¿Hasta cuándo?
Este lunes las carreras judicial y fiscal estamos llamadas a celebrar una nueva jornada de huelga para poner de manifiesto a la sociedad española la situación de abandono y dejadez en la que se encuentra nuestra Administración de Justicia. En junio de 2017 las asociaciones judiciales presentamos públicamente un documento con catorce propuestas para la mejora de la Justicia dirigidas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial, sin que a fecha de hoy ninguna se haya materializado. No se trata de una huelga –al menos para Juezas y Jueces para la Democracia- contra el actual equipo ministerial. Somos conscientes que en cinco meses no se pueden dar soluciones a los múltiples y graves problemas que presenta la Justicia española. Y en lo que concierne al Consejo General del Poder Judicial este se encuentra finalizando su mandato.
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una preocupante pérdida de prestigio de las instituciones judiciales cuyo punto de inflexión ha sido la desastrosa gestión del asunto del pago del impuesto en las hipotecas y la designación del próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial por las dos principales fuerzas políticas. A lo que debemos añadir que el actual modelo del órgano de gobierno de la Judicatura ni siquiera es percibido por los jueces y juezas provisto de los mecanismos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva, según una encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos. Y lo que es peor, los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en nuestro país han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.
Por eso, pedimos reforzar la independencia judicial con un órgano de gobierno situado fuera de la lógica de los partidos.
Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80 por 100 de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Es imprescindible un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo. No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.
A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.
Para lo cual, las asociaciones demandamos la modernización de la Administración de Justicia.
Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces y juezas, con bajos salarios, en permanente incertidumbre sobre cual será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de “sustitución y refuerzo” claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.
Y es por lo cual, reclamamos una mejora de las condiciones profesionales de los jueces y juezas.
Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa.
En definitiva, es necesario un pacto de estado de la Justicia que la sustraiga de los vaivenes políticos y contribuya a recuperar la necesaria confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.
