Bruselas propone endurecer las condiciones para conseguir la etiqueta de coche ecológico
Tras ceder ante los gobiernos sobre los nuevos límites de contaminación permitidos a los coches, la Comisión Europea planea que los fabricantes tengan más difícil estampar la etiqueta de ecológico a sus unidades. La nueva reglamentación sobre certificados redactada por Bruselas, y explicada por la comisaria de Industria, Elżbieta Bieńkowska, en una carta, pretende que los centros de pruebas de emisiones ya no sean financiados directamente por las marcas –como hasta ahora– y que los socios comunitarios tengan la obligación de vigilar y, en su caso, retirar modelos que, una vez en el mercado, dejen de cumplir con la normativa.
El certificado verde (por ejemplo la norma Euro6) es concedido por agencias nacionales basándose en los test de emisiones y consumos llevados a cabo por un servicio técnico. Las nuevas reglas descritas por la CE, cuya presentación está prevista para este miércoles según informaba el portal italiano Eunews, establecen que los fabricantes no puedan “pagar directamente” a los servicios técnicos “para reforzar su independencia”. También quiere que los organismos estatales que emiten los certificados se sometan a “revisiones de expertos”.
Dudas sobre la independencia
Las medidas ideadas desde Bruselas han evidenciado el control que los fabricantes ejercían sobre el proceso: las pruebas se realizaban en laboratorios sobre unidades específicamente preparadas. La constatación de que dichos test no reflejaban la contaminación real que lanzaban los coches en la carretera –cuya cúspide ha sido el escándalo Volkswagen– obligó a modificar el tipo de pruebas. Los laboratorios se financiaban mediante las mismas empresas, lo que ha obligado a “cambiar el sistema de remuneración”, según recoge el escrito de Bienkowska.
La explicación escrita de la comisaria, dirigida a un parlamentario del Grupo Popular Europeo, revela que la Comisión Europea apunta hacia las fábricas. Quiere que los gobiernos tengan la obligación de examinar los modelos “que estén circulando por nuestras carreteras”. Una revisión de coches que ya cuenten con certificación en lo que denomina “sistema efectivo de supervisión del mercado”.
Unido a esto, quiere que gracias a la supervisión los estados deban “retirar del mercado” los coches que “no cumplan con la normativa en caso de riesgo de daño al medio ambiente”. Esa competencia se extendería, según el borrador, “a la Comisión” que tendría que ser informada por los gobiernos acerca de los resultados de la supervisión de sus mercados automovilísticos. Bruselas pide que se legisle de manera que el Ejecutivo comunitario pueda imponer multas tanto a los servicios técnicos que hagan la vista gorda con los coches como a las marcas que no cumplan con las normas medioambientales.
“Cuchillo entre los dientes”
El control de emisiones contaminantes de los coches ha enfrentado a la CE con los países productores. España estuvo entre los que se opuso frontalmente a los nuevos umbrales de dióxido de nitrógeno permitidos en las pruebas de “circulación real” a los que se someterán los modelos. Se impuso el criterio de los países con plantas de fabricación. “También protestará con el cuchillo entre los dientes por esta regulación”, cuentan a eldiario.es desde Bruselas.
La organización T&E, que denunció el fraude de Volkswagen, considera que “aunque buena, la propuesta debería profundizar: tendría que haber un número de revisiones obligatorias de modelos en el mercado cada año y la Comisión debería poder suspender a la agencias nacionales para romper el vínculo entre fabricantes y gobiernos”.
