Argentinos con discapacidades dicen 'no' a los ajustes en ayudas oficiales

La colectividad de personas con discapacidad y los profesionales que los atienden se manifestaron este martes en Buenos Aires para decir 'no' a los ajustes en ayudas oficiales que padecen, que vulneran sus derechos y los exponen a servicios cada vez más precarios.

“No al ajuste en discapacidad” y “Nosotros también votamos” son algunos de los emblemas que se podían leer en la tradicional Plaza de Mayo en manos de personas con limitaciones, familiares de estos y organizaciones que les prestan servicios.

“Las organizaciones estamos preocupadas porque vemos que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y los programas de atención a las personas con discapacidad vienen sufriendo recortes día a día”, expresó el presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), Daniel Ramos, organismo suscrito al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El 12,9 % de los argentinos padece una “dificultad o una limitación permanente” (DLP), lo que se traduce en unos 5 millones de personas, mientras que un 32 % de la población está en situación de pobreza.

Entre los reclamos, el colectivo demandó “una respuesta inmediata a las personas (con discapacidad) en situación de pobreza, una solución urgente para beneficiarios del Programa Incluir Salud -que es necesario para que las personas sin ingresos con DLP tengan acceso a una cobertura de Salud-, no a la quita injustificada de pensiones, pago de los servicios brindados, adecuación de aranceles y trabajo para las personas con discapacidad”.

Actualmente, “hay unos 100.000 trámites de pensiones que están demorados esperando una resolución”, recalcó Ramos.

“Si la atención a personas con discapacidad es considerada un gasto, entonces se intenta hacer un recorte”, declaró el titular del centro bonaerense de día “Un lugar”, Nestor Lipani.

Lipani aseguró que en los 34 años de historia que tiene el centro “siempre” han tenido que “pelear” para que el Estado les pagara a tiempo y ajustara los aranceles (contraprestación por sus servicios) a la inflación, pero hace dos años “la situación se ha puesto más difícil”.

La inflación acumulada en los siete primeros meses del año alcanzó el 25,1 % y la tasa interanual de julio registró un 54,4 %.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esta precarización no llegue a las personas asistidas”, aseguró el titular del centro de día, que observó, al igual que sus compañeros de sector, un retraso de los pagos por parte del Estado de entre 5 y 6 meses y un desfase de “no menos” del 30 % en los aranceles.

Argentina está comprometida con el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su legislatura también contempla una serie de prestaciones básicas que los manifestantes reclaman que no se desatiendan y el Estado los garantice.

“Falta mucho para que la sociedad tome conciencia que la discapacidad existe”, añadió la presidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas Con Discapacidad Intelectual (Fendin), Julieta Blayer.

“Cualquier persona con discapacidad, ya sea física o mental, que deje de ser atendida tiene un retroceso en sus logros”, aseveró Blayer.