El Consejo del Poder Judicial en funciones pone en marcha su informe sobre la nueva ley del aborto

La ministra de Igualdad, Irene Montero este lunes en La Moncloa

Alberto Pozas


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El Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de tres años, ha puesto en marcha su informe sobre la reforma de la Ley del Aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad. Según ha sabido elDiario.es, este miércoles la comisión permanente de este organismo ha designado a las vocales Roser Bach y María Ángeles Carmona como ponentes del informe sobre una norma que regula la objeción de conciencia y los abortos en menores de entre 16 y 17 años sin consentimiento de los progenitores. Ambas vocales ya informaron sobre la fallida reforma que le costó el puesto de ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón en 2014.

La nueva ley del aborto devuelve el derecho a interrumpir el embarazo sin permiso paterno desde los 16 años

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La nueva reforma de la Ley del Aborto, vigente de 2010 y a día de hoy pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional, fue anunciada por la ministra Irene Montero el pasado mes de mayo. Un proyecto, dijo Moncloa, que se basaba en la norma vigente de hace 12 años, que “ya construyó unos pilares sólidos para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Su principal novedad era revertir la única reforma que hizo el PP un año después del fracaso de Gallardón: las menores de entre 16 y 17 años, así como también las mujeres con alguna discapacidad, podrían ahora abortar sin el consentimiento de sus progenitores o tutores legales.

La norma sobre la que tendrá que informar el CGPJ también regula, entre otras cosas, la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los profesionales sanitarios en caso de negarse a participar en la interrupción de un embarazo. Quedará eliminado también el periodo de tres días de 'reflexión', la información previa obligatoria y se introduce el derecho a una incapacidad temporal durante el tiempo de recuperación después de un aborto.

La combinación del mandato caducado del actual Consejo con el intento fallido del Partido Popular de volver a la ley de los años ochenta facilita que las dos vocales que van a elaborar este informe ya se hayan pronunciado sobre el aborto. Fue en 2014 cuando el órgano de gobierno de los jueces se partió por la mitad para informar sobre la reforma de Gallardón que finalmente no salió adelante y que terminó con el ministro de Justicia fuera de la política. María Ángeles Carmona formó parte del bloque mayoritario que firmó un informe crítico con algunos defectos de la Ley, mientras que Roser Bach firmó un voto particular que apostaba directamente por retirar ese anteproyecto con duras críticas a su contenido.

María Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, órgano interno del CGPJ encargado de todo el trabajo relacionado con la violencia machista en su vertiente judicial. Desde su puesto no ha tenido que pronunciarse sobre la legislación del aborto pero sí, por ejemplo, criticando con dureza el bulo de las denuncias falsas masivas de violencia machista o rechazando que se equipare la violencia que sufren las mujeres con el concepto de violencia intrafamiliar.

Hace ocho años, cuando el Consejo tuvo que informar sobre la norma fallida de Gallardón, Carmona formó parte del grupo de 10 vocales que sacó adelante el informe menos crítico con el proyecto del Partido Popular. Ese informe criticó, por ejemplo, los “conceptos indeterminados e imprecisos” que introdujo sobre los supuestos despenalizados del aborto. También que el PP vinculara el aborto en caso de malformación incompatible con la vida con la salud psíquica de la mujer.

La reforma legal era distinta a la que ahora tendrá que estudiar pero también se refería a asuntos que vuelven en la nueva norma, como la objeción de conciencia o los derechos de las menores de entre 16 y 18 años. Sobre el primer aspecto, la objeción de conciencia de los sanitarios, el informe firmado por Carmona recomendaba garantizar que los centros públicos y privados tuvieran “personal sanitario y facultativos cualificados al efecto que no ejerzan ese derecho” para garantizar que una mujer no tenga que cambiar de hospital porque todos los médicos se nieguen a practicar el aborto. “Parece lógico que si un centro ha sido autorizado para realizar intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo se le exija que cuente con personal capacitado al efecto y dispuesto a su realización”, zanjaba.

Ese informe mayoritario firmado por una de las nuevas ponentes no ponía grandes pegas a que las menores de entre 16 y 18 años estuvieran obligadas a contar con el consentimiento de los tutores legales para embarazar. Pero sí invitaba a respetar en todo momento la decisión de la menor y a que, en caso de diferencia de criterio con los progenitores, existiera la figura de un “defensor judicial” y desterrar por completo la intervención de “otros interesados”. “No es sólo su voluntad lo que está en juego, sino sobre todo su propia vida y su salud, incluso su supervivencia”, dijo el informe más benevolente con la reforma fallida de Gallardón.

“Anula el control por las mujeres de su vida reproductiva”

Roser Bach, magistrada de Barcelona, formó parte del grupo de siete vocales disidentes que firmaron un voto particular contrario que supuso una enmienda a la totalidad del proyecto con el que el Partido Popular pretendía volver al sistema de supuestos de 1985, dejando atrás el de plazos establecido en 2010 por el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas, anacrónicas y retrógradas en la materia”, decía ese informe suscrito por Bach y otros seis vocales. El documento apuntaba a la inseguridad jurídica de la norma de Gallardón, entendía que la Ley vigente de 2010 situaba a España en el marco internacional de la regulación del aborto y acusaba a los autores de la fallida reforma de “desconocer la evolución de la sociedad española”, aportando directamente por retirar el anteproyecto de la circulación en toda su extensión.

En los últimos meses, estas dos vocales también han votado a favor del informe sobre la Ley Trans que no ponía pegas al fondo de la norma pero sí recomendaba que sólo los mayores de edad pudieran solicitar la rectificación de la mención registral relativa al sexo. Ese informe, del que fue ponente Carmona y que contó con el voto favorable de Bach, proponía extender hasta los 18 años el trámite de la jurisdicción voluntaria y la aprobación judicial para que un menor demuestre la madurez necesaria para afrontar ese cambio.

Serán estas dos vocales las que elaboren de forma conjunta un informe para que el pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en pleno sobre la reforma de la Ley del Aborto que propone la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, si no se activa el trámite de urgencia, el informe debe estar listo “en el plazo improrrogable de treinta días” prorrogables de manera excepcional. Son unos plazos que, por la sobrecarga de trabajo del gabinete técnico y la gran cantidad de informes en marcha, rara vez suele cumplirse.

El encargo para elaborar este informe llega en un momento convulso de la relación entre el actual ejecutivo y el actual CGPJ, con el mandato caducado desde hace tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular a negociar la renovación, perpetuando la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces. Convulso porque la reciente propuesta del PSOE para reformar la Ley y facilitar el desbloqueo del nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional tampoco ha gustado en las filas conservadoras del CGPJ, que han pedido que el asunto sea estudiado en pleno para poder informar.

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