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Estado de excepción permanente

La propuesta de Aznar, secundada por Casado y Rivera, que no es más que la "declaración de un estado de excepción permanente e indefinido" en Catalunya, es una manera de resolver la tensión

A partir del momento en que se ponga en práctica esa "intervención total y sin límite de tiempo", la tensión desaparece. De momento desaparece. Después ya se verá, pero de momento desaparece

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Pablo Casado y José María Aznar

Esta es la propuesta que hizo explícitamente José María Aznar en el día de ayer. Implícitamente es la que viene haciendo desde hace bastante tiempo. Propuesta que coincide con la reclamación permanente por parte de Albert Rivera y Pablo Casado de activación de manera inmediata del artículo 155 de la Constitución (CE). (Por cierto, sería preciso que el Tribunal Constitucional resolviera los dos recursos que se interpusieron contra la aplicación del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy, a fin de que quedaran despejadas las dudas de constitucionalidad que en dichos recursos se planteaban y que pudiéramos saber con la mayor precisión posible qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el 155 CE).

Pero abandonemos el terreno jurídico y centrémonos en el político, que es en el que habrá que encontrar una respuesta a la forma de integración de Catalunya dentro del Estado. Está claro que la fórmula de integración diseñada en la Constitución y desarrollada a través del Estatuto de Autonomía, el de 1980 en primer lugar y el de 2006 después, revisado por la STC 31/2010,  sigue estando vigente desde un punto de vista formal, pero no resulta aceptable en su aplicación ni para la mayor parte de la sociedad catalana ni para los partidos de la derecha española, PP, Ciudadanos y VOX, que representan una parte minoritaria en Catalunya, pero mayoritaria en lo que a este asunto se refiere, fuera de ella.

Nos encontramos ante un supuesto de tensión entre la norma jurídica y la realidad social. La norma, el bloque de la Constitucionalidad integrado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía dice una cosa. La interpretación que de esa norma se hace por parte de los distintos actores que intervienen en el proceso político de aplicación de la misma son irreconciliables. Y la autoridad del árbitro, el Tribunal Constitucional, es reconocida por algunos de los actores, pero no por otros.

Esta es la realidad, complicada toda vía más por la inminencia de la apertura de un juicio en el Tribunal Supremo por delito de rebelión contra exconsellers del Govern, la expresidenta del Parlament, los presidentes de ANC y OMNIUM y algunos otros políticos nacionalistas catalanes.

No cabe duda de que la propuesta de José María Aznar, secundada por Pablo Casado y Albert Rivera, que no es más que la “declaración de un estado de excepción permanente e indefinido” en Catalunya, es una manera de resolver la tensión. A partir del momento en que se ponga en práctica esa “intervención total y sin límite de tiempo”, la tensión desaparece. De momento desaparece. Después ya se verá, pero de momento desaparece. Habrá una norma jurídica, la que apruebe el Senado por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno en aplicación del 155 CE y esa norma jurídica será interpretada y aplicada unilateral y discrecionalmente por el Gobierno de la Nación hasta el momento  que considere oportuno.

Esta es la propuesta que está encima de la mesa y que exige para poder aplicarla desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. El pasado miércoles Pablo Casado lo dejó dicho en el Pleno del Congreso de los Diputados. Convoque elecciones para que nosotros podamos hacer lo que ustedes no se atreven a hacer.

Este va a ser el eje en torno al cual va a girar la vida política española en el futuro inmediato. Nadie puede desconocer los términos en que se va a producir el enfrentamiento. Desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa e imponer un "estado de excepción permanente e indefinido" en Catalunya  es la propuesta de la derecha española menos extrema, ya que la de la más extrema, es la supresión pura y simple del reconocimiento del derecho a la autonomía con carácter general en todo el Estado, que es la propuesta de VOX.

Los interrogantes se imponen: ¿Es posible que tras una “intervención total y sin límite de tiempo” en Catalunya se pueda continuar ejerciendo el derecho a la autonomía en el resto del Estado como se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos casi cuarenta años? ¿No afecta la supresión permanente e indefinida del ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya al ejercicio de tal derecho en el resto de España? ¿Es posible que, en el supuesto de que el anterior interrogante tuviera una respuesta afirmativa, se pudiera volver a ejercer en Catalunya el derecho a la autonomía de una manera que fuera "recognoscible" como tal tras la "intervención total y sin límite de tiempo"? ¿No sería esa estrategia de Aznar, Casado y Rivera el caballo de Troya para que se acabe imponiendo la estrategia de Abascal?

A todos estos interrogantes va a tener que dar respuesta la sociedad española. Toda la sociedad española. Los tres partidos de la derecha española los han puesto encima de la mesa y nadie puede no sentirse interpelado por ellos, porque tienen fuerza suficiente para exigir una respuesta. No son los demás partidos políticos los que están siendo interpelados por PP, Ciudadanos y VOX. Somos todos los ciudadanos españoles. Porque es la forma de Estado de la Democracia española lo que está en juego.

Cada ciudadano tendrá que mirarse a sí mismo y decidir en conciencia.

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