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El Gobierno estudia bonificar la cotización de los becarios y que la Seguridad Social realice las gestiones administrativas

El Ejecutivo quiere que todos los estudiantes de FP y Universidad que realicen prácticas académicas externas, curriculares o no, coticen a la Seguridad Social

La CRUE, algunos empresarios y casi toda la oposición política advierten de que esta medida podría echar para atrás a muchas compañías y retraer de esta manera la oferta de prácticas para los estudiantes

Trabajo estudia ahora bonificar las cotizaciones y que la Seguridad Social se haga cargo de las gestiones administrativas, dos de los principales escollos para implementar la medida

Biblioteca de Humanidades María Moliner.

El Gobierno está dispuesto a poner de su parte en su pretensión de que todos los becarios de FP y la Universidad coticen a la Seguridad Social. Tras una reunión este miércoles entre los ministerios de Trabajo (impulsor de la medida), Universidades (afectado) y la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a bonificar la cotización para que no tenga coste ni para la empresa de destino del alumno (se calculaba en unos 50 euros por mes de práctica por ser un contrato de formación) ni para la administración educativa que lo acoge.

La Seguridad Social, por su parte, "ha manifestado su disposición" a realizar las gestiones administrativas necesarias para el alta de los becarios, según han informado la CRUE y el Ministerio de Universidades tras la cita.

Estos son dos de los principales principales problemas que los organismos afectados habían señalado a la hora de aplicar la disposición adicional quinta del Real Decreto 28/2018, que establece la citada obligatoriedad de que todos los estudiantes que realicen prácticas académicas externas coticen a la Seguridad Social a falta del desarrollo normativo que especifique quién debe pagar la cotización, si el empresario o la administración educativa ("sería un problema para los dos", admitió ayer el Ministerio de Educación) o si se bonifica el pago.

Según le comunicaron los rectores al Gobierno y opinaron también distintos responsables de centros de FP, estas dos circunstancias, el coste económico y el engorro administrativo de gestionar las altas, podían hacer que algunas empresas se echaran para atrás en su colaboración con las universidades e institutos de FP., poniendo en peligro

La intención del Gobierno con esta norma es que todos los alumnos de FP de grado Medio o grado Superior y todos los estudiantes universitarios que realizan prácticas (los becarios) sean dados de alta en la Seguridad Social. Será de aplicación para todas las prácticas, sean curriculares (y por tanto obligatorias para titular, como sucede en Magisterio) o extracurriculares, remuneradas o no. La medida afectaría a unos 720.000 becarios y un número indeterminado de universitarios (el número total de matriculados supera el millón, pero no todos realizan prácticas cada año). Solo para los de FP la recaudación estimada sería de unos 100 millones de euros al año.

Actualmente, con carácter general, las becas no remuneradas no cotizan a la seguridad social. Son las becas remuneradas las que sí cotizan, pero no lo hacen todas por igual. Si estas prácticas académicas externas son curriculares, esto es, parte de los estudios y por tanto obligatorias para obtener el título, como Magisterio, están bonificadas al 100%. Si son extracurriculares, o sea voluntarias y fuera de los planes de estudios, se paga la cotización.

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, no parece haber caído demasiado bien tampoco en el Ministerio de Educación. La ministra del ramo, Isabel Celaá, echó ayer balones fuera durante una comparecencia ad hoc en el Congreso. Celaá vino a explicar que era cosa de Trabajo, que ella no podía ofrecer más información acerca de quién iba a pagar las cotizaciones y que, si la cotización suponía un problema para la oferta de prácticas, "mostraría en contra".

Casi toda la oposición se mostró en contra de esta medida, excepto Unidos Podemos, que la ve necesaria para fortalecer la seguridad y cobertura de los becarios en centros ajenos. El PP y Ciudadanos acusaron al Ejecutivo de tener afán recaudatorio (que Trabajo niega ahora con su propuesta de estudiar bonificar las cotizaciones) y de querer maquillar las (decrecientes) cifras de afiliación a la Seguridad Social. ERC, PNV y el PDeCat no rechazaron la medida per se, pero sí advirtieron de ese posible efecto colateral de la bajada de oferta de prácticas.

Trabajo ha anunciado que tendrá listo un primer desarrollo de la normativa que especificará los pormenores de la norma y a finales de febrero habrá otra reunión.

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