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El Banco de España ataca otra vez

No deja de resultar revelador que el dedo acusador del Banco de España señale siempre en la misma dirección: los pensionistas y las pensiones

La pensión media en España apenas roza los mil euros, lo que explica que, incluso en los escenarios más catastróficos, España nunca llegará a invertir en pensiones lo que hoy dedican Alemania o Italia

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Manifestación por las pensiones, este sábado en Madrid

Manifestación de pensionistas en Madrid OLMO CALVO

En plena ofensiva de todos los guardianes de la ortodoxia económica, desatados en tromba para avisarnos del negro futuro que aguarda y las previsiones aún más siniestras que provocaría un gobierno de izquierdas en España, no podía faltar el Banco de España. Si algo ha caracterizado, de siempre, a nuestra autoridad monetaria ha sido su absoluta disponibilidad para traicionar su carácter neutral como institución económica, comprometida con el interés general, para usarlo como disfraz que oculte su partidismo en la defensa de una visión del mundo y un orden económico que responde a la más rancia obcecación ideológica.

Las pensiones públicas han constituido desde siempre uno de los botines más preciados por los piratas de lo público. Ya en los noventa, el Banco Mundial señaló a los sistemas públicos de pensiones como el mayor obstáculo para el crecimiento de los mercados financieros internacionales. Los cargos rescatados de nuevo por el Banco de España son conocidos: el sistema no resulta sostenible porque su déficit ya alcanza al 1,5% del PIB y, en términos demográficos, lo peor aún está por llegar, el importe de las pensiones resulta excesivo y debe recortarse y complementarse con ahorro privado y se debe retrasar la edad de jubilación porque ahora vivimos más.

Siendo cierto que nuestro sistema necesita reformas, que el descuadre entre ingresos y gastos debe ser corregido y que debemos cambiar nuestra concepción de la vida laboral a los tiempos modernos, no deja de resultar revelador que el dedo acusador
del Banco de España señale siempre en la misma dirección: los pensionistas y las pensiones.

Tampoco parece casual que, faltando a su deber de informar y analizar los datos de manera neutral, se le olvide consignar que España es uno de los pocos países de Europa donde todas las pensiones, contributivas o no, se financian con cargo a las contribuciones sociales sin recibir ni un euro de la caja de los impuestos. O que todas las proyecciones catastrofistas terminan precisamente en los años cuando comenzará a revertirse la tendencia y entrarán más contribuyentes que pensionistas. O que los planes de pensiones privados sólo han generado beneficios para los bancos y ha resultado un mal negocio para los ciudadanos. O que ha bajado el importe medio de las últimas pensiones asumidas por el sistema. O que la pensión media en España apenas roza los mil euros lo que explica que, incluso en los escenarios más catastróficos, España nunca llegará a invertir en pensiones lo que hoy dedican Alemania o Italia. Por no hablar del sinsentido que esconde reclamar prologar la edad laboral en un mercado lastrado por la precariedad y la expulsión de los trabajadores más veteranos y caros para exprimir a los más jóvenes y baratos.

Tenemos un problema de gasto, pero parece manejable con las adecuadas reformas de gestión. El problema de ingresos, en cambio, se antoja mucho más complejo. No se puede arreglar sin políticas y decisiones políticas que implican cambiar la fiscalidad y reforzar su progresividad, mejorar su capacidad recaudatoria en las gigantescas bolsas de elusión fiscal que capan nuestra economía o acabar con las opciones de salida, donde las rentas medias y bajas financian a la vez el sistema de pensiones común y los privilegios fiscales de las rentas más altas al margen del sistema.

Afrontar el problema de los ingresos también exigiría que el Banco de España hiciera, por una vez, su trabajo. Además de alimentar el debate público con todos los análisis y enfoques, no únicamente aquellos sesgados por su sectarismo ideológico, el Banco de España debería ocuparse en exigirle a la banca cómo nos devuelve -en empleos, en crédito accesible, en valor social-, no sólo los más de 50.000 millones que se resigna a no recuperar, sino los más de doscientos mil millones de euros recibidos en ayudas directas, beneficios fiscales actuales o diferidos, avales, compras y esquemas de protección de activos o ayudas a la liquidez.

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