El PP ataca a la PAH justo antes de presentar enmiendas a la ILP sobre desahucios

Entrega de firmas para tramitar la ILP contra los desahucios (EFE)

No ha sido solo un exceso verbal de Cristina Cifuentes en una entrevista de radio. Su acusación de "proetarras" a los activistas de la PAH y su empeño de vincular a su cara más visible, Ada Colau, "a Bildu y a Sortu", ha podido achacarse a un error hasta que este martes el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha reforzado este argumentario remarcando que la PAH "ha coqueteado en el pasado, e incluso en la actualidad", con "organizaciones próximas al terrorismo".

La excusa de Cifuentes para criminalizar a la PAH

La excusa de Cifuentes para criminalizar a la PAH

Y más. El presidente del PP Vasco, Antonio Basagoiti, ha manifestado que el escrache está hecho "de manera calcadita a como lo hacían los del mundo de ETA".

Cifuentes justificaba su acusación por el apoyo de un pequeño grupo de Stop Desahucios a una marcha en Bilbao a favor del acercamiento de presos al País Vasco. Sin embargo, tal y como relató ayer a eldiario.es Marta Uriarte, fundadora de ese grupo, los integrantes de 'Stop Desahucios Bizkaia' no pertenecen a la PAH. Cifuentes matizaba sus declaraciones poco después, retirando implícitamente su acusación sobre Ada Colau y centrándose en el nodo de Bilbao.

Pero las acusaciones de Basagoiti no habla de Stop Desahucios, habla del escrache. Y Rafael Hernando tampoco habla solo de un apoyo a esta u otra manifestación, sino del "acoso a los diputados" de forma "absolutamente intolerable, llegando a marcar las cosas, a perseguir a la gente por la calle", ha dicho Hernando. "Cualquier tipo de violencia es intolerable", ha comentado antes de vincular los escraches con que "en su día había gente que justificaba la violencia" en "la izquierda radical".

El PP y el resto de grupos presentan sus enmiendas

El PP y el resto de grupos presentan sus enmiendasToda esta subida de tono contra la PAH, en reacción a su campaña de escrache, coincide con un plazo que entre tanto ruido mediático, está pasando algo desapercibido: este martes ha terminado en el Congreso el plazo para presentar enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular registrada con el respaldo de casi millón y medio de firmas. Es decir, los partidos deciden si aceptan la propuesta tal y como viene de la PAH o en qué quieren transformarla. Luego esas propuestas se someterán, a partir del 2 de abril, a las distintas fases del debate parlamentario.

El PP presentará enmiendas que no van a satisfacer el espíritu de la ILP, que traza tres grandes líneas rojas: pide dación en pago retroactiva, pide un programa masivo de alquiler social y pide que se detengan todos los desahucios hasta que cambien las leyes. En nombre de la "seguridad jurídica", los populares no van a acceder a ninguna de las tres, especialmente la más simbólica, la que establecería la devolución del dinero pagado por los desahuciados desde que fueron expulsados de su casa.

El grupo popular sí que tendrá que hacer algún gesto con enmiendas en línea con la última sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que tachaba de abusivas las cláusulas permitidas por la ley hipotecaria española y acusaba al Estado de no proteger a sus consumidores en materia de vivienda. Además, el Gobierno ha impulsado su propia reforma de la Ley Hipotecaria, que tiene más probabilidades de llegar al destino final de la tramitación parlamentaria que ninguna versión de esta ILP.

El escrache de la PAH estaba programado, y anunciado hace casi un mes, precisamente para forzar el voto a favor de la ILP tal y como está firmada por el millón y medio de personas; la cascada de polémica iniciada este lunes por Cristina Cifuentes ha desviado parte de la atención mediática y Ada Colau tendrá esta semana que criticar las enmiendas populares sobre la ILP mientras niega hasta la saciedad cualquier vinculación con ETA.

Rajoy desde Oslo: "Si todos actuáramos así, el país sería invivible"

Mariano Rajoy ha sido preguntado por este asunto durante su comparecencia con el presidente francés François Hollande. Sin autorizar ni desautorizar a Cifuentes, Rajoy ha argumentado que "no es democrático ni propio de un país serio que se intimide a la gente, que se empapelen sus casas. Hay que respetar a los demás. Si todos actuáramos así, el país sería invivible. Me parece antidemocrático". Sobre la tramitación de la ILP sobre los desahucos, "somos conscientes del problema que hay", ha dicho Rajoy. "Este Gobierno es el primer y único que ha tomado decisiones en esta materia. Hay que conciliar la situación difícil de la gente con las normas que nos hemos dado entre todos y que han permitido que muchas personas hayan tenido créditos y vivienda en propiedad", ha asegurado el presidente del Gobierno.

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Publicado el
26 de marzo de 2013 - 18:14 h

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