos que la presentaron estaban Unidas Podemos, ERC, Bildu o Compromís. Y entre los que votaron a favor el PDeCAT y los propios socialistas. Incluso el PNV, renuente, se abstuvo.

Si estos movimientos sociales vuelven a llevar al Congreso una propuesta de ley de la mano de los aliados del Gobierno de coalición se podría volver a un escenario como el de la ley trans, cuando la plataforma liderada por Mar Cambrollé planteó una norma que recibió el respaldo de todos los grupos del bloque progresista, salvo del PSOE, que se abstuvo, y el rechazo de las derechas, por lo que fue tumbada. Esa derrota fue, sin embargo, encendió a los colectivo LGTBI, y fue la antesala del reciente triunfo al aprobarse en el Consejo de Ministros la primera versión del anteproyecto.

¿Y podríamos estar ante un escenario como el de Suecia, donde las diferencias en materia de política de vivienda han hecho saltar por los aires el Gobierno de coalición? No parece, a tenor de las palabras de Jacinto. "El contexto es muy diferente", explica la diputada madrileña, quien recuerda que la política de vivienda en Europa se puso en marcha tras la II Guerra Mundial y se basa en un reconocimiento de que no puede ser un producto más de mercado: ni el suelo ni lo construido encima. "Aquí estamos muy lejos", suspira.

"Creo que al final se va a conseguir llegar a un acuerdo", apunta al final de la conversación con este medio. ¿Cuándo?: "Quiero pensar que acabaremos 2021 con una ley de vivienda".

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