Un informe de la ONU acusa a la industria alimentaria de minusvalorar los daños de los plaguicidas

Un informe realizado por dos relatores de Naciones Unidas acusa a la agroindustria de utilizar “tácticas agresivas y poco éticas” a la hora de promover el uso de plaguicidas y de “negar sistemáticamente la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas”. Esta es una de las muchas conclusiones que se pueden leer en el documento presentado en la 34ª reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Suiza el pasado 7 de marzo.

Los autores reconocen que los plaguicidas han contribuido mantener la producción agrícola, pero aseguran que “ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente”. Según el informe estos productos “se han promovido de manera agresiva” y “generan preocupación a nivel mundial en lo concerniente a los derechos humanos”.

El documento califica “el modelo agrícola dominante”, basado en el uso de plaguicidas, como “sumamente problemático”, no solo por el daño que causan los productos utilizados, dado que según algunas estimaciones se producen hasta 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, sino también por “los efectos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”.

En este sentido, los relatores atacan “el argumento promovido por la industria agroquímica” que asegura que los plaguicidas son necesarios para mantener la seguridad alimentaria, afirmando que “no solo es inexacto, sino que además resulta peligrosamente engañoso”.

El informe, realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver y el Relator Especial sobre productos tóxicos Baskut Tuncak, asegura que “hay suficientes alimentos para alimentar a la población mundial” y que el mayor obstáculo para el acceso a esos alimentos “son los sistemas no equitativos de producción y distribución”.

Por último, el informe asegura que “el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición a estos productos químicos tóxicos es abandonar la agricultura industrial”, orientando la producción hacia la agroecología.

Un informe “sensacionalista” según la industria

La contundencia del informe ha provocado reacciones diversas desde distintos estamentos. Desde la asociación CropLife International, que reúne a los principales fabricantes de plaguicidas a nivel mundial, entre los que se encuentran los tres grandes conglomerados del sector: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont, han criticado el documento, asegurando que está plagado de afirmaciones “infundadas y sensacionalistas”.

Will Surman, director de comunicación de esta organización, ha asegurado a eldiario.es que sin los actuales plaguicidas los agricultores podrían perder hasta el 80% de sus cosechas y que una limitación arbitraria de estos productos “repercutirá en el suministro de alimentos, aumentando sus precios y haciendo más difícil el derecho de todos los ciudadanos a acceder a alimentos asequibles”.

Sin embargo, la Coordinadora Internacional de la a Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), Medha Chandra, se mostrado en total desacuerdo con la posición de esta institución y ha asegurado a eldiario.es que “la afirmación de que los pesticidas son esenciales para alimentar al mundo no es más que un mito propagado por la industria”. Según Chandra, “el análisis más completo de la agricultura mundial hasta la fecha nos dice que lo que está alimentando al mundo hoy en día es la agricultura a pequeña escala, que no depende de los pesticidas”.

Desde esta ONG, cuyo objetivo es la reducción del uso de plaguicidas a nivel mundial, se han mostrado muy favorables al informe y a través de un comunicado han afirmado que apoyan “sin reservas” las recomendaciones de los relatores e “instan a la comunidad internacional a que comience rápidamente el proceso de negociación de un nuevo tratado”, dado que los mecanismos que se encuentran actualmente en vigor “no han logrado una reducción significativa de los envenenamientos por plaguicidas”.

Por su parte, Surman ha asegurado que si los plaguicidas “se usan de manera responsable y de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta, no deben representar ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente” y ha insistido en que desde su institución “apoyan  el trabajo de los reguladores gubernamentales para revisar y controlar el uso de plaguicidas, con el objetivo de identificar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y tomar medidas apropiadas para restringir o eliminar los productos que supongan algún riesgo”.

Lagunas legales

Aún así, el informe señala la ausencia de mecanismos que permitan aplicar la actual legislación con más rigor y critica duramente “la autocomplacencia de los Gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente”.

Según Elver y Tuncak, “no faltan leyes nacionales e internacionales”, sin embargo, éstas “no están logrando proteger a los seres humanos y el medio ambiente”, ya que “presentan lagunas en materia de aplicación, cumplimiento y cobertura”, con lo que no logran aplicar de manera efectiva el principio de precaución, ni ponen freno a muchas prácticas comerciales a nivel internacional.

A pesar de la existencia de un Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas creado por la ONU, el informe hace especial hincapié en la falta de instrumentos eficaces para hacer frente al carácter transfronterizo del mercado mundial, criticando “la práctica generalizada, y a menudo permitida por ley, de exportar plaguicidas altamente peligrosos a terceros países”.

Los relatores ponen como ejemplo el caso del paraquat, un plaguicida prohibido en muchos países europeos, pero que se sigue distribuyendo desde Suiza a países fuera de la UE. Igualmente, destacan también como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU “restringe, pero no prohíbe, la exportación a terceros países de plaguicidas no aprobados o no registrados”.

Para intentar terminar con estas prácticas, los relatores aseguran que hay que establecer mecanismos que impidan este “doble rasero” que se aplica a distintos países y que “perjudica particularmente a los países con sistemas regulatorios más débiles”.